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Son más de 600 páginas en las que al menos 15 destacados investigadores, entre economistas, abogados, geólogos, geógrafos, ingenieros forestales y politólogos, describen, como en las ediciones anteriores, las debilidades del Estado a la hora de regular la industria minera. Esta vez, los investigadores se centraron en describir, con hechos detallados en auditorías de la Contraloría, la manera en que compañías como Drummond y Cerro Matoso se han “saltado” la normativa ambiental durante años en diferentes zonas del país, entre ellas Cesar y Córdoba, debido a la falta de vigilancia estatal que han tenido esas concesiones.
“Los intereses económicos son muy importantes, pero también tenemos responsabilidad de velar por el cuidado y la defensa de los bienes públicos. Con ese fin se realizó esta investigación. En uno de los capítulos nos hemos limitado a verificar el cumplimiento del licenciamiento ambiental por parte de las empresas y hemos encontrado que el Estado no está interesado en verificar que se cumpla con estos compromisos”, dijo la contralora.
Los dos libros incluyen un análisis de la actual política pública minera, insumos para identificar lo que puede considerarse un daño ambiental en relación con la minería, un análisis del cumplimiento de las licencias ambientales en Colombia, una compilación de los principales conflictos ambientales del país y una propuesta sobre cómo podría crearse un modelo minero más adaptado a la realidad local.