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Ante la Corte Constitucional el senador Jorge Robledo argumentó su postura en contra de la ley que plantea la creación de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, más comúnmente conocidas como Zidres. El senador, que interpuso una de las dos demandas contra esa legislación que hoy estudia el alto tribunal, fue el cuarto en intervenir en la audiencia pública que convocó la Corte para discutir la normativa.
Antes de él, ya tres pesos pesados del Gobierno habían intervenido a favor de la controversial ley. El Ministerio del Interior, en cabeza de Juan Fernando Cristo; el Ministerio de Ambiente, que representó el viceministro de asuntos agrupecuarios, Juan Pablo Pineda; y la vice procuradora, Martha Isabel Castañeda. Frente a ellos, Robledo aseguró que no se opone al desarrollo empresarial ni al desarrollo del campo.
El senador señaló que para él, “este es un proyecto que está cargado de una retórica anti campesina y anti pequeño empresario, cargada además de falacias. A nosotros nos han metido la idea de que los campesinos son una suerte de ineptos e inútiles que no son capaces de producir, cuando las cifras demuestran lo contrario: más de la mitad de los productos agrícolas en Colombia son producidos por economía familiar”.
Dijo, además, que el tramite de la ley en el Congreso estuvo plagados de “engaños”, que ocultó los verdaderos intereses que motivaron su tramitación. “Nos ocultaron que es una ley que en los hechos reforma en materia grave la ley de baldíos, ocultaron que despoja al campesino de sus principales derechos constitucionales. Si Zidres pasa adelante tenemos el riesgo de que todo el territorio de la alti llanura quede en manos de magnates nacionales y extranjeros”, señaló.
Robledo basó su argumento en que esta ley es tan solo un “reencauche” de los artículos del plan Nacional de Desarrollo que en 2012 la Corte Constitucional declaró inexequibles. El senador comparó el artículo 26 del Plan de Sarrollo, declarado inexequible, con el artículo 13 de la ley de Zidres, y explicó como, a pesar de las palabras cambiadas y eufemismos, la ley Zidres es “una calca” del mismo.
En palabras de Robledo “se le transfieren los baldíos a los magnates sin importar la extensión, pero con la ‘hojita de parra’ de que no es propiedad, a pesar de que se puede extender su alquiler de manera indefinida”, cosa que, en términos reales, implicaría una propiedad de hecho.
Robledo señaló además del arrendamiento a perpetuidad que contemplan las Zidres, se le podrán transferir en cualquier hectariaje, es decir, en cualquier extensión, acto que de probarse, iría en contra de la Constitución. “Despoja a los pobres de Colombia de un derecho que hoy tienen a través del fondo de tierras, que hasta la fecha solo le entregaba sus baldíos quienes demuestren ser pobres”, explicó.
“El doctor Santos se está inmortalizando en aprobar la ley de tierras mas conservadora de todos los tiempos en Colombia. La Constitución, además de decir que los baldíos que solo pueden ser de campesinos, dice claramente que esos baldíos solo pueden destinarse a la órbita de la economía familiar, cosa que cambiaría de aprobarse las Zidres”.
Sobre las asociaciones, uno de los puntos en los que hizo hincapié la defensa del ministro Juan Fernando Cristo, Robledo dijo que no era cierto que para permitir la creación de una Zidres fuera obligatorio vincular a los campesinos pobres. “Lo que dicen es que pueden suceder, y que para estimular meter pobres en el negocio pueden recibir beneficios del Estado, pero que si no lo hacen, igual no pasa nada, simplemente no lo reciben”, explicó el senador.
Según Robledo, este modelo de asociación es similar a otros que se han adelantado en el país, como Indupalma, quien tiene la jefatura de la explotación de la tierra, mientras que los riesgos los asume el socio menor, que vendrían a ser los campesinos. Dijo además que la ley no protege a los socios menores, quienes podrán demorarse tres años en hacerse propietarios, para lo que deberán tener la capacidad económica.
Añadió que en la ley se contempla que en los contrato de asociabilidad que firmen las partes, se establecerá una cláusula que obligaría a los socios menores a quedarse explotando las tierras así quieran dejar de hacerlo. “Estamos hablando de nuevas formas de servidumbre en pleno siglo XXI”, dijo Robledo. Finalmente, habló sobre el principio de la reserva de ley, respecto a lo que argumentó que pueden aprobarse este tipo de asuntos tan espinosos, con una ley tan general como la que hoy está demandada.