El lío ambiental de la Billiton

Esta panoramica de Cerro Matoso evidencia los efectos de la operación minera sobre el suelo de Montelíbano, Córdoba. (Google Earth)

En agosto pasado, ante la Comisión Quinta del Senado, miembros de la sociedad civil, congresistas como Jorge Robledo y David Barguil y hasta la misma contralora Sandra Morelli afirmaron que la explotadora de ferroníquel Cerro Matoso está contaminando las fuentes de agua de Montelíbano (Córdoba). Además, con fotografías en mano, acusaron a la minera de ser la responsable de las enfermedades que presentan algunos habitantes de la zona y de los padecimientos de 80 exempleados que aseguran que el contacto con tóxicos de la mina les contaminó el cuerpo.

El entonces ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, pidió que fuera el Minsalud el que estudiara las denuncias para saber si las enfermedades eran consecuencia de la explotación minera, mientras que el presidente de Cerro Matoso, Ricardo Escobar, aseguró que la mina “no tiene nada que ver con la problemática social que se pretende presentar”. Escobar sostuvo además que la mina trabaja bajo estándares de impacto ambiental “muy estrictos”. 

Pero otra cosa piensa la Contraloría, que acaba de presentar una función de advertencia a la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a los ministros de Minas y Ambiente, donde expone al menos ocho conceptos desfavorables frente al manejo ambiental que la multinacional angloaustraliana BHP Billiton le ha dado a su mina Cerro Matoso en Córdoba (ver gráfico en la siguiente página). Llama la atención la ausencia de un plan actualizado de manejo de residuos, la explotación minera en cercanías del río Uré, en terrenos que no aparecen concesionados, y la entrega de informes de impacto ambiental fundados en mapas con escalas muy amplias donde no pueden evidenciarse los efectos reales de la mina. Ver infografía

Lo más preocupante es que el ente de control asegura que la mina viene explotando níquel sin contar con licencia ambiental, lo que, según la contralora Sandra Morelli, podría llevar a la cancelación del contrato de explotación.

Según el senador Jorge Robledo, miembro del Comité por la Defensa del Interés Público en Cerro Matoso (integrado por congresistas, expertos en políticas mineras y miembros de la sociedad civil), la empresa se ha amparado, desde 1981, en el Decreto 2811 de 1974, catalogado por los expertos como una débil legislación ambiental que ante la figura actual de Licencia Ambiental carece de soportes.

Jorge Cruz, contralor delegado para el medio ambiente, confirmó que dicho decreto no responde a las necesidades actuales y agregó que después de 30 años la actualización del estudio de impacto ambiental, con el que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) le permitió explotar a Cerro Matoso, es deficiente.

Una vez más la Contraloría responsabilizó al Minambiente y a la ANLA de la falta de seguimiento y control del cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa. “Aquí falta una autoridad ambiental que tome decisiones sobre lo que implica que una mina de esta magnitud opere sin licencia. La mina no tiene la culpa de que el Estado no le exija”, dice Cruz.

Ante estas acusaciones, las directivas de Cerro Matoso le dijeron a El Espectador, mediante un comunicado, que las afirmaciones hechas por la Contraloría “en relación con el supuesto incumplimiento ambiental son falsas”.

La empresa defendió que en 1981 recibió por parte de la CVS la licencia ambiental que “cumple con todos los requisitos de ley. El marco legal de las licencias ambientales ha cambiado varias veces en Colombia, pero todas estas regulaciones han incluido regímenes de transición que han mantenido la vigencia de las licencias anteriores. Esto hace que la licencia de Cerro Matoso se encuentre completamente vigente”.

Esta afirmación la apoyan el Minambiente y la ANLA que aseguran que el permiso ambiental otorgado en 1981 se ha actualizado a las exigencias de las licencias ambientales del país y es el resultado de los seguimientos que la ANLA le ha hecho a este caso.

La multinacional sostiene que durante los 30 años de explotación de níquel ha elaborado todos los estudios ambientales y aplicado los planes de manejo requeridos y aprobados por las autoridades ambientales competentes.

Frente a las denuncias sobre la contaminación de las aguas, que, podría estar relacionada con las enfermedades de los pobladores, Cerro Matoso explica que la mina “opera con los más altos estándares de salud ocupacional, seguridad industrial e higiene industrial. Por lo que no existe relación causa-efecto entre vivir cerca de las operaciones y tener problemas de salud. El perfil epidemiológico de los poblados vecinos a la operación es el mismo que se puede encontrar en toda la región de la Costa norte colombiana”.

El ministro de Minas, Federico Renjifo, dijo que durante la negociación de las condiciones de prórroga (hasta 2029) que se viene adelantando con la minera se ha exigido que se aplique la norma de licencia ambiental “integral, para que gane el país y también Cerro Matoso”.

Un cabo suelto

Al consultar al analista y economista Guillermo Rudas, quien ha estudiado de cerca el caso de Cerro Matoso, el experto pone en evidencia un punto de la licencia mencionada sobre el que aún no ha habido pronunciamientos.

Rudas dice que según la documentación de Cerro Matoso la licencia que otorgó la CVS en 1981 cubría una explotación de 3,35 millones de toneladas de material de mina por año. Esto significa que, de ser válida esta licencia ambiental, ella sólo cubriría una explotación de alrededor de 100 millones de toneladas durante los 30 años de la vigencia de dichos contratos. No obstante, según cálculos de la Contraloría, para producir el ferroníquel reportado por la empresa este tope ya se había alcanzado hace cinco años.

“Sin embargo, ni el Minambiente ni la ANLA han producido modificación alguna a la licencia para la explotación de esta mina, a pesar de que a octubre de 2012 ya se habrían explotado en total más de 136 millones de toneladas de este mineral, muy por encima de lo contemplado en la licencia de la CVS” explica Rudas.

Ante la negociación de la prórroga de la concesión, las autoridades ambientales y la empresa deberán aclarar mejor este panorama para asegurar, como dijo el ministro de Minas, que el país sea el que gane.