La voz de las víctimas en La Habana

Mantener la política de género y el sistema de verdad acordado entre Gobierno y Farc son dos de las ocho propuestas planteadas por 66 voceros de los afectados por el conflicto.

Camilo Umaña, hijo del abogado de derechos humanos Eduardo Umaña, lideró esta iniciativa con reuniones y llamadas por Skype.   / AFP
Camilo Umaña, hijo del abogado de derechos humanos Eduardo Umaña, lideró esta iniciativa con reuniones y llamadas por Skype. / AFP

Desde que se iniciaron los diálogos de paz en La Habana, en 2012, los delegados, tanto del Gobierno como de la guerrilla, han reiterado que el eje central de esas conversaciones son las víctimas. En ellas debían pensar en cada discusión de los seis puntos negociados y, en cumplimiento de dicho objetivo, 60 víctimas viajaron a Cuba en 2014. Ahora, dos años después, 26 de esas personas quisieron hacer una nueva contribución al proceso y, acompañadas por 40 víctimas de las que no pudieron viajar en aquella oportunidad, enviaron a los negociadores de paz de Gobierno y Farc unas propuestas que consideran inamovibles ante una posible renegociación del Acuerdo Final. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

En total, son ocho los puntos que contiene el documento que ya está en manos de Sergio Jaramillo y Pablo Catatumbo, delegados de las conversaciones que viajaron de nuevo a Cuba después de que el No ganó el plebiscito del pasado 2 de octubre. De acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, se recibieron 445 propuestas del Centro Democrático, miembros de la oposición y organizaciones sociales, y en ese periodo, explicó el mandatario, se realizó además un diálogo “provechoso” con ciudadanos, jóvenes, sindicatos, partidos políticos, alcaldes y otros sectores que promovieron el Sí y que hicieron campaña por el No. Una de las propuestas planteadas por este grupo es mantener el enfoque de género, pues, aseguran, se trata de una perspectiva básica que permite reconocer y superar las condiciones históricas de discriminación y víctimización que han vivido comunidades como la LGBT.

“Entendemos el momento histórico del país. Conforme con ello, estamos dispuestos a contribuir desde nuestra experiencia de dolor, pero también de reconstrucción y futuro para que podamos tener un país sin conflicto armado”, dice la carta firmada por las 66 víctimas, entre ellas Anahí Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, muerto en el holocausto del Palacio de Justicia en 1985; Yessika Hoyos, hija del sindicalista Jorge Darío Hoyos, asesinado en 2001, y Marleny Orjuela, prima de un subintendente secuestrado en la toma de Miraflores en 1998, entre otros.

Otra de las propuestas de este grupo de víctimas es que la Comisión de la Verdad y el Sistema de Justicia se deben mantener, preservar y conservar tal y como se planteó durante los años de conversaciones. “Esto fue un clamor de las víctimas y su propósito es poder obtener el esclarecimiento de las graves afectaciones que hemos sufrido y poder atribuir responsabilidades conforme con ello”, explican. En este mismo sentido, piden que la Comisión de la Verdad, pactada en el Acuerdo Final, no se modifique. Aseguran que la idea de que este organismo esté ligado a partidos políticos, como se ha propuesto en los últimos días, “obstaculizaría cualquier intento de conocer la verdad”.

“No hay un punto que sea más importante que otro. Lo que queremos es lograr un acuerdo integral, porque entendemos que todo debe ir integrado. No pensamos que el conflicto se vea desde una perspectiva de justicia retributiva, sino desde una perspectiva de justicia social. Esto es lo que se debe mantener”, le explicó a El Espectador Camilo Umaña, hijo del abogado de derechos humanos, Eduardo Umaña, asesinado en abril de 1998, quien además lideró las conversaciones con el grupo de víctimas para saber cuáles puntos consideraban más importantes para mantener durante este nuevo proceso.

Para las 66 víctimas que validaron las propuestas, la idea de eliminar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, para implementar la justicia ordinaria o el esquema que se ha utilizado en Justicia y Paz, sería desastroso y por eso piden que se mantenga. Aseguran que el sistema que existe hoy en día no ha respondido adecuadamente a las víctimas; tiene problemas administrativos, de recursos y, además, evidencia un “problema estructural que ha bloqueado el funcionamiento de la justicia, especialmente frente a los crímenes que involucran las estancias del poder político y económico del país”, explican los firmantes del documento.

Otra de las propuestas que plantea el documento es que las medidas humanitarias no se pueden centrar, como han propuesto sectores de la oposición, en posiciones políticas, religiosas o partidistas. “Los derechos imperativos de atención humanitaria no deben ser sometidos a decisiones de mayorías”, explican. Además, piden que se establezca un mecanismo de participación de las víctimas en los procesos de justicia “con miras a establecer las medidas restaurativas adecuadas para entender el daño y a nutrir la verdad procesal que se pueda encontrar”, dice el documento. De acuerdo con esta iniciativa, el objetivo es incluir a las personas que tienen la experiencia y han vivido el dolor de la guerra. “Después del plebiscito, se ha abierto un diálogo nacional y es obvio que las víctimas deben reafirmar sus posiciones en este momento de ajuste de los acuerdos. Lo que más nos interesa es que no se retroceda en lo que hemos avanzado”, le dijo a este diario José Antequera, hijo de José Antequera, líder de la UP asesinado en 1989, quien también firmó el documento que ya está en La Habana.

“Que se sepa la verdad en Colombia es más importante que mandar a los guerrilleros a la cárcel. Es importante que la verdad se diga. Sin eso no habrá justicia. No queremos ser un obstáculo. Con esta propuesta queremos que haya un instrumento para que las partes lleguen rápido a un acuerdo definitivo. Queremos ayudar a flexibilizar las posiciones para que el anhelo de paz esté por encima de los intereses particulares”, agregó, en diálogo con El Espectador, Ángela Giraldo, hermana de Francisco Giraldo, diputado del Valle secuestrado y asesinado por las Farc.

Para Soraya Bayuelo, víctima de las Farc y paramilitares en Montes de María, los grupos de víctimas son los que están llamados a acompañar a las iniciativas de jóvenes que en las últimas semanas se han tomado las calles del país sin violencia. “Por nuestra experiencia, tenemos toda la capacidad de trazar una nueva ruta porque no deseamos que ninguna otra familia sea testigo de la violencia que nosotros vivimos. Somos una voz y un sector legítimo, pues, finalmente, nosotros somos quienes hemos puesto los muertos y el dolor de esta guerra. Pero también somos nosotros los que animamos a la esperanza de la paz”, concluyó Bayuelo.