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No ha pasado más de un mes desde que la comunidad de Cajamarca, Tolima, se vio enfrentada a la decisión tomada por el alcalde de este municipio, William Poveda, de convocar a la consulta popular minera en sólo seis días (27 de noviembre). Decisión que después de varias controversias y, por solicitud de la Registraduría, fue aplazada para realizarse el 22 de enero de 2017. (Lea también: El sinsabor de armar una consulta popular minera en seis días)
Es decir, a principio del próximo año, los habitantes de Cajamarca deben ir a las urnas para responder la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas y afectación de la vocación agropecuaria con motivo de proyectos de naturaleza minera?”
Pero a pesar de este interrogante fue declarado como constitucional por el Tribunal Administrativo de Tolima, a ojos de AngloGold Ashanti, multinacional que tiene dos contratos de concesión minera conocidos como La Colosa en Cajamarca, la pregunta es sesgada. Razón por la que la empresa presentó una acción de tutela frente al Consejo de Estado al considerar que la consulta está violado el derecho fundamental al debido proceso, además de solicitar suspender la consulta como medida provisional.
“AngloGold Ashanti Colombia S.A. como titular de los contratos de concesión minera en Cajamarca que antes se indicaron, ha realizado una gran inversión para la exploración de los mismos y sus actividades de exploración han demostrado la existencia de minerales, razón por la cual la consulta popular que pretende realizarse podría llegar a afectar las actividades mineras en el municipio y con ello, las actividades de las empresas mineras titulares de contratos de concesión en Cajamarca, Tolima”, explican en el documento.
Por su parte, para el Comité Promotor de la Consulta Popular de Cajamarca, quienes han liderado esta iniciativa desde comienzos de año, torpear aún más este proceso, es poner en riesgo el derecho a la participación ciudadana. “Hoy están en riesgo los derechos fundamentales de miles de habitantes de Cajamarca por la acción de tutela que interpuso la sociedad Anglogold Ashanti”, afirman en un texto enviado al Consejo de Estado.
Y aunque la suspensión de la consulta como media provisional fue negada, el Consejo de Estado deberá analizar si el Tribinal violó algún derecho de AngloGold. Mientras, la fecha del 22 de enero para ir a las urnas sigue en pie.
En cuanto a la consulta popular en Ibagué – que también busca frenar a La Colosa de forma indirecta y estaba programada para el 30 de octubre de 2016- sigue suspendida provisionalmente como respuesta a una tutela interpuesta por uno de los ciudadanos de la capital quien afirmaba que la pregunta inducia a votar por el “No”. (Lea también: El turbulento camino para que Ibagué logre la consulta popular minera)