Víctimas, eje central de la audiencia sobre criterios de priorización en la JEP

La Fiscalía le entregó a la JEP tres informes sobre el conflicto armado en el país. / Mauricio Alvarado - El Espectador

El tema de las víctimas fue uno de los ejes centrales en la audiencia pública que se busca definir los criterios y la metodología de priorización de los casos que atenderá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A la cita de este miércoles asistieron entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad la Convivencia y la no Repetición, la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alberto Brunori. (Le sugerimos: Las lecciones de Justicia y Paz para la priorización de casos en la JEP)

Allí se discutió un borrador del proyecto presentado por la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad, que se encargará de recibir y analizar la información aportada por las entidades estatales y las organizaciones de víctimas. En ese proyecto, por ejemplo, se tendrá en cuenta las características de la vulnerabilidad de la víctima, como su origen étnico, identidad de género, edad, condición de discapacidad y de pobreza, entre otros aspectos. Igualmente, y de acuerdo con el borrador, se considerará la gravedad de los hechos, la magnitud de la victimización y la representatividad de los hechos que serán priorizados.

“Establecer esos criterios de priorización implica compartir especialmente con las víctimas, con las organizaciones de víctimas, con las organizaciones de derechos humanos, con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, con las mujeres y con la población en condición de discapacidad que han vivido de manera más directa y cruenta las consecuencias de este conflicto armado”, explicó Patricia Linares, presidenta de la JEP.

Juan Carlos Ospina, integrante de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que se debe tener en cuenta la disponibilidad de la información y la necesidad de realizar una investigación adecuada de las conductas y de los responsables. “La priorización no solo conlleva a que la JEP conozca los casos que cuenten con más información, sino que adelante las gestiones necesarias para conseguir la información relevante en aquellos casos donde no se cuente con suficiente”, explicó Ospina.

Linda Cabrera, quien pertenece a la Red Nacional de Mujeres, manifestó que en la priorización se debe tener en cuenta el enfoque de género como un elemento fundamental: “los crímenes de género se cometen a partir de unas modalidades específicas que no pueden competir con el nivel probatorio ni con nivel de responsabilidad que se puede demostrar en otras violaciones a los derechos humanos”. 

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Por su parte, María Camila Moreno, del Centro Internacional para la Justicia Transicional (Ictj), sostuvo que es necesaria la labor pedagógica con las víctimas y la sociedad, pues contribuirá a la comprensión del valor que tendrá para la justicia las responsabilidades y sanciones de sujetos que mantuvieron latente el conflicto armado. “Se trata de explicitar y ser transparentes en los resultados de una política que, por más esfuerzos que se hagan, tendrá resultados limitados”, manifestó Moreno. En ese mismo sentido opinó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por desaparecidas, quien consideró que la pedagogía en las víctimas será parte importante en la priorización.

En su intervención el alto comisionado de las Naciones Unidas, Alberto Brunori, propuso establecer mecanismos de participación de las víctimas en los procesos de enjuiciamiento que realizará la JEP. “Que las víctimas sean el centro de la justicia”, dijo en su cuenta personal de Twitter. Entre tanto, Jorge Enrique Calero, vicedefensor del Pueblo, explicó que los criterios que se determinen para priorizar expedientes se constituirán como un elemento fundamental para que las víctimas se sientan amparadas por ese sistema de justicia transicional.

Además de las entidades y organizaciones antes mencionadas, también intervinieron Colombia Diversa, la Comisión Colombiana de Juristas, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (Cnoa), el Colectivo de abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Rosa Blanca, la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Ruta Pacífica de las Mujeres, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, Reiniciar, entre otras organizaciones. (En contexto: Julieta Lemaitre: “Identificaremos los hechos más graves del conflicto”)

Asimismo, participó la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad Surcolombiana, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad Santo Tomas y la Universidad Externado. “Es muy importante el acompañamiento de la Academia en todos estos procesos de construcción colectiva”, explicó la magistrada de Sala de Reconcomiendo, Belkis Izquierdo. Los expertos y las organizaciones sociales y de víctimas tendrán la palabra hasta el viernes sobre la propuesta de la JEP para priorizar los casos más representativos del conflicto y hacer una agenda de priorización para el próximo año.