Nunca, en los 24 años de historia de la Defensoría del Pueblo, había renunciado un defensor del Pueblo. Jorge Armando Otálora se convirtió esta semana en el primero en dimitir de su cargo en medio de un escándalo de acoso sexual y laboral que denunció su exsecretaria privada, Astrid Helena Cristancho. Todo salió a la luz pública en una columna de Daniel Coronell en la revista Semana el pasado domingo. Lo inédito de esta situación ha hecho que el futuro de su predecesor no esté del todo claro.
Por un lado, el artículo 183 de la Constitución reglamenta que: ante la ausencia definitiva o renuncia del defensor del Pueblo, el Presidente de la República deberá nombrar un Defensor provisional. Nombramiento que durará mientras la Cámara de Representantes escoge a una de las personas que conformen la terna que deberá presentar el Presidente. Vale la pena recordar que las hojas de vida que revisará la Presidencia tendrán las mismas condiciones de exigencias que las que portan los magistrados de las Altas Cortes.
Aunque las normas están claras, hay diversas opiniones sobre el futuro de la Defensoría del Pueblo. Por un lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque, le explicó a este diario que en cuanto empiece la sesión extraordinaria del Congreso, programada para el 16 de febrero, comenzarán la elección del Defensor que cumplirá el periodo de Otálora. Según Deluque, el presidente tendrá que presentar dos ternas: la primera en febrero, y la segunda en julio.
Sin embargo, el representante del Polo Democrático, Germán Navas, dijo que consideraba que en este caso se debía aplicar la misma regla que estableció el Consejo de Estado en abril de 2013. En esa oportunidad, el alto tribunal definió que el periodo de la Fiscalía era personal y no institucional, y por lo tanto el fiscal Eduardo Montealegre –quien fue elegido en marzo de 2012 cuando se anuló la elección de Viviam Morales– estaría al frente de la entidad hasta marzo de 2016 y no hasta 2014, cuando finalizaba el periodo de Morales.
En otras palabras, para el representante Navas es claro que de la terna que presentará el Presidente saldrá el Defensor que estará en la oficina que esta semana dejó Otálora hasta 2020. “Lo importante de quien llegué a la oficina que defiende a los colombianos, es que sea una persona comprometida con contribuir al posible escenario de posconflicto que estamos esperando”, agregó el presidente Deluque. Por su parte, Navas declaró que el perfil adecuado para el cargo sería el de un abogado letrado en la jurisprudencia y no tan cercano al Gobierno.
De las hojas de vida que desde ya están sonando para reemplazar a Jorge Armando Otálora, están: Guillermo Rivera Flórez, quien actualmente es el Consejero Presidencial para los Derechos Humanos; Miguel Samper, exviceministro de Política Criminal; y Andrés Santamaría, presidente de la Federación Nacional de Personeros. Este último es el único que ya empezó su campaña con los Representantes. Por ahora, la Defensoría está en manos de Alfonso Cajiao, quien asumió el cargo de vicedefensor el pasado martes.