:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/OGRxxtbLYFDTggUOJKz45v6lEko=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/WLQ4SQFRZBGDRN5BIVQRK27OB4.jpg)
Entre las distintas discusiones que se han planteado alrededor del agua, hay una que se repite en todos los encuentros: los proyectos de conservación, planificación y protección del recurso existen, pero los instrumentos para financiarlos no se conocen o son insuficientes. Por esto, durante el Encuentro por el Agua Regional, realizado en Medellín y convocado por El Espectador, Isagén, WWF y People and Earth, autoridades ambientales y líderes del sector financiero discutieron sobre las oportunidades que existen para solucionar “esta pata coja”.
“Algo fundamental que hemos encontrado en los distintos encuentros, que llevamos realizando desde hace cuatro años, es que para desarrollar el plan de ordenamiento de las cuencas aún no se conocen los mecanismo financieros para su ejecución. ¿Nos falta una ley? ¿Por qué no se ejecutan bien?”, preguntó Ricardo Lozano, director de People and Earth y moderador del evento.
Para Guillermo Rudas, miembro del Consejo Académico del Foro Nacional Ambiental, parte de la respuesta tiene que ver con que al agua no se le ha dado un costo monetario que ayude a entender que es un recurso valioso. “Detrás de estos retos, no hay falta de conocimiento sino de financiación, pero el tema financiero, sobre todo en época de déficit fiscal, es difícil porque no hay de dónde”, aseguró el experto. Parte de su propuesta, entonces, es que los ciudadanos o entidades con capacidad de pago aporten una mayor tasa por el uso del agua, pues esto serviría como una “estrategia para enviar la señal al usuario de que el agua, y otros recursos, tienen un valor”.
De hecho, según explicó, a partir de los cálculos que se hicieron para presentar un proyecto de ley que buscaba aprovechar las tasas por el uso del agua y fijar unas tarifas mínimas, se llegó a la conclusión de que sólo con que esta medida se aplique a 64 municipios, a estratos entre 4 y 6, y con tarifas entre $5.000 y $10.000 mensuales, se podrían recolectar $250.000 millones que podrían ir a un fondo de compensación.
Por su parte, para Juan David Ramírez, subdirector de Gestión Ambiental de Corantioquia, la clave para gobernar el agua está en que se logre una planificación integrada y se tenga en cuenta el conocimiento empírico de las comunidades. “En Semana Santa se declararon dos páramos en nuestra región, entonces estamos creando modelos de reconversión productiva, porque no podemos acentuar un desplazamiento por conservación, en un territorio que ya lo tuvo por violencia e industria”, aclaró. Para Ramírez, los planes de pagos por servicios ambientales, por ejemplo, son uno de los instrumentos más poderosos para marcar el valor de los recursos.
Idea que respaldó Javier Parra Bedoya, director de permisos de la Corporación Autónoma Regional Río Negro - Nare (Cornare), al afirmar que la figura de PSA que están trabajando con Banco2, programa piloto en el que se les paga a 600 familias campesinas por conservar los bosques, ha sido reconocido por la ANLA y el Ministerio de Ambiente como un instrumento válido para crear un manual de pérdida de biodiversidad, por lo que puede ser visto como un instrumento de financiación.Sin embargo, para María Consuelo Montoya, de la Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental, quien junto a esta ONG ha trabajado con los campesinos que se benefician de los acueductos veredales, más que la financiación, estas comunidades necesitan “información y conocimiento”. “Muchas economías rurales no necesitan subsidios, sino que ellos mismos puedan producir un sistema económico viable. Ahora los jóvenes quieren salir de la ruralidad porque no quieren más azadón, porque es una tecnología que no les sirve ni es rentable. Entonces hay una necesidad de hacer una apropiación tecnológica adaptada a estas organizaciones”, concluyó.
Pero ¿es posible que el sector financiero les apueste a estas alternativas o ambos sectores están condenados a permanecer divorciados? ¿Qué opinan los bancos?
Según Úrsula Sola, asesora de Presidencia de Findeter, “plata sí hay, lo que necesitamos saber es cómo pedirlos”. Los programas como la reforestación de bosques maderables, la restauración de ecosistemas estratégicos y la conservación de cuencas, explicó, no dejan de ser negocios en los que hay fallas del mercado, “por lo que bancos del primer piso no llegan a invertir, dado que no hay retorno.” Pero debido a que Findeter es una banca para el desarrollo, puede apoyar estos proyectos en municipios que tienen la capacidad de endeudamiento.
El problema tal vez está en que se debe dejar de pensar que las iniciativas de conversación y preservación de los ecosistemas son iniciativas voluntarias, de buena fe, y empezar a verlas como proyectos rentables que pueden entrar y crecer dentro de un mercado. Pues, como ella mismo lo dice, entre “chiste y chanza”, “los bancos no tienen corazón y sólo ven la capacidad de endeudamiento”. Afirmación que dista de otra visión, “más romántica”, que tienen otros bancos que estuvieron presentes en el encuentro, como Bancóldex, Bancolombia y Davivienda.
Marcela García, gerente regional de Bancóldex, afirmó que desde el sector se han hecho esfuerzos para buscar proyectos de impacto ambiental que se puedan apoyar a largo plazo en los que, debido a la demora del retorno de inversión, se les den períodos de gracia.
Por su parte, Beatriz Ocampo, de Bancolombia, explicó que las decisiones de a quién financiar y a quién no también están atravesadas por la evaluación de riesgos ambientales y sociales. “Hoy tenemos una línea verde que apalanca financieramente proyectos que tienen que ver con producción limpia y con tasas bajas para las energías renovables”, afirmó. Ya que ellos, como instituciones financieras, también se ven afectados por eventos como el cambio climático. “Si en el Caribe las reses se mueren por el calor, los ganaderos dejan de pagarnos, entonces también estamos buscando mecanismos técnicos efectivos que podamos entregarles a los clientes para prevenir y mitigar”.
El problema, entonces, podría ser uno de confianza, pues mientras los sectores ambientales dicen tener los proyectos sobre la mesa esperando recursos para arrancar, los líderes del sector financiero afirman tener la plata para comenzar. Pero, como bien lo dijo Luis Fernando Rico, gerente de Isagén, para esto también se “necesita una política que llegue a los territorios donde se toman las decisiones y ayude articular el conocimiento, la información y la financiación”.
Por esto, el famoso consejo nacional del agua propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo no se puede quedar en remojo.