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En San Andrés la gente vive contenta. Rodeada por uno de los mares más lindos del planeta y por amaneceres que se pintan de todos los morados, la isla es un punto estratégico y uno de los lugares más turísticos de Colombia. En San Andrés ya no existe la temporada alta ni la baja: de enero a diciembre, miles de turistas, entre los que predominan los argentinos, chilenos y europeos, llegan en los 30 vuelos comerciales que, en promedio, aterrizan al día.
La isla es un lugar de descanso y buceo. Su barrera de coral es una de las más bellas del mundo (alberga más de 50 especies de corales y 100 de esponjas) y desde el año 2000 hace parte de la Reserva de Biosfera Seaflower, la red mundial de reservas de biosfera más grandes del mundo. Hablar con su gente es encontrarse con historias de progreso. Muchísimos de quienes llegaron hace 20, 30 o 40 años lo hicieron buscando oportunidades o detrás del amor, se establecieron y tuvieron sus familias allí.
“Yo llegué de Barranquilla hace 26 años buscando trabajo y a los dos días lo conseguí”, recuerda Wálter Angulo, quien hoy maneja un taxi, tiene cinco hijos, nueve nietos y dos locales comerciales. “Todo lo que tengo lo conseguí en San Andrés”.
Y es que, hace unos años, embarcarse para buscar nuevos rumbos en la isla era encontrarse con una suerte de tierra prometida. La declaratoria como puerto libre en 1953 cambió su destino y pasó a convertirla de un territorio casi virgen y prácticamente desconocido, a una ciudad en la que explotó la tasa de crecimiento debido a la llegada de colonos, inmigrantes y turistas que buscaban aprovechar las ventajas de un comercio libre de impuestos. Desde entonces hasta hoy, los 26 km² de San Andrés han sufrido una seria de rápidas transformaciones que han puesto presiones ambientales, sociales y económicas sobre sus habitantes.
Por ejemplo, allí se encuentra uno de los costos de vida más altos de Colombia. Debido al reducido espacio y a las dificultades que aún conlleva el transporte de víveres, un banano puede costar hasta $2.000 y una manzana $2.500. Un kilo de carne se consigue por $19.000, mientras que un arriendo de un apartamento pequeño alcanza los tres millones de pesos al mes. La carrera mínima en taxi vale $7.000, pero si se sale del casco urbano el taxímetro marca los $30.000. La prestación de los servicios públicos, que son uno de los problemas más graves que enfrenta la isla, también alcanza precios exorbitantes: una familia de seis personas paga hasta 1 millón de pesos al mes en energía eléctrica y $120.000 por una mega de internet.
La educación, las fuentes de empleo, la seguridad, la cultura ciudadana y del reciclaje, la prevención de los embarazos adolescentes, el ordenamiento territorial, el turismo sexual, la capacitación técnica y profesional y el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos son algunos de los retos más visibles de San Andrés. “Necesitamos políticas de Estado y de largo plazo, atacar los problemas de fondo, tener una buena gestión y terminar con los pañitos de agua tibia. Es necesario crear fuentes de empleo y acabar con el asistencialismo que por muchos años se ha visto en la isla y le ha hecho mucho daño”, opina Luis Eduardo Castellanos, un ingeniero santandereano que vive y trabaja hace más de 30 años en San Andrés.
- Así se está empezando
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios es uno de los grandes retos. Actualmente sólo la parte norte de la isla cuenta con alcantarillado y con una planta desalinizadora de agua que, aunque provee el líquido, no lo hace las 24 horas sino bajo una modalidad de distribución de subsectores que hace que los habitantes la reciban en promedio una vez a la semana y deban almacenarla y racionarla.
En cuanto al alcantarillado, hace seis meses empezaron las obras del distrito 4, que comprende el sector más poblado de San Andrés e incluye barrios como Natania, Canteras y Serranías. Allí, se están instalando 20 km de tubería y una nueva estación de bombeo de aguas residuales que beneficiarán a 19.524 habitantes, quienes dependían de pozos sépticos y pozos artesanales y enfrentaban graves problemas de sanidad.
Con un costo de 24.600 millones de pesos la obra estará concluida en 2016. Financiada por la Gobernación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Findeter, su ejecución acabará con las inundaciones que sufren estos barrios cada vez que llueve. Como lo explica Harry Vargas, gerente de Planeación y Construcciones del proyecto, “para mejorar los sistemas de vías y alcantarillado fluvial hay que empezar con el sistema de alcantarillado sanitario. Además, con estas obras se dejará de contaminar el subsuelo y se evitará un impacto ambiental”.
Estos esfuerzos son una luz de esperanza para los sectores rurales de San Andrés. Es urgente la construcción de otra planta desalinizadora que pueda atender ese sector, pues la que funciona se surte de los pozos profundos y, con una capacidad máxima de 26 litros por segundo, es insuficiente para atender a los 43 sectores que dependen de ella. Además, también representa un grave impacto al medio ambiente.
- Inversión millonaria
Por otra parte, el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y en convenio con Findeter como unidad ejecutora, comenzarán a implementar en enero de 2015 la segunda fase del plan de apoyo para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Setenta millones de dólares serán invertidos en cinco componentes: desarrollo urbano integral, acceso a servicios de agua y saneamiento básico, infraestructura costera y gestión del riesgo, economía local, y fortalecimiento fiscal y de gobernanza.
En el mejoramiento urbano y estudio de obras y diseños para San Andrés y Providencia, y agua y saneamiento se invertirán los mayores recursos. El primero recibirá 24,5 millones de dólares y contará con la participación de los raizales y la comunidad. Para el segundo se destinarán 24 millones de dólares que se enfocarán, entre otros, a los estudios y diseños para obras entre los que se encuentra la gestión del recurso hídrico que permitirá establecer a ciencia cierta con cuánta agua se cuenta en el subsuelo. Asimismo, 3 millones de dólares se irán para recuperar playas y realizar estudios de monitoreo y control ante el cambio climático y 4,5 millones de dólares serán destinados al emprendimiento, promoción y financiación de proyectos de desarrollo autosustentables, claves en la isla pues el rebusque y el empleo informal son el pan de cada día.
Sin duda alguna, el fallo de La Haya que redefinió los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua hizo que el país y el Gobierno Nacional volvieran a poner los ojos sobre uno de sus territorios más preciados. Los isleños lo saben y por eso, con ojo atento y mente crítica, esperan la ejecución de las obras prometidas, así como el compromiso de su actual gobernación para enfrentar los problemas de la isla. Su recuperación y proyección es un trabajo de todos: quienes viven en ella y quienes la visitamos.