Concejales de Meta y Guaviare marchan contra minería y demandarán decreto navideño

Los concejales consideran que el Decreto 2691 de 2014, conocido como 'decreto navideño', privilegia la industria minera sobre otros fines constitucionales imperiosos como la protección del ambiente, del agua y la producción de alimentos

Concejales de Meta y Guaviare iniciaron una caminata el pasado sábado desde la ciudad de Villavicencio hacia la capital del país, con el propósito de expresar su rechazo al Decreto 2691 de 2014, también conocido como el “decreto navideño” pues fue expedido por el Ministerio de Minas y otras instituciones el 23 de diciembre de 2014.

Para los cabildantes, el Decreto le quita atribuciones a los municipios para decidir sobre la minería en sus territorios.

Hacia las 11:00 a.m., la manifestación llegó a la Plaza de Bolivar con el fin de rechazar el Decreto y promover una demanda que lo declare nulo. La movilización estuvo acompañada por Clara López, candidata a la Alcaldía de Bogotá, Alberto Castilla, senador por el Polo Democrático Alternativo, integrantes del Instituto Latinoamericano para un Derecho y una Sociedad Alternativos (ILSA), concejales de Nariño, Cauca, Putumayo, Cundinamarca, Bogotá y los Santanderes y cerca de 600 ciudadanos.

La demanda, que será interpuesta esta semana por los concejales, pretende reivindicar la defensa de la autonomía territorial y los principios de coordinación, concurrencia y subsidios entre el nivel central y entes territoriales. También, la defensa de la democracia representativa y participativa, ya que el Decreto limita la acción de los concejos y, por lo tanto, de la ciudadanía, por lo que no contempla la participación de los afectados, pero sí de empresarios de la minería en dichos territorios.

‘‘El Decreto viola el principio constitucional de buena fe, pues abiertamente va en contra de la sentencia C-123 de la Corte Constitucional. Por último, consideran que privilegia la industria minera sobre otros fines constitucionales imperiosos como la protección del ambiente, del agua y la producción de alimentos’’, aseguraron los concejales que hicieron parte de la movilización.

Así mismo, los cabildantes plantean que el decreto va en contravía de la sentencia de la Corte (C-123 de 2014), en la que se ordenó que el nivel central y el nivel local establecieran mecanismos de acuerdo para proteger a los municipios y a las comunidades frente a distintos impactos de la minería en el país.