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La decisión se incluyó en la sentencia condenatoria proferida contra Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, excomandante del bloque Mineros de las autodefensas. Uribe, quien fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997, ha sido relacionado en el expediente por cuenta de varios testimonios, según los cuales un helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de Antioquia, adscrito a la Gobernación, estuvo en el lugar de los hechos.
El 25 de octubre de 1997, paramilitares llegaron al corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango (Antioquia), y asesinaron al menos a diez personas en la plaza principal. Más tarde secuestraron a un grupo de pobladores y los obligaron a trasladar el ganado propiedad de los campesinos hasta el vecino municipio de Caucasia. Esos hechos produjeron el desplazamiento forzado de al menos 300 personas. Días después, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció que militares de la IV Brigada, con sede en Medellín, habían participado en la matanza.
El entonces gobernador Uribe lo declaró “enemigo” de la Fuerza Pública y el Ejército lo denunció por injuria y calumnia. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Valle, asesinado en 1998, y reconoció la responsabilidad del Estado en las masacres de El Aro y La Granja. En la sentencia quedó consignado que “cuando llegó un helicóptero (a la zona) los paramilitares dijeron que el pasajero era Carlos Castaño, quien se dirigió a la inspección de Policía y habló con los que allí se encontraban”. Asimismo, que los ‘paras’ actuaron de manera conjunta con miembros de las Fuerzas Armadas en el robo del ganado y el desplazamiento de las familias.
El expresidente Uribe, por su parte, declaró que en este caso existen “acusaciones de falsos testigos” y que esos señalamientos “fueron desvirtuados por el CTI hace bastante tiempo”. Además, que “el Servicio Aéreo de Salud, autónomo y profesional, ha explicado sus labores y recorridos” en distintas oportunidades.