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Jorge Pérez Hernández, alcalde de Jericó, Antioquia, hizo pública un acta que ordenaba suspender de manera inmediata las actividades de exploración minera de la empresa Quebradona Colombia SA, filial de AngloGold Ashanti, en la finca La Mancha, a las afueras del municipio.
La decisión de Pérez Hernández responde al Acuerdo 010, aprobado por el Concejo el 20 de noviembre de 2018, en el que se prohíbe la realización de actividades de minería metálica en el territorio con el fin de proteger el patrimonio ecológico y cultural.
"A raiz de la información suministrada por campesinos de las veredas La Soledad, La Hermosa y Vallecitos, del corregimiento de Palocabildo, soportada con fotografiaras y videos y por la presencia del secretario de Gobierno municipal el 25 de enero, se pudo determinar que la empresa Quebradona Colombia S.A. (filial de Anglo Gold Ashanti) había contrariado lo dispuesto en el Acuerdo 010 de 2018", se lee en el acta.
Según el mandatario local, la multinacional “habría contrariado lo dispuesto en el acuerdo del Concejo municipal" y por esa razón decidió expedir el acta para que las autoridades pudieran desalojar y sellar con cintas el terreno donde estaba trabajando Anglogold.
La importancia de esta decisión radica en que sobrepone los derechos de los campesinos a los intereses de la empresa privada. Después de que la Corte Constitucional desconociera la validez de las consultas populares en el país, es la primera vez que un alcalde decide apelar a los acuerdos expedidos por los concejos municipales y hacer cumplir la volutad popular.
En el acta, Pérez Hernández hace alución a los artículos 80 y 315 de la Constitución Política, en los que se hace énfasis en la capacidad de los municipios para decidir sobre las vocaciones productivas de sus territorios, en y en el rol que tienen los alcaldes a la hora de hacer cumplir estas decisiones.
La multinacional, por su parte, respondió a través de un comunicado de prensa que: "En la vereda Cauca no se vienen desarrollando actividades de exploración minera sino estudio de suelos para determinar la viabilidad de la instalación a futuro de una eventual infraestructura”.Y agregó que cuentan con todos los permisos exigidos por las autoridades y que están “analizando con las autoridades pertinentes el alcance de la medida, la cual respetamos pero no compartimos, por considerarla ‘contraria a derecho’”.