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Alrededor de la hidroeléctrica El Quimbo, en Huila, confluyen todas las problemáticas e incertidumbres pensadas para un proyecto que, después de siete años desde que recibió la licencia ambiental para la puesta en marcha de su construcción y operación, sigue inmerso en una encrucijada de temas ambientales, económicos, sociales y culturales que no lo dejan avanzar, pues no están del todo resueltos.
Desde 2008, cuando el gobierno del expresidente Álvaro Uribe le dio vía libre a su construcción, El Quimbo fue visto como una megaobra para el sector eléctrico que aportaría el 5 % de la energía que demanda el país. La represa abarcaