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El presidente de Brasil, Michel Temer, “extinguió” por decreto la Reserva Nacional de Cobre y Asociados (Renca), un área protegida desde 1984 por ser una valiosa reserva natural y territorio indígena de varias etnias en pleno corazón del Amazonas. En ese entonces, se definió un área de protección de 46.000 kilómetros cuadrados que une los estados de Pará y Amapá, en donde se cree que hay yacimientos de oro, cobre, magnesio y otros minerales. El área geográfica es un poco más grande que Dinamarca o Costa Rica, y a partir de hoy, el 30% de la región se abre a la minería para exploración y explotación. (Lea: Las 500 hidroeléctricas que amenazan el Amazonas)
La actividad minera, la pesca y otras actividades económicas pasarán a ser responsabilidad del Servicio Geológico Brasilero y de las empresas privadas autorizadas por la compañía. Para el director general del departamento Nacional de Producción Mineral, Victor Hugo Froner Bicca, la extinción del RENCA “tiene un simbolismo muy grande porque demuestra de forma inequívoca que el gobierno federal está dando atención a la minería (…) “Es un día histórico para el sector”, afirmó en entrevista con Agencia Brasil.
Por otro lado, organizaciones ambientalistas alertan sobre “la mayor amenaza contra el Amazonas en los últimos 50 años”. De acuerdo con un estudio técnico de WWF Brasil, las áreas de mayor interés para la exploración de cobre y oro son zonas protegidas: la Reserva Biológica de Maicuru y la Selva Estatal de Pará. Una “fiebre del oro” atraería carreteras, deforestación, nuevos migrantes, más tráfico de minerales y otros daños irreversibles para el medio ambiente y las comunidades indígenas, sobre todo las que viven en relativo aislamiento.
Este mapa superpone las unidades de conservación del Amazonas con las solicitudes para exploración minera, señalando conflictos potenciales de interés en relación con las áreas protegidas. Fuente: Departamento Nacional de Producción Minera (DNPM / ME) 2017. Por WWF Brasil. No obstante, la apertura del área para la minería encuentra obstáculos legales. En el caso de las tierras indígenas, la explotación de recursos depende de la aprobación del Congreso Nacional que, por ley, debe convocar a una consulta previa antes de adelantar cualquier actividad económica, y en las unidades clasificadas para “protección integral”, como las reservas naturales, el Sistema Nacional de Unidades de Conservación restringe cualquier actividad minera. La antigua RENCA estaba compuesta por siete de esas áreas: el Parque Nacional Montañas del Tumucumaque, los Bosques Estatales del Parú y de Amapá, la Reserva Biológica de Maicuru, la Reserva Extractiva Rio Cajari, la Reserva de Desarrollo Sostenible del Río Río Iratapuru, la Reserva Ecológica del Jari, y las Tierras Indígenas Wayapi y Río Parú d’Este.
Esta decisión, aunque polémica, no tomó a nadie por sorpresa. Los intereses del gobierno de Temer para eliminar el RENCA fueron expuestos oficialmente en marzo de este año a través de la Ordenanza 128 del Ministerio de Minas y Energía, en donde se alerta sobre “la importancia de crear nuevos mecanismos para atraer inversión en el sector minero (…) permitir el acceso al potencial minero de la región y estimular el desarrollo económico de los estados involucrados”. Esto como respuesta a la peor recesión económica de Brasil en los últimos 80 años. Esta y otras medidas pretenden legalizar la minería informal de oro en el Amazonas, incrementar la participación del sector minero dentro del PIB en un 50% y revertir la parálisis económica de la industria, según el gobierno brasilero.