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El partido político de la Unión Patriótica, que lleva consigo una historia de exterminio cuando casi todos sus dirigentes fueron amenazados en la década de los ochenta, hoy enfrenta una nueva amenaza, esta vez atribuible a la banda criminal los ‘Rastrojos’.
Esta organización empezó a difundir desde el sábado un panfleto en el que amenaza de muerte y le pone precio a la vida de los principales dirigentes de la Unión Patriótica y de Marcha Patriótica como Aída Abella y Piedad Córdoba.
“Ya nos dieron la orden explícita y perentoria para neutralizar a los candidatos de la unión patriótica al senado y cámara en todo el país, que hoy están en campaña y especialmente por la cabeza de Aida Abella y Omer Calderón, Carlos Lozano y Jaime Caicedo. Por ellos primero, por estos personaje el comando que de baja hay una recompensa asta de$50 millones” (sic), señala el panfleto.
El movimiento político Marcha Patriótica también es mencionado en la amenaza –aunque se refieren a él como parcha patriótica– y acusado de andar “agitando a los campesinos a paros agrarios impidiendo el buen funcionamiento de los programas de Gobierno”. A renglón seguido ofrecen una recompensa $35 millones por Piedad Córdoba, David Flórez Gil, Carlos Lozano, Carlos García, Nidian Quintero, Luis Betancur, Everto Días y Javier Cuadros.
“Ya está la orden para empezar el plan pistola nos informó que algunos de ellos andan sin protección del estado y nos dio las coordenadas de su itinerario diario bueno esperamos tener los mayores resultados en el primer semestre del 2014 se van del país o los acabamos” (sic), concluye el panfleto.
Por su parte, las autoridades se encuentran tratando de establecer la procedencia y autenticidad de los panfletos. Además, el ministro del Interior Aurelio Iragorri rechazó cualquier tipo de amenaza o estigmatización a integrantes de partidos políticos. El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora también pidió a la Fiscalía y a la Policía investigar los alcances de esta misiva.
La Policía ya inició una exhaustiva investigación con el fin de establecer la procedencia y autenticidad de los panfletos amenazantes que circulan en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Santander.