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La Unidad Nacional de Protección (UNP) iniciará acciones penales y civiles en contra del periodista Yesid Toro, quien el pasado viernes reconoció haber sido el autor de un panfleto “firmado” por la banda criminal de 'Los Urabeños' en el cual se le declaraba como “objetivo militar”, hecho que llevó a la entidad a continuar y aumentar las medidas de protección y seguridad que tenía.
Según informó la entidad, los costos causados por la conducta del comunicador, que no solo se autoamenazó sino que hizo lo mismo con otros colegas en Cali, ascienden a más de 114 millones de pesos. Al rechazar tajantemente la actitud del periodista, el Director de la UNP anunció que suspenderá las medidas de protección que tenía y calificó las amenazas como un “acto irresponsable” que afectó la vida y la tranquilidad de los otros periodistas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se sumó a las voces de rechazo en contra del acto Toro, aunque no desconoció que este hubiese sido víctima de amenazas previamente.
Ante las justificaciones del periodista, que indicó que con estos actos buscaba “el pago de unos dineros que me adeudaba el Programa de Protección y la prórroga del esquema de seguridad que me había brindado el Estado, al cual he renunciado esta misma tarde”, la FLIP indicó que consideraba "que las justificaciones dadas por Toro, aunque no son suficientes, dejan en evidencia dificultades del programa de protección a periodistas.
La ineficiencia administrativa por parte de las entidades públicas permite que en muchos casos se lleven a cabo malas prácticas que, como en el caso de lo hecho por Toro, pueden constituir delitos. Precisamente, la FLIP indicó en su informe anual de 2013, publicado en 2014, que el proceso de asignación de medidas a Toro tuvo dificultades y retrasos constantes. Posteriormente, el periodista manifestó a la FLIP en dos ocasiones que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no había hecho desembolsos por el concepto de subsidios de transporte", señaló la entidad en un comunicado.
los procesos de los siete colegas afectados por las supuestas amenazas serán revaluados por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (CERREM), facultado legalmente para analizar estos casos.