El próximo martes comenzará el encuentro “Latinoamérica hace memoria: aportes de los sitios de memoria para la no repetición”, organizado por el Centro de Memoria Histórica. En éste, 50 expertos de 10 países hablarán sobre verdad, memoria y justicia en el marco de conflictos o procesos violentos, un común denominador en el pasado de una región que también apuesta por el conocimiento de su historia.
Valeria Barbuto, representante argentina, habló con este diario sobre su experiencia como directora de Memoria Abierta, una agrupación de organizaciones argentinas de derechos humanos.
¿Cómo establecer la verdad a partir de tantas versiones sobre un mismo conflicto, como las hay en Colombia, en donde a veces las víctimas también son victimarios y viceversa?
Me parece lo más complejo el caso colombiano. De todas formas, como organismos de derechos humanos, nosotros nos atamos a lo que dicen las normas y los acuerdos que explican qué es un crimen de lesa humanidad o una violación a derechos humanos. Y en ese sentido no se puede hacer una diferencia sobre quién lo produce; el hecho es un crimen de lesa humanidad, una violación a los derechos humanos o no lo es.
Colombia sigue en conflicto y las Farc no son el único victimario. ¿Cómo hacer memoria y revisar el pasado en medio del conflicto?
Ese es uno de los desafíos del proceso colombiano. La experiencia latinoamericana, en términos de herramientas como justicia transicional o reparaciones, deberían ser puestas en práctica, porque llevarían a una definición institucional y a un acuerdo.
¿Qué papel juega la experiencia de otros países en la búsqueda de verdad en Colombia?
Ninguno de ellos está solo en esto. Las redes de solidaridad entre víctimas, por ejemplo, y organismos de derechos humanos son históricas. Lo otro es que la generalidad del tema de violaciones a los DD.HH. y crímenes de lesa humanidad hace que tengamos que hacer el esfuerzo de tener estándares o principios mínimos que respeten la situación local pero que sean mínimos para todo el mundo.
¿Qué estándares mínimos son relevantes?
La consulta y la participación de las víctimas, la conservación de sitios, y la necesidad de tener programas educativos que promuevan las expresiones vinculadas a memoria. Y también la reparación simbólica y económica, y las garantías de no repetición. Son estándares que deben estar en la norma y la práctica.
A los jefes paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz en Colombia les dieron penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de unos requerimientos, entre estos, que contaran la verdad. ¿Cómo se les explica a las víctimas que grandes victimarios estén en libertad?
No quiero ni hablar ni juzgar el caso colombiano, porque cada país adelanta el proceso político y social que le parece más correcto. En Argentina, en general, tenemos penas mucho más altas y por la edad de los perpetradores es difícil que al salir vayan a reinsertarse. La posibilidad de convivir en los mismos espacios con las víctimas es muy complicada, entiendo a los familiares y sobrevivientes cuando no pueden aceptar la convivencia con ellos. Si eso lleva a la paz en Colombia, ya es una decisión más institucional.
La discusión sería qué tanta justicia se puede negociar a cambio de la verdad y la paz.
Claro, nosotros tuvimos un cambio de régimen diferente pero en los primeros años, con la discusión sobre a quién juzgar y a quién no. Tanto organismos de derechos humanos, como víctimas y sobrevivientes, nunca aceptaron ponerle límites a la justicia, incluso bajo presiones que llevaron a sublevaciones militares en los primeros años de los 80. El gobierno de ese momento decidió no llevarlos a los estrados judiciales para frenarlos y además no entregaron ninguna información en ese momento. O sea, fue un pacto de impunidad mucho peor. Pero insisto, no teníamos un proceso de paz.
¿Cómo definir la verdad en estos marcos de conflicto?
Por un lado, hablando sobre la verdad de lo sucedido, de lo que sufrió la sociedad entera, y de cuáles fueron los métodos. Y por otro lado, sobre la verdad institucionalizada, que también es una obligación de nuestros estados con las víctimas.
¿Entonces puede haber una verdad, una sola?
Hay posibilidad de debatir y lo mejor que les puede pasar a nuestros países es que el debate sobre lo sucedido nunca cese, porque en ese momento empezamos a olvidar.
¿Cómo le puede transformar la vida a una víctima, por ejemplo, conocer la verdad sobre su hijo desaparecido o su hermano asesinado?
La verdad es central para recomponer la vida. Para que esa persona o comunidad pueda rearmar lo que otros le quitaron.
El conflicto en Colombia lleva alrededor de 50 años ¿Por todo ese tiempo transcurrido considera posible que tengamos que renunciar a alguna parte de la verdad?
No, para nada. En Argentina hay un consenso de que el terrorismo de Estado comienza en 1972 y el proceso de justicia comenzó en 2001, muchos años después. En Alemania, por ejemplo, se sigue discutiendo el tema del nazismo, siguen habiendo juicios. El paso del tiempo lo que hace es más difícil encontrar la información pero no hace que debas renunciar a encontrarla.
En términos de verdad y memoria, ¿qué tiene Argentina para enseñarle a Colombia?
Que la obtención de la verdad es un objetivo inclaudicable e innegociable; que a partir de la verdad, muchas cosas empiezan a tener otro sentido; y que tiene que venir con otras medidas, como la construcción de memoria o la búsqueda de justicia. Que nuestros pasados son la piedra angular para pensar en esa valoración de la democracia.