Volverá el prófugo de Interbolsa

Dos semanas después de que Intepol expidiera circular roja en su contra, la Unidad de Crimen Organizado de España capturó, en la Plaza Colón de Madrid, al empresario Víctor Maldonado para que responda ante la justicia colombiana por el desfalco a cerca de 1.250 personas que invirtieron su dinero en el Fondo Premium a través de Interbolsa. La salida de Maldonado del país se conoció el pasado 24 de febrero, justo cuando la Fiscalía se aprestaba a imputarle cargos por concierto para delinquir, estafa, manipulación fraudulenta de especie, captación masiva y habitual de dinero y no reintegro de dineros captados del público. Desde entonces, se especuló que había viajado a Estados Unidos y más tarde se supo que estaba radicado en España.

 

Ese mismo día, los familiares del empresario informaron que habían acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la supuesta violación de sus garantías procesales en instancias administrativas y judiciales. De manera particular, señalaron que la intervención emprendida por la Superintendencia de Sociedades contra algunas de las empresas de Maldonado, tales como Helados Modernos de Colombia, Malta y Las Tres Palmas, era irregular y había significado su “muerte civil”. Además, que “la decisión de judicializarlo, imputándole la comisión de delitos que no ha cometido y solicitando una medida de aseguramiento, tiene como objetivo agravar su situación jurídica”.

 

Otra cosa ha concluido la Fiscalía. Para el ente acusador, Maldonado es uno de los principales beneficiarios del millonario desfalco del que fueron víctimas los inversionistas de Interbolsa. Según han podido establecer los investigadores, el empresario adquirió varios créditos a través de las firmas Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil, que recibían esos dineros de compañías fachadas propiedad de los también procesados Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, fundadores de Premium y cerebros de las presuntas operaciones ilegales.

 

El Fondo Premium obtenía los dineros de los inversionistas gracias a un contrato de corresponsalía que firmó con Interbolsa en 2002. Según las autoridades, los tres empresarios se aliaron para orquestar una compleja operación financiera que tenía un único objetivo: capitalizar sus empresas con los recursos de los clientes de la comisionista de bolsa. En pocas palabras, engañaron a las personas, que creían que su dinero estaba siendo invertido en el exterior.

 

Por cuenta de esta estafa, que ronda los $350.000 millones, la Fiscalía ya les imputó cargos a Ortiz y Jaramillo, quienes aceptaron su responsabilidad y negocian un principio de oportunidad. Las víctimas, por su parte, esperan que se haga efectiva la venta de los activos de las 28 compañías vinculadas al Fondo Premium que ordenó liquidar la Superintendencia en febrero pasado. Una decisión que tomó la entidad luego de que fracasaran las negociaciones entre los afectados y los polémicos empresarios, porque los primeros consideraron “indignantes” las propuestas de Ortiz, Jaramillo y Maldonado. De aceptarlas, habrían perdido el 55% del dinero invertido.

 

Por ahora, Ortiz y Jaramillo pasan sus días recluidos en la cárcel. Sólo queda esperar a que España acepte la solicitud de extradición que presentará Colombia y envíe a Víctor Maldonado al país. Mientras tanto, su familia mueve sus fichas en la Comisión Interamericana para demostrar que se le están violando los derechos fundamentales e intentan recuperar una fortuna que, al parecer, creció gracias a las irregularidades de Interbolsa. La Fiscalía ya tiene preparada la imputación de cargos y lo más probable es que pida la medida de aseguramiento, argumentando que hay posibilidad de fuga.