Bahía de Cispatá, en peligro por un puerto de carbón

En diciembre de 2014, la Corporación Autónoma Regional de los Valles de los ríos Sinú y San Jorge, CVS, le otorgó una licencia ambiental a la empresa Granales del Golfo para que construyera y operara un puerto en el municipio de San Antero, en Córdoba.

Tatiana Pardo
20 de junio de 2016 - 02:05 a. m.
El proyecto portuario utilizará 7.5 hectáreas de las 27 mil que conforman el Distrito de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá. / Archivo
El proyecto portuario utilizará 7.5 hectáreas de las 27 mil que conforman el Distrito de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá. / Archivo

La obra estará ubicada en un área total de 20 hectáreas, de las cuales 7.5 se encuentran dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá, considerada una de las zonas mejor conservadas y más importantes del país, pues cobija áreas de manglares, humedales y bosque seco que sirven de sustento económico para más de 600 familias. Por eso, ambientalistas y autoridades debaten la pertinencia de la obra.

Para la bióloga marina con Ph.D. en Ecología y Medio Ambiente Sandra Vilardy, el puerto podría significar el ingreso de especies invasoras y la pérdida de biodiversidad. Además de disminuir la capacidad de los manglares para amortiguar las tormentas y la erosión costera.

“La actividad naviera es la principal vía de entrada de especies invasoras en el mundo y puede ser un potencial de afectación a los sistemas locales. Así mismo, los suelos asociados a los bosques de manglar son muy importantes para la descomposición, cuando hay accidentes con los buques, que son muy comunes, ya sea porque caiga combustible al agua o carbón, estas áreas se vuelven altamente contaminadas, se taponan y muchas terminan siendo zonas muertas”, asegura la experta a El Espectador.

Lo curioso es que, dentro del Plan Integral de Manejo de la Bahía de Cispatá, claramente se señala cuáles son los usos y actividades prohibidas dentro del área protegida. Además de la pesca industrial, la pesca de arrastre, el comercio de fauna silvestre, la minería y el cultivo ilícito, también son prohibidas las “obras de infraestructura de alto impacto como puertos, carreteras, instalaciones de comunicaciones y oleoductos”, tampoco se puede “verter o descargar sustancias químicas como aceites, grasas y combustibles” ni “arrojar o descargar cualquier tipo de residuos sólidos a los cuerpos de agua”.

Sin embargo, el director de la CVS José Fernando Tirado le dijo a este medio que la zona en la que será construido el puerto es categoría B, por lo que “se permiten las actividades industriales, siempre y cuando se dé el manejo indicado para la protección de la flora y fauna”.

Pero el documento, que además es público, no menciona en ningún momento que se permitan este tipo de obras. Concretamente dice que “la zona de producción tipo B corresponde a áreas aptas para el desarrollo de actividades encaminadas a la producción bien sea agrícola, silvopastoril, agrosilvopastoril o forestal, pesquero o acuícola o una combinación entre algunos de estos sistemas”.

Pero Tirado insiste en que la Bahía de Cispatá no se verá afectada pues la empresa privada cumplió con todos los estudios requeridos dentro de la normatividad.

“Si llegamos a detectar que se está impactando negativamente el ecosistema o se están incumpliendo las obligaciones, a la Corporación no le va a temblar la mano para tomar los correctivos. Podemos suspender o revocar la licencia de ser necesario”, dijo Tirado además advierte que el Conpes portuario sí da la posibilidad de construir estas obras en un área protegida de categoría B.

Por Tatiana Pardo

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