“Colombia debe proteger más a sus ambientalistas”: Global Witness

Billy Kyte, autor del informe En terreno peligroso de la ONG Global Witness. / Cortesía

Hace un par de días la ONG inglesa Global Witness publicó un informe llamado Terreno Peligroso. En él aseguraba que el número de homicidios de defensores de medio ambiente se había disparado en 2015. A comparación de 2014, el año pasado los asesinatos subieron un 59%. Los más afectados fueron los pueblos indígenas.

En entrevista con El Espectador, Billy Kyte, autor del informe, explica por qué Colombia ocupa el tercer puesto en ese ranking liderado por Brasil. Dice que la minería, la agroindustria y la falta de protección de derechos humanos están causando graves estragos en nuestro país y, en general, en Latinoamérica.

¿Qué es Global Witness?

Es una ONG que investiga y hace campañas para terminar con el conflicto, la corrupción y los abusos de los derechos humanos, relacionados con la explotación de recursos naturales. Investigamos hecho que tienen que ver con las industrias extractivas, como la tala de madera. Existimos hace 20 años y uno de nuestros trabajo más reconocidos ha sido la investigación sobre los diamantes de sangre.

¿Qué metodología utilizaron para recopilar el número de homicidios de defensores del medio ambiente?

Usamos fuentes púbicas, creíbles. Son fuentes nuestras los de medios de comunicación, artículos elaborados por ONG, reportes de la ONU. Establecimos un criterio en el que debemos tener el nombre de la persona, la fecha del asesinato, cómo ocurrió y debe haber claridad sobre el vínculo directo con la causa por la que estaba luchando. La última etapa es verificar esos datos con organizaciones de cada país. En Colombia, por ejemplo, trabajamos con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y el Programa Somos Defensores. En total, hoy la base de datos tiene más de 1.100 casos registrados desde 2002.

Según su informe, en 2015 se asesinaron 185 defensores del medio ambiente en 16 países, una cifra récord. Es paradójico que eso suceda justo cuando el mundo parece alinearse para luchar contra el cambio climático y resalta la importancia de cuidar los recursos naturales, como sucedió en la cumbre de París. ¿Qué es lo que está mal?

Lo que está mal es que los gobiernos no están haciendo el esfuerzo necesario para terminar con esa problemática. En la mayoría de los casos esos asesinatos quedan impunes. No hay detenidos ni sentenciados. Entonces, una cosa es que los gobiernos firmen un acuerdo por el cambio climático y por el otro lado avanzan en un modelo de desarrollo opuesto, por ejemplo, al modelo de comunidades indígenas. Además, tachan erróneamente a los ambientalistas como de “anti desarrollo” o “anti progreso”. Muchos gobiernos hacen caso omiso a esta problemática porque les conviene, porque quieren que haya más inversión en ciertos sectores como la agroindustria. El caso más emblemático es el de Berta Cáceres. Eso muestra el rol del Estado: hay militares detenidos por su asesinato.

Ustedes dicen que hay otros asesinatos que no se denuncian y de lo que es imposible enterarse. ¿Tienen un cálculo de cuál puede ser ese subregistro?

Es difícil tener ese dato porque en muchas regiones no hay organizaciones ni medios de comunicación que monitorean esta problemática. Países donde hay gobiernos represivos como en Asia Central, en China o en algunos de África hay muy poca información disponible.

Los asesinatos de defensores del ambiente aumentaron en casi un 60% de 2014 a 2015. ¿Qué factores han incidido para que se presente ese aumento?

Sectores como la minería, la agroindustria y las presas hidroeléctricas están avanzando cada vez más y con ello ha aumentado la expropiación de tierras donde hay comunidades vulnerables como las indígenas. La demanda por los recursos naturales está generando más conflictos. Además, el activismo ambiental se debe ver bajo la lupa de la regresión de libertades de expresión en todo el mundo. En algunos países hay leyes que restringen el activismo de las ONG.

De esos sectores, la minería, de acuerdo al informe de Global Witness, es la actividad que más se relaciona con los asesinatos. ¿Por qué?

Hay dos razones: una, es que la caída de los precios de los minerales en todo el mundo ha llevado a que ese sector busque caminos para ser más rentable. Eso quiere decir que deben aumentar sus ventas y muchas veces se saltan los estándares sociales y ambientales que debería cumplir. Y la segunda razón es que para lograrlo, están impulsando proyectos en tierras de comunidades vulnerables. Proyectos que se saltan el cumplimiento de leyes que los obligan a consultarlas. Entonces, muchas empresas no establecen ese diálogo ni con indígenas ni con campesinos.

Hablemos de las comunidades indígenas. La mayoría de defensores asesinados eran indígenas. Hablamos de 67 homicidios, la cifra más alta de la historia. ¿Por qué se disparó esa tasa?

Porque esos pueblos han sido geográficamente aislados en muchos países y en sus tierras hay una gran riqueza natural. Entonces es más fácil que una empresa termine con la vida de un indígena, pues hay menos represalias. Por parte de los gobiernos, hay un gran incumplimiento de la ley que los protege.

Brasil, con 50 asesinatos, es el país donde se registran más homicidios. ¿Qué factores lo han ubicado en ese lugar?

Muchas de los muertes suceden en Amazonia Brasilera, en tres regiones: Pará, Rondonia y Maranhão. Entre los factores que influyen está la frontera agrícola, donde se va una gran expansión de plantaciones de soya que avanza hacia la selva amazónica. Además, hay una amenaza muy intensa de taladores ilegales que se enfrentan a pueblos indígenas y comunidades locales.

Colombia también tiene un puesto penoso: el tercero, con 26 homicidios. ¿Qué estamos haciendo mal?

Los dos factores principales que inciden en Colombia son la minería y la agroindustria, especialmente el aceite de palma. En su país, además, hay contexto bastante complejo. Un ejemplo: el hecho de que haya comunidades que están regresando a sus tierras después de haber estado años por fuera a causa del conflicto armado, es un escenario difícil. Hay casos de paramilitares que trabajan con industrias que se han adueñado de esos terrenos.

¿Qué recomendación le hace a nuestro país?

Aunque en el informe hay una recomendaciones específicas para Colombia, en términos generales debe brindar mayor protección a sus activistas ambientales y debe destinar más recursos a la protección de los derechos humanos. Debe reconocer los derechos a la tierra de las comunidades y resolver la corrupción presente en las industrias mineras y la agroindustria.

Varios países de la lista son Latinoamericanos: Brasil, Colombia, Perú, Nicaragua, Guatemala, Honduras, México… Algo parece estar mal en la región…

Sí, y hay varias razones. Es una región con mucha riqueza natural y muchos sectores quieren apropiarse de los recursos naturales. Además, hay mucha población indígena a la que aún no se le han reconocido sus tierras. Eso, unido a los altos niveles de corrupción e impunidad, ha generado muchos conflictos. Un razón más es que la sociedad civil se ha empoderado en América Latina y cada vez exigen más el cumplimiento de sus derechos. Y eso, a veces, ha conllevado a que estén más expuestos. Pero hoy hay más organizaciones y más medios de comunicación que monitorean este problema.