¿Agua o petróleo?, la pelotera por el POT de Acacías

Para explicar la importancia que tiene Acacías, al nororiente de Meta, Andrés Hernández abre un mapa repleto de puntos azules. Representan, dice, todos los nacimientos de agua que tiene ese municipio, distribuidos en las tres cuencas que lo conforman. “Como pocos, me atrevería a decir que es una de las tres regiones con más agua de Colombia. Incluso lo llaman el “Tobogán de agua” y podría convertirse en la región que suministraría ese bien a ciudades como Villavicencio. Por eso, creo que es clave proteger, al menos un área del petróleo, pues ya una buena parte del territorio está en explotación”.

Hernández es profesor asociado del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), de la U. de los Andes. El mapa que muestra en su oficina es uno de los tantos que elaboró junto con un grupo de 15 profesores de varias universidades. Los trazaron desde febrero de 2015, mientras convivían en una casa del barrio La Tisa, en Acacías, que habían arrendado para sacar adelante el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de ese municipio. Un plan que, en su mayor parte, financió Ecopetrol (aportó $800 millones de los $1.000 millones que costaba), pero cuyo resultado ha desencadenado una fuerte polémica: las conclusiones a las que llegó el grupo de geógrafos, ingenieros forestales, ingenieros civiles y arquitectos indicaron que hay que proteger más del 70 % del territorio. Y eso iría en contravía de uno de los proyectos de exploración de hidrocarburos que están dentro de los planes de la empresa. Por nombre lleva CPO-9 y tiene 19.732 hectáreas. La protección restringiría una porción de ese bloque, que en este momento está suspendido por los bajos precios del crudo.

La historia de ese documento, creado por académicos de la U. de los Andes, de la Salle, U. Nacional y de la Distrital, ha estado atravesada por varias disputas, uno que otro enredo político y judicial, y rencillas en el interior de Acacías. Desde que fue terminado en noviembre de 2015 y entregado al Concejo municipal, 23 tutelas han intentado frenarlo. Ninguna tuvo éxito ante los distintos jueces, pero lograron retrasar la votación del Concejo en 2015 hasta que hubo cambio de funcionarios y de alcalde en 2016. Por mayoría, decidieron engavetarlo.

Pero sus votos y su posición desembocaron el pasado 19 de abril en una denuncia ante la procuradora delegada para la Moralidad Pública, María Consuelo Cruz. Quien la interpuso fue el mismo presidente del Consejo Territorial de Planeación de Acacías, José del Carmen Ortiz, porque a sus ojos los funcionarios no han actuado de la manera más transparente. El motivo de la discordia es, esencialmente, el trazado que establecieron los académicos para proteger un área clave en recursos hídricos. En últimas, como dice el mismo Ortiz, el POT iba a decidir dónde se puede o no explotar petróleo.

En total, los profesores querían blindar de la actividad petrolera casi 80 mil hectáreas. Las razones eran varias: “Son ecosistemas frágiles con buena cobertura vegetal que si se interviene se deteriora. Si se talan los árboles se desliza el terreno. Si se cultiva, la tierra quedará inservible en dos años”, explica Alexánder Vaca, uno de los ingenieros forestales que participaron en el proyecto. “Es una zona de bosque andino y subandino que limita con el Parque Nacional Natural Sumapaz y que está afectada por la falla de Guaicaramo. Eso quiere decir que si se modifican, puede haber deslizamientos”, replica Alejandro Franco, ingeniero civil.

Según sus cálculos, hechos con base en mapas satelitales y con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en ese territorio hay 576 humedales y 3.655 cuerpos de agua. Todos reunidos en tres cuencas: Guayuriba, de más de 36.600 hectáreas; Guamal, que comprende cerca de 10 mil hectáreas, y Acacías-Pajure, de 17.300 hectáreas. Las dos primeras están en la zona que los profesores quieren proteger.

Por todas esas cifras es que Hernández es tajante: “Aquí, por ser una zona de recarga hídrica, se trata o de proteger el agua o abrirle paso al petróleo”. Sus estudios, dice, tuvieron en cuenta las actividades del municipio y por eso entienden que la parte baja es una zona de explotación, así esa vocación haya desplazado el ganado y la agricultura (ver infografía). En esa porción de tierra están, por ejemplo, los campos Apiay, Suria y Reforma-Libertad, el área de exploración Pachaquiaro y los campos Castilla-Chichimene. Castilla, según Ecopetrol, fue uno de los que más se destacó en 2015. En promedio produjo 122.538 barriles de petróleo por día.

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Según relatan varios de los investigadores que participaron en el proceso de elaboración de ese documento, los habitantes de Acacías, con esos nuevos trazados, se enfrentan a uno de los dilemas que genera el crudo. Algunos, cuentan, están a favor de explotar y otros asumen una posición radical respecto a la protección del ambiente. Lo que querían, dice Hernández, era buscar una solución salomónica, pero con base en argumentos técnicos. “Y esos análisis arrojaron que es mejor trazar una cota en los 575 metros sobre el nivel del mar. Fue un trabajo tan bien hecho, que Cormacarena lo presentó como uno de los mejores POT de la región. Además, muchas de las metolodologías que aplicamos pueden servir de base para los POT de otros cien municipios que será financiados por el Departamento Nacional de Planeación”, reitera.

Pero no todos quedaron a gusto. Aunque no se tiene certeza de los intereses claros que hay detrás de las personas que interpusieron las decenas de tutelas, fuentes cercanas al proceso le dijeron a este diario que posiblemente hubo presiones de Ecopetrol. Arnulfo Mantilla, jefe regional de entorno de la Orinoquia, lo desmiente de un tajo: “Acacías es importante para la región y para el país. Pero la financiación de ese trabajo fue un convenio con el municipio, dentro de nuestros programas de responsabilidad social. No hemos generado ninguna presión. Nosotros estuvimos de acuerdo en que el mejor aliado era la Universidad de los Andes y por eso insistimos en que hubiese completa independencia. Cómo utiliza Acacías la información, es potestativo del municipio y nosotros respetamos su decisión. De hecho, no tengo identificado ese conflicto entre concejales y la universidad. Lo que hoy nos interesa a nosotros es que a los municipios donde estámos les vaya bien y que haya un desarrollo compartido. Se trata de un gana gan”.

Y aunque a Hernández le cuesta trabajo creer que la empresa no sabía de todas las trabas sociales y políticas que empezaron a aparecer en el camino, lo que más le inquieta es que un trabajo de casi un año, que reunió a expertos de varias universidades y cuya inversión superó los $1.000 millones, quede engavetado por intereses que aún no son claros. Él insiste en que pensaron un modelo novedoso que buscaba recuperar los ríos y que era una buena guía para que la ciudad creciera de manera ordenada. Por su parte, José del Carmen Ortiz espera que la Procuraduría tenga en cuenta su denuncia y vigile más de cerca lo que está sucediendo. Para él, más allá del dinero, las socializaciones con más de mil líderes y el esfuerzo perdido, está en juego un ecosistema que es tan clave como el de La Macarena.