Víctimas de Pueblo Bello, sin acceso a salud

De los 43 desaparecidos de Pueblo Bello solo se econtraron e identificaron seis cuerpos. / Luis Ángel.

Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en México, lamentablemente, tienen mucho en común con los de Pueblo Bello (Turbo, Antioquia) en enero de 1990. Además de que coincide la cifra de víctimas, ambos hechos sucedieron en circunstancias que aún no se esclarecen y bajo el estigma de ser cercanos a grupos armados. Sin embargo, la tragedia colombiana, al ocurrir hace 27 años –la desaparición masiva más grande en el país–, no pudo tener la mediatización que los 43 de Ayotzinapa ha suscitado. Por eso, durante un poco más de un cuarto de siglo, 12 familiares de la masacre paramilitar de Pueblo Bello han muerto esperando no a que su gente reaparezca, sino a que les cuenten lo que realmente pasó y que puedan encontrar los restos de sus seres queridos para sepultarlos. Ha pasado mucho tiempo, aseguran.

María de la Cruz Ramos, madre de Miguel Antonio Pérez Ramos, una de las víctimas de la masacre paramilitar, murió esperando. Ocurrió el 20 de marzo pasado. Ella, que tenía problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, problemas pulmonares y una isquemia cerebral, sufrió un paro cardiaco el 19 de marzo. Ella fue conducida por sus familiares al hospital San Diego de Cereté (Córdoba) y fue atendida a las 7:00 p.m., cuando los médicos decidieron trasladarla al hospital San Jerónimo de Montería. “La EPS Comfacor pidió una ambulancia, pero tardó mucho en llegar. Cuando llegó, ya venía con poco suministro de oxígeno para mi mamá. Durante el trayecto ella sufrió convulsiones y finalmente, momentos antes de llegar al hospital –en la madrugada– murió a los 74 años”, le contó a El Espectador Aída Pérez Ramos, hija de María de la Cruz.

Alejandro Malambo, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y representante de las víctimas de la masacre de Pueblo Bello ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), le contó a este diario que lo grave de esta situación es que cuando el Tribunal Interamericano condenó en 2006 al Estado por la desaparición de los 43 habitantes de Pueblo Bello, le pidió que, dentro de la reparación integral a los familiares de las víctimas, les brindara asistencia médica física y psicosocial, “gratuita, con un enfoque diferencial, por el tiempo necesario y de carácter prioritario”. Sin embargo, Malambo manifestó que las EPS son negligentes en el tratamiento de los familiares y las secretarías de Salud y la Superintendencia no vigilan que esto se cumpla. “Una cadena de errores” es como catalogó la situación el abogado de la CCJ.

La Corte IDH culpó al Estado colombiano en su momento por crear una situación de riesgo para la población de Pueblo Bello al no tomar las medidas oportunas y eficaces para desactivar los grupos paramilitares que operaban en el Urabá antioqueño. Además, el tribunal interamericano también responsabilizó al Estado porque faltó a su deber de garantizar los derechos de acceso a la justicia a los familiares de las víctimas. “En 2009 el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, vino a pedir perdón por lo que sucedió aquí. Prometieron un monumento en memoria de las víctimas, pero hasta ahora no han cumplido. A mi madre, después de que mi hermano desapareció, los propios paramilitares le contaron que ya lo habían asesinado. Le quitaron de raíz la esperanza de volverlo a ver”, asegura Aída Pérez.

El corregimiento antioqueño fue el que pagó por las 42 cabezas de ganado que a finales de 1989 la guerrilla le robó al jefe paramilitar Fidel Castaño. La información que llegó a oídos del hermano mayor del clan Castaño señaló que cuando los subversivos huían con las reses, pasaron por Pueblo Bello. El desaparecido jefe paramilitar consideró a los habitantes del caserío cómplices. Así se lo hizo saber a Los Tangueros, su escuadrón de muerte compuesto por cerca de 60 hombres fuertemente armados, entrenados y denominados de esta manera en “honor” a la finca Las Tangas, en la que Fidel Castaño conformó este escuadrón paramilitar. “Después de 27 años no entiendo por qué desaparecieron a mi hermano, él solo tenía 16 años. Ya se fue mi madre y no pudimos darle cristiana sepultura a mi hermano”, aseguró Aída Pérez.

