Autoridades regionales, rajadas en medioambiente

Tras hacer una auditoría a las corporaciones autónomas regionales (CAR) en 2015, la Contraloría dice que no están cumpliendo con su labor.

Redacción Vivir
27 de mayo de 2016 - 11:06 p. m.
La desviación del arroyo Bruno, en La Guajira, fue una de las últimas decisiones polémicas tomadas por una CAR. / Censat
La desviación del arroyo Bruno, en La Guajira, fue una de las últimas decisiones polémicas tomadas por una CAR. / Censat

Gran parte de las últimas decisiones ambientales que han generado polémicas en el país se han originado en las corporaciones autónomas regionales (CAR). Proyectos como la aprobación de la desviación del arroyo Bruno, en La Guajira, o el llenado del embalse El Quimbo, en el Huila, han pasado por las manos de los técnicos de estas entidades. Entre muchas de sus funciones está la de otorgar licencias ambientales, sancionar a quienes incumplen la normatividad, cobrar multas por las infracciones y hacer planes de seguimiento. ¿Qué tan bien cumplen esas tareas? Según la Contraloría, la mayoría se está rajando a la hora de desempeñar su labor.

Así lo dejó claro el ente de control luego de hacerles unas auditorías durante el segundo semestre de 2015. “Se siguen presentando serias debilidades en el cumplimiento de sus funciones, sobre todo de control”, asegura en el adelanto de un informe que se presentará en su totalidad en junio.

Entre los temas más preocupantes que encontraron los auditores están serias fallas en el cobro de licencias ambientales, una débil gestión de cobro de las multas y muy pocas sanciones a los infractores.

Para demostrarlo, citan varios casos. Por ejemplo, la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental (Corponor), que se encarga de 41 municipios de Norte de Santander donde viven más de 1’300.000 habitantes, hizo cobro de tarifas ambientales no derogadas, tiene deficiencias en los seguimientos que debería hacer a los permisos ambientales y suele cometer errores en las notificaciones.

Algunas de esas fallas se repiten con frecuencia en varias CAR. Corantioquia, la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) y la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB) son algunas de ellas.

Además, la Contraloría llama la atención sobre temas específicos, como el seguimiento y monitoreo de licencias ambientales para el permiso de vertimientos. Nueve corporaciones presentan deficiencias a la hora de hacerles seguimiento a esas autorizaciones. También, asegura el ente de control, hay expedientes que ya están revisados sin que haya señal de las respectivas visitas que debieron hacerse y con vacíos conceptuales, “que no permiten que se refleje un adecuado seguimiento a los permisos ambientales”.

Asimismo le da un jalón de orejas a la Corporación Empresarial del Oriente Antioqueño (Cornare), porque no les ha prestado atención a los líos que tienen las plantas de tratamiento de aguas residuales. “Ello genera impactos negativos sobre el medioambiente y puede conllevar al incumplimiento de las metas de carga contaminante global”.

El Espectador intentó contactarse en varias ocasiones con Ramón Leal, director de Asocars, la asociación que agremia a estas corporaciones, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.

Por Redacción Vivir

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