En el transcurso de la próxima semana la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría tendrán que presentar los planes que se van a adoptar para recuperar los recursos del sistema de salud que se han dilapidado o robado en los últimos cinco años.
De esta manera los órganos de control tendrán que atender el ultimátum emitido por la Corte Constitucional en el marco del cumplimiento de la sentencia T-760 de 2008 y los seguimientos a la misma.
El alto tribunal ha manifestado que es necesario presentar un plan que controle el desangre del sistema de salud originado por la corrupción administrativa, para así lograr una sostenibilidad financiera de dichos recursos públicos.
"Los entes de control deben ejercer la facultad de inspección y vigilancia en un momento anterior a la salida de esos recursos de las arcas del Estado, para hacer un seguimiento minucioso a su destinación y ejercer un acompañamiento permanente, conminado a custodiar el erario de las posibles malversaciones o dilapidaciones de las que pueda ser objeto", precisa uno de los apartes del fallo.
Y es que para la Corporación, tanto la Fiscalía como la Procuraduría deben tomar cartas en el asunto en el marco de las investigaciones penales y disciplinarias, respectivamente, sobre el dinero que ha sido malversado de los fondos de la salud y cuyo valor podría ascender a los 8 billones de pesos.
En este sentido se indica que los dos órganos deben identificar e individualizar a las personas que han usado dichos recursos públicos de una manera equivocada, provocando un detrimento en las arcas del Estado. (Ver Llamado de atención de la Corte al Gobierno por fallas en sistema de recobros de salud)
En el caso de la Contraloría General se indica que tiene que entregar resultados sobre los malos manejos de los recursos de la salud tanto como en el régimen subsidiado como en el contributivo, por lo que se debe ejecutar un plan para recuperarlos en un tiempo prudencial.
En los fallos de seguimiento se establece que en un año las regiones pueden recibir cerca de 1,5 billones de pesos para la salud, sin embargo, según las cuentas, más de un 95 por ciento de estos recursos son utilizados de manera incorrecta.
"No existe justificación alguna para que se sigan inyectando recursos al sistema, cuando claramente nos encontramos ante un saco roto, que sin la debida y necesaria actuación de los organismos de regulación, control y vigilancia tendrán un destino similar a los dineros ya malversados", señala la Corte.
Igualmente se le dio un plazo de seis meses al Ministerio de Salud para que adopte medidas para garantizar el acceso a la salud a todos los colombianos, evitando los traumatismos en la prestación del servicio.
Para el alto tribunal se deben adelantar investigaciones tendientes a evidenciar estructura demográfica de la población, perfil epidemiológico y principales enfermedades.