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“Esta será la Fiscalía de la institucionalidad y la paz”. De esta manera el recién posesionado Fiscal General, Néstor Humberto Martínez aseguró que tomará decisiones de fondo dirigidas a combatir los actos de corrupción en el país y fortalecer las acciones dirigidas a presentar los informes al Tribunal Especial para la Paz que será el encargado de investigar y juzgar a los guerrilleros de las Farc que se sometan al acuerdo final en el marco del actual proceso de paz.
Martínez Neira indicó que una de sus principales labores será evitar que los desmovilizados del dicho grupo guerrillero “honren el principio de la no repetición”, hecho por el cual los que incurran nuevamente en actividades delincuenciales se enfrentarán a un proceso penal. “La Fiscalía tiene en el posconflicto el deber constitucional de reprimir cualquier comportamiento delictuoso, en nombre de la sociedad lo haremos con entereza, no permitiremos que los beneficios convivan con el delito”.
Aseguró que para “alcanzar la paz” se pondrá en vigencia la unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales “no dejaremos que ellas levanten su mano contra los gestores de paz. Sobre estas organizaciones recaerá todo el peso de la ley. Su neutralización o su sometimiento son las únicas alternativas a futuro”. El nuevo jefe del ente investigador señaló que se fortalecerán los operativos contra estas estructuras armadas.
En su extensa intervención en la Presidencia de la República, el jurista aseguró que su principal lucha será contra los actos que atenten contra la administración pública, reseñando que existen muchos casos en Colombia que se quedan sin castigo por las fallas en la investigación. Agregó que no se puede permitir que los procesados por estos hechos salgan en libertad con su patrimonio intacto.
Sin hacer mención a ningún caso en específico, el nuevo jefe del ente acusador considera que existen antecedentes que no dejan bien paradas el actuar de la administración de justicia en este tipo de situaciones. “La corrupción está socavando los cimientos de nuestra sociedad”, precisó al hacer referencia a un reciente informe que señala que estos actos afectan el 4% del Productor Interno Bruto (PIB) del país.
El exministro de la presidencia aseguró que ya está demostrado que la estigmatización para este tipo de hechos es insuficiente, puesto que sus responsables no se sonrojan y siguen en su actividad ilegal, afectando así el patrimonio de todos los colombianos. “La lucha contra la corrupción debe terminar en penas privativas de la libertad en centro carcelario, en un término consecuente al daño causado”.
“La dimensión de este mi público compromiso lo asumo sin agenda personal, todos los sectores y todos los colombianos encontrarán en la Fiscalía una justicia que actuará con ecuanimidad, sin miramientos políticos, y sin pasiones en el alma. Mi dedicación a la causa de la justicia será absoluta, y se hará en un ambiente de austeridad absoluta, los recursos disponibles se invertirán exclusivamente en tecnología y más fiscales e investigadores”, concluyó.