Cobrar $50 por botella de plástico, una idea que se abre paso en ley de financiamiento

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Esta semana en Polonia, donde se lleva a cabo la Cumbre del Clima, Colombia recibió un reconocimiento por “el liderazgo del gobierno en la promoción de la fijación de precios del carbono y la compensación como instrumentos para enfrentar el cambio climático”. Con algo de timidez, en los últimos dos años el país parece haber entendido que un camino para enfrentar la crisis climática, y de paso arreglar sus cuentas fiscales, son los impuestos e instrumentos financieros “verdes”.

Junto al impuesto al carbono que se introdujo en la última reforma tributaria del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, también se implementó un impuesto a las bolsas plásticas. El primero hasta ahora ha permitido recaudar unos $700.000 millones. El segundo, alrededor de $10.460 millones. En este último caso, su función fue más pedagógica para desestimular el uso que el propio recaudo.  

Mientras el ministro de Ambiente Ricardo Lozano recibía el reconocimiento en la ciudad de Katowice, Polonia, un grupo de parlamentarios ponentes de la ley de financiamiento, entre ellos Iván Marulanda y Catalina Ortiz, discutió esta semana con miembros del Gobierno dar un paso más en la agenda de “impuestos verdes” y salió a flote una alternativa que ronda en los escritorios del Ministerio de Hacienda desde hace un tiempo: un impuesto de $50 pesos por cada botella de plástico.

Sería una buena jugada a dos bandas. Por un lado, Colombia avanzaría en su tarea de reducir la dependencia del plástico de un solo uso. En el mundo alrededor de 13 millones de toneladas de residuos plásticos van a parar al mar cada año. Pero mientras países como Alemania reciclan el 47%, usan como material térmico el 35% y tan sólo envían el 18% a rellenos sanitarios, en Colombia el 17% se recicla y lo demás se acumula en rellenos sanitarios. La medida incentivaría la cultura del reciclaje pues si una empresa demuestra que está cerrando su ciclo productivo con la recuperación de las botellas, quedaría exenta de pagar el impuesto.  

Por otro lado la medida, de acuerdo a los cálculos iniciales del gobierno, permitiría sumar durante el primer año unos $27 mil millones. No sería mucho frente a un hueco fiscal que ronda los $14 billones de pesos, pero sí en términos de una mejor cultura ambiental. En promedio, un país de la OCDE recauda un 2.2% de su estructura tributaria a través de los llamados “impuestos verdes”. Este seguiría siendo apenas un paso más en la agenda de los impuestos verdes.

Richard Aguilar, senador de Cambio Radical, miembro de la Comisión Tercera donde se discuten temas económicos, es uno de los defensores de la idea. “En la reunión de ponentes hoy, vamos a dar la lucha para que quede en la ponencia. Es un buen mensaje. Como lo que pasó con las bolsas plásticas. Generaría un gran impacto al medio ambiente”, comentó. Sobre las críticas que han surgido desde otras bancadas, que consideran que este impuesto castigaría a empresas a las que ya se va a cargar el Iva Plurifásico como Postobón o Bavaria, Aguilar opinó en otra dirección: “las botellas son un costo de producción. El impuesto las llevaría a innovar y usar materiales biodegradables”.

Sobre la mesa también continúa la discusión de exenciones de Iva a los vehículos eléctricos y los materiales y piezas necesarios para incentivar la implementación de energías renovables.  

Durante la discusión de la Ley de Financiamiento, tanto Coca–Cola como Bavaria han dejado claro que el Iva Plurifásico resultaría lesivo para sus intereses al poner en riesgo sus inversiones y estabilidad operativa. Coca-Cola, por ejemplo, calcula que el cobro del IVA a distintos eslabones de la cadena significaría un incremento en el precio al consumidor final del 20 %, “causando una grave afectación a las ventas de la industria de similar magnitud”.

Mientras empresas como Bavaria no se han pronunciado al respecto, Coca-Cola Femsa advirtió que es una medida que les genera mucha preocupación. “Lejos de privilegiar e impulsar iniciativas de reciclaje y acopio colaborativo entre empresa privada, gobierno y organizaciones no gubernamentales, la iniciativa busca gravar a la industria privada, legal y formal, cumplidora de todas sus obligacionesy gestora de iniciativas de alto impacto económico, social y ambiental, que no debería seguir siendo objeto permanente de cambios normativos que afectan gravemente su viabilidad y vocación de inversión”.

Una posición que va en línea con la de Acoplásticos, que rechaza la propuesta, ya que además de aumentar el precio de varios bienes envasados, creen que “el impacto ambiental de la medida sería negativo por el hecho de que sustitutos, como el vidrio, al ser más pesados, implican mucho mayor consumo de energía y emisiones de CO2, tanto en su fabricación como su transporte, así como mayor desperdicio por los casos en que se rompe el envase. Un impuesto de esta naturaleza sería perjudicial, por ejemplo, para llevar agua potable o productos de aseo a lugares apartados del país. En el mundo, la tendencia es establecer metas de reciclaje de botellas, en ningún caso gravar estos productos, porque esto termina afectando al precio final de los consumidores”.

Por su parte, la Cámara de la Industria de Bebidas de la ANDI señalo que hay que esperar unas semanas hasta que el proyecto se concrete. Al consultarlos, aseguraron que prefieren, por el momento, no pronunciarse. Dicen que esperarán a que la propuesta sea incluida en la ponencia.