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Una auditoria adelantada por la Contraloría General de la Republica evidencia que en materia de control ambiental, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) se siguen rajando. Entre otros hallazgos, el ente de control evidenció que la mayor parte de estos 33 organismos no aplican sanciones y su gestión de cobro es ineficiente.
“En algunas Corporaciones, pese a la existencia de denuncias o de hechos que se estiman sancionables no se evidencia el inicio de Procesos Administrativos Ambientales, en otros casos no se da un trámite diligente de los mismos, hay mora procesal y errores en las notificaciones”, indica la Contraloría, que efectuó los controles con base en reportes del segundo semestre de 2015.
El ente de control sostiene que hay temas comunes en los resultados de las auditorías, como el hecho de que persistan debilidades en los procesos de liquidación, facturación y cobro de las licencias ambientales. Por ejemplo, señala, en la Corporación Autónoma de la Frontera Nororiental (Corponor), se detectó que en varios expedientes se realizó la liquidación y cobro de las visitas ambientales con tarifas ya derogadas; mientras que en la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), se evidenció que se realizaron visitas de seguimiento sin que previamente se haya realizado facturación y como consecuencia, hay expedientes (vigencias 2013 y 2014) en los que se realizó el cobro sin resultados y otros, inclusive, siguen sin facturar.
“Se advierten también debilidades en la gestión de tasación y cobro de multas por parte de varias Corporaciones (Corpornor, CAM, Corantioquia, CRQ y CSB), donde en algunos casos no realizan cobro persuasivo; en otras no realizan el cobro coactivo y en ocasiones, no se remite el expediente con la respectiva sanción para ser gestionado, por todo lo cual existen saldos sin cobrar”, alerta la Contraloría.
A lo anterior, asegura el organismo, se suman deficiencias como falta de seguimiento, expedientes revisados sin que se encuentre la respectiva visita o sin que sea acogido mediante acto administrativo, así como con vacíos conceptuales que no permiten que se refleje un adecuado seguimiento a los permisos ambientales.
“Las debilidades detectadas en estos informes de auditoría se extienden a las labores de seguimiento y monitoreo de las licencias ambientales, para el caso de aguas y permiso de vertimientos. Esta falla se detectó en Corponor, Carder (vertimientos), Cardique, Corantioquia (general y vertimientos), Corpocaldas, Corpoorinoquia, CRC (general y vertimientos), CRQ y CSB”, agrega la Contraloría.
Otra de las debilidades evidenciadas en las Corporaciones –especialmente Corponor, CAM, Carder, CRQ y CSB– se encuentra en la gestión de cartera: según pudo evidenciar la Contraloría, en ocasiones no realizan el cobro persuasivo, en otras no realizan el cobro coactivo y en otros casos no se generó o adjuntó el título respectivo para que fuera gestionado.
“En Cornare, la entidad formuló una observación ya que esta corporación no ha tomado los correctivos necesarios para que los operadores de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de su jurisdicción subsanen las deficiencias que tienen en los sistemas de tratamiento. Se evidencia aquí falta de seguimiento y control, que genera impactos negativos sobre el medio ambiente y puede conllevar al incumplimiento de las metas de carga contaminante global y las metas individuales proyectadas por la Corporación para el quinquenio”, precisa.
Ya en materia administrativa, la Contraloría encontró debilidades en la supervisión contractual en entidades del calibre del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, CAM, Corpocaldas, Corpoorinoquia, CRQ, Invemar y Parques Nacionales Naturales de Colombia: “Se evidenciaron incumplimientos en las labores de supervisión y seguimiento de los contratos, falta de diligenciamiento de los formatos utilizados en esta labor y en algunos casos falta de información relevante”.
Otro caso que llamó la atención de la entidad se presentó en la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CAM), en la que se evidenció que se realizaron pagos sin que varias facturas cumplieran requisitos. En unos casos se detectó que las facturas de cobro indicaban que se encontraban amparadas mediante una resolución de facturación que ya no aplicaba para la época de los hechos. También se encontraron documentos sin la denominación de factura de venta y facturas que no indican el régimen al que pertenecen. El hallazgo encontrado fue reportado a la DIAN.
Se espera que en junio próximo, la entidad divulgue un nuevo informe en el que se detalle la gestión de las CAR y su efectividad en la protección ambiental.