La familia de María de la Cruz Ramos interpuso una acción de tutela el 14 de febrero de 2017 ante un juzgado de Cereté para que se diera amparo a su derecho fundamental a la salud. En compañía de la CCJ, la familia había solicitado que se declarara un incidente de desacato ante el mismo juzgado una semana antes de que ella falleciera. “En diciembre de 2016 la CCJ le envió al Ministerio de Salud un oficio sobre otros 26 casos de salud prioritarios de familiares de víctimas de la masacre de Pueblo Bello que no han recibido una atención integral. Es decir, que los daños de salud están a punto de consumarse. Entre esos se relacionó el caso de María de la Cruz”, aseguró Malambo.

Por su parte, la CCJ esperó a que el Ministerio de Salud activara la ruta concertada entre las entidades públicas y los representantes legales de las víctimas para el reportar los casos prioritarios en salud, mientras esa misma cartera ministerial diseñaba programas dirigidos para atender medidas de rehabilitación en salud para los familiares de las víctimas, como en su momento fueron dictadas en la sentencia de la Corte IDH. Según la CCJ, lamentablemente el Ministerio nunca lo hizo. El Espectador se comunicó con el Ministerio de Salud y la EPS Comfacor, pero al cierre de esta edición no habían dado respuestas sobre la situación.

Al no recibir respuesta, el 28 de febrero de 2017 la CCJ, junto con otras dos organizaciones representantes de víctimas, le informó a la Corte IDH la situación y le pidió que supervisara el cumplimiento de las medidas de tratamiento médico y psicológico ordenadas. Asimismo, se reiteró que no existía un plan en salud integral para el tratamiento de las diferentes enfermedades y condiciones médicas mencionadas y que tampoco había un suministro oportuno de medicamentos. Por eso la CCJ, aseguró Malambo, está trabajando con el Gobierno para darles una atención especial a las víctimas del conflicto, pero que apenas, es solo un borrador. “La ley 100 de Salud es insuficiente para atender a las víctimas. Ellos requieren un régimen especial y esperemos que esté andando durante la implementación del Acuerdo de Paz”, puntualizó Malambo.

Pueblo Bello no es un caso aislado

Diez años después de que los hombres al mando del exjefe paramilitar Jorge 40, asesinaran a 66 personas en El Salado, la Corte Constitucional tuteló los derechos de cuatro mujeres víctimas de violaciones a los derechos humanos en el corregimiento bolivarense, que a causa de las masacres perpetradas por los paramilitares de 1997 y 2000, vieron afectadas su salud mental y física. “Esta sentencia marcó un hito para la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto, porque fue el primer pronunciamiento de la Corte sobre el derecho a la salud integral en función de la obligación en cabeza del Estado de brindarles atención psicosocial, psiquiátrica y médica a las víctimas del conflicto”, aseguró Malambo.

En 2009 el Ministerio de Salud le solicitó a la Corte IDH que recogiera las nueve sentencias en Colombia en las cuales el tribunal interamericano pidió medidas de tratamiento médico y psicológico, con el fin de hacer más efectivo el control de las mismas. Dentro de ese paquete para que fueran vigiladas entraron las sentencias sobre los asesinatos de Escué Zapata, Manuel Cepeda Vargas, Jesús María Valle y los 19 comerciantes de Puerto Boyacá; las masacres de la Rochela, Mapiripán, Ituango y Pueblo Bello; y el caso de tortura de Wilson Gutierrez. “Recuerdo que uno de los familiares de la masacre de la Rochela murió por un cancer que no fue tratado oportunamente. Y así ha ocurrido en los nueve casos, los familiares mueren y no pasa nada”, puntualizó Malambo.