Las impresionantes imágenes de la degradación ambiental en la Ciénaga Grande de Santa Marta reveladas esta semana, tras filtrarse un informe de Parques Nacionales Naturales, reactivan el debate sobre el débil manejo que las diferentes entidades locales y nacionales le están dando a la laguna costera más grande e importante del país, un humedal declarado por la Unesco como Reserva de la Biosfera y sobre el que Colombia firmó su protección Ramsar en 1998, al aceptar que es una de las lagunas más importantes del planeta.
Las fotografías fueron entregadas hace tres meses al Ministerio de Ambiente y la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag). En ellas se ve claramente cómo decenas de hectáreas del importante complejo humedal están siendo arrasadas por actores ilegales que talan e incendian el bosque, construyen diques y dividen en lotes para introducir búfalos, ganados y cultivos (ver gráfico). La impresión que queda al ver este panorama es que las autoridades no están actuando con celeridad.
En diciembre Parques Nacionales le pidió apoyo a la Armada Nacional para hacer un sobrevuelo y determinar a qué se debían los incendios que a finales del año pasado habían afectado la Ciénaga y el Parque Isla Salamanca. “No imaginábamos que encontraríamos un deterioro de esa magnitud”, dice la directora de la entidad, Julia Miranda. “Enviamos los hallazgos, pero no sabemos si ya se han efectuado las denuncias judiciales para sancionar a quienes están detrás de este delito ambiental. Lo cierto es que se está afectando un complejo lagunar importantísimo del que dependen los ecosistemas que lo rodean”.
Corpamag asegura que, después de recibir la denuncia, comenzó un trabajo conjunto con la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía de Barranquilla, el cual no ha tenido avances debido a que los problemas de orden público les impiden a los funcionarios acercarse a la zona. “Abrimos una investigación, pero en este momento estamos a la espera del informe del equipo especializado. Una cosa son las fotos que han revelado y otra ir al terreno. Hay cosas que no dicen las fotos. El informe técnico no se ha producido porque no hemos recorrido la zona. No hemos podido entrar por problemas de seguridad”, dice Luis Orlando Cabrera, director de la autoridad ambiental.
Sin embargo, a Juan Felipe Gómez, un estudiante de maestría que contactó a El Espectador, le tomó unos pocos minutos conseguir imágenes satelitales en Google Earth para dimensionar lo que está ocurriendo desde 2004 en la zona conocida como El Condazo.
Si la lentitud en las investigaciones se debe a problemas de seguridad, llama la atención que la directora de la Policía de Santa Marta, Sandra Vallejo, asegure que no tenía conocimiento de la denuncia. Ayer, en entrevista con W Radio, Vallejo dijo que, a pesar de que en varias ocasiones se ha reunido con voceros de Corpomag, apenas ahora se entera de lo que está ocurriendo y prometió enviar a la zona un equipo de la Policía.
A este teléfono roto entre autoridades locales se suma la Defensoría del Pueblo. El defensor del Magdalena, Albeis Fuentes, insiste en que su entidad ha hecho seguimiento del problema desde hace dos años: “Hemos advertido que sobre unos predios se viene corriendo la cerca hacia la Ciénaga. Están metiendo ganado cuando esos terrenos no son aptos. Hemos solicitado acciones constitucionales para que sean jueces de la República los que determinen acciones puntuales. Pero lo más grave es que sobre esos predios no se tiene claridad de la propiedad. El Incoder no ha aclarado a quién le pertenece esa tierra”.
Según el informe de Parques, los lotes afectados por maquinaria pesada pertenecerían a áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera cuya vegetación debería mantenerse intacta, en una zona ubicada en el área de confluencia del caño Condazo y caño Ratón, cerca del corregimiento de Santa Rita y sus áreas aledañas. También aparecen afectados los ecosistemas de las ciénagas de Buenos Aires y Contrabando, en inmediaciones del Santuario de Flora y Fauna Isla Salamanca.
Desde el Ministerio de Ambiente, la directora de Bosques y Ecosistemas, María Claudia García, dice que “desde que se hicieron esas tomas aéreas por el incendio de Salamanca, establecimos unas mesas conjuntas con las autoridades para hacer un monitoreo permanente. Esa vez nos percatamos de que había construcción de terraplenes y que estaban trabajando retroexcavadoras. Desde entonces se empezaron a diseñar acciones conjuntas con la Fiscalía y con las autoridades que tienen jurisdicción en el Parque Ciénaga Grande, pero acordamos trabajarlas con la mayor confidencialidad posible”.
García argumenta que esa es la única manera de actuar con contundencia. “No queríamos generar alertas antes de tener pruebas sólidas y documentos suficientes para soportar una denuncia”.
El problema, que, como lo demostró un estudiante en un rápido ejercicio de mapas satelitales, comenzó en 2004, es que ya van 17 kilómetros de diques.
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