“Anglo Gold debe renunciar a los títulos en Cajamarca”: Róbinson Mejía

EL 98% de las personas de Cajamarca que participaron en la consulta popular rechazaron la minería.

A pesar de que la empresa Anglo Gold Ashanti anunció la suspensión de todas las operaciones en La Colosa, municipio de Cajamarca, el comité promotor de la consulta popular minera dice sentir mucha incertidumbre ante las recientes declaraciones de la empresa, en las que, según ellos, estaría insinuando que regresará a su territorio una vez tenga mejores garantías para desarrollar el proyecto.

El Espectador habló con Róbinson Mejía, miembro del comité, para conocer su opinión sobre la posición adoptada por Anglo Gold después de que el 98 % de los habitantes del municipio votaran por el No a la minería.

¿Cuáles son los puntos con los que no están de acuerdo respecto a las recientes declaraciones de Anglo Gold Ashanti?

Primero, que digan que les cambiaron las reglas del juego; segundo, el hecho de que afirmen que siempre han buscado un diálogo para generar un escenario de debate, y finalmente, que estén vendiendo ante la opinión pública que Cajamarca perdió con la suspensión de las actividades de La Colosa.

Desde su punto de vista, ¿no hubo cambio de reglas?

No, porque las consultas populares quedaron estipuladas en la Constitución del 91 y no se han modificado. Lo mismo la ley orgánica que permite hacer consultas populares en materia de proyectos mineros, que es del año 94. Desde que Anglo Gold llegó estas reglas estaban vigentes y el hecho de que ellos no conozcan la normatividad colombiana se evidenció cuando empezaron a hacer exploración en Cajamarca sin hacer sustracción de la Reserva Forestal Central.

¿Y no cree que a lo que ellos se refieren con “cambio de reglas” es al hecho de que la Corte fallara que los entes territoriales sí tienen competencia para regular el uso del suelo?

Lo que hay que recalcar es que estos fallos salen ahora porque, justamente, antes no se habían realizado consultas populares en esta materia. Como se empiezan a dar, la Corte tiene que manifestarse en consonancia con la Constitución del 91 y la ley orgánica del 94. Es decir, reafirmaron lo que dice la Constitución.

¿Cuáles fueron esos intentos de diálogo con las comunidades desde que Anglo Gold llegó a Cajamarca?

Nosotros como movimiento estuvimos prontos al diálogo, pero desde el año 2013 esta empresa nos trató de guerrilleros y empezó una campaña de desprestigio. A tal punto que tomamos la posición de no seguir hablando con ellos, porque no respetaban lo que decíamos. Manifestaban que el debate era técnico y que no podían hablar con las comunidades y que, por el contrario, lo que tenían que hacer era un acuerdo de concertación entre el Gobierno Nacional y la empresa, porque las comunidades no tenían que ver nada en esta decisión. Nos parece un acto vil el hecho de que afirmen que ahora nos llaman al diálogo. Cajamarca ya decidió y ya no hay que dialogar.

¿Qué pruebas tienen de que esta campaña de desprestigio fuera hecha por Anglo Gold?

En estos momentos, en la Fiscalía hay un proceso por una demanda que interpusieron varios integrantes del comité ambiental, donde se demuestra, por una fotografía que tomó un periodista del periódico El Nuevo Día, la conversación que tuvo el señor Rafael Herz, alto directivo en ese momento, y el señor Iván Malaver, también de la empresa, diciendo que en una mesa ciudadana, donde estábamos nosotros, estaban unos guerrilleros de Cajamarca.

Es decir, ¿ustedes ya no estarían dispuestos a sentarse a dialogar con Anglo Gold?

En su debido momento lo intentamos y no se pudo. Ahora, después de la consulta, donde hubo un mandato tan contundente, no encontramos la razón para sentarnos a dialogar. Ahora el diálogo debe ser con la comunidad de Cajamarca y el Gobierno Nacional para garantizar que la voluntad popular se haga.

Según ustedes, ¿cuál es el siguiente paso que debe dar la empresa?

Renunciar a toda posibilidad de desarrollar el proyecto minero La Colosa en la jurisdicción de Cajamarca.

Ellos ya hablaron de la suspensión de La Colosa. ¿Qué más tendrían que hacer?

Deben renunciar a todos los título mineros que les otorgó el Ministerio de Minas. Además deben renunciar a las dos sustracciones de la Reserva Forestal y desistir de los otros tres trámites de sustracción que tienen ante el Ministerio de Ambiente. Igualmente, deben renunciar de inmediato a las concesiones de agua y permisos de vertimiento, ocupación de cauce o recolección de especies.

Uno de los argumentos que ha usado Anglo Gold es que su salida afectará el empleo directo de 400 familias. ¿Cómo esperan ustedes que se compense esto?

Hay que aclarar que desde que la empresa llegó también ha venido una población flotante que no es de Cajamarca, que ha llegado a variar entre 500 y mil personas, entonces las personas que trabajaban para la empresa no son necesariamente del municipio. Ahora, desde el comité creemos que al conservar la vocación agropecuaria del municipio también estamos conservando cerca de 10.000 empleos campesinos que dependen del sector agrario. La oferta de empleo del sector agrario puede suplir cualquier vacancia presente, incluso de las personas que estaban trabajando con Anglo Gold y no eran de Cajamarca.

Con la salida de Anglo Gold, ¿qué plan de desarrollo proponen?

Dos cosas. La primera es la oportunidad de mejorar la productividad del sector agropecuarios, es decir, que la comercialización de estos productos sea más justa y limpia. Lo segundo es que todo esto se traduzca en la posibilidad de que el territorio se desarrolle a partir de una actividad que no está utilizando un recurso no renovable, como el oro, sino uno que se puede renovar si se le da un buen manejo, como el suelo.

¿Cuál cree que ha sido la responsabilidad del Gobierno en este proceso?

Yo creo que ha sido muy irresponsable, no sólo este sino los anteriores, por otorgar una serie de títulos mineros alrededor del país entero, sin tener en cuenta lo que la gente en esos territorios quiere que se haga. Esto termina por generar unos conflictos donde no hay un mecanismo real y eficiente para poder llegar a una concertación que garantice que en los territorios se haga lo que la gente quiere. El Gobierno es uno de los promotores de que hoy existan en Colombia esos conflictos.