Una talanquera menos para la entrega de tierras

El alto tribunal declaró inconstitucional una medida que hacía más lentos los procesos para la recuperación de baldíos.

Colombia es uno de los países más desiguales del mundo en lo que a tenencia de la tierra se refiere. Por ello el debate alrededor de la distribución de la tierra ha sido neurálgico. Muestra de ello, por ejemplo, que este haya sido uno de los primeros temas en ser tratados en la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Por ello, igualmente, la importancia de un reciente fallo en el que la Corte Constitucional declaró inconstitucional una medida que ralentizaba los procesos para la recuperación de baldíos, que luego suelen ser entregados a familias campesinas de escasos recursos o a perjudicados por el desplazamiento forzado.

Un fallo que, valga la aclaración, se demoró tres años en salir y que estuvo rodeado de controversia, debido a que quien fuera el ponente en un primer momento, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, tuvo que apartarse de la discusión tras ser recusado porque podía verse beneficiado de la decisión que se tomara. El caso quedó entonces en manos del magistrado Alberto Rojas Ríos.

Aunque el texto de la sentencia no ha sido divulgado aún, El Espectador pudo conocer los pormenores de esta discusión, tras la cual se decidió declarar inexequible una norma que limitaba el alcance de las decisiones tomadas por el Incoder en relación con los procesos de clarificación, deslinde, recuperación de baldíos y extinción de dominio. Una decisión que beneficia tanto al Gobierno, como a los millones de campesinos víctimas de la violencia y a la espera de un predio.

La norma señalaba que los actos administrativos emitidos para poner fin a estos procesos no podían ser inscritos en la Oficina de Instrumentos Públicos correspondiente si había una demanda de revisión en su contra y que, entonces, el funcionario tenía que esperar hasta que el Consejo de Estado definiera de fondo la mencionada demanda, para poder realizar la inscripción. Esto, con el objetivo de permitirles a otras personas demandar el acto administrativo, en virtud de posibles afectaciones en su contra. Por lo que, en sentido estricto, el proceso quedaba suspendido.

Con el agravante de que la norma no le puso plazos al Consejo de Estado, dejando abierta la puerta a una espera interminable para el Estado, calculada, por el alto tribunal, hasta de ocho años. Al ser consultados por la Corte Constitucional, tanto el Ministerio de Agricultura como el Incoder le pidieron al alto tribunal que tumbara esa norma. El Incoder, por ejemplo, dijo que era “totalmente excesiva, desproporcionada y contraria a la igualdad la consecuencia de que la simple presentación y/o admisión formal de la demanda, suspenda de manera general, automática y sin que medie pronunciamiento judicial expreso, los efectos de los procesos agrarios ya referidos”.

La Corte les dio la razón con siete votos a favor y dos en contra (el del magistrado Luis Guillermo Guerrero y el del conjuez Enrique Gil Botero). El alto tribunal consideró que la medida, aunque legítima, era desproporcionada y que si lo que el Congreso buscaba era proteger a los posibles afectados por la norma, tenía otras herramientas para ello, que no implicaran la suspensión automática del proceso, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Dijo, igualmente, que medidas como esta limitaban al Estado a la hora de recuperar baldíos, para luego entregárselos a los campesinos.

Puntualmente: que medidas como esta dificultaban la implementación de políticas para la dignificación de la vida de los trabajadores del campo, debido a que terminaban siendo una talanquera para la asignación de bienes obtenidos a través de los procesos de recuperación de baldíos, una herramienta que, para el alto tribunal, es clave para lograr mejorar la vida de los campesinos de bajos recursos. En resumen: que esta medida sacrificaba la ejecución de la política agraria. Y que era desproporcionado someter al Estado y, sobre todo, a los campesinos a una espera que podía ser injusta.

Este fallo es de vital importancia tanto si se llega a un acuerdo con las Farc como si no. No es la primera vez que la Corte Constitucional ordena medidas en relación con los baldíos. Precisamente, el Gobierno prepara un decreto para saber cuántos baldíos hay, con base en un fallo de este alto tribunal. La Corte se ha referido, igualmente, a la prohibición de acumular baldíos.

Todos estos pronunciamientos han tenido un objetivo claro: que el Estado sepa cuántos baldíos tiene y que, en virtud de un proceso de redistribución de la tierra, estos bienes terminen en manos de quienes tienen derecho a ellos: los campesinos de bajos recursos, afectados, desde tiempos inmemoriales, por el olvido estatal, la barbarie de los grupos armados ilegales y la pobreza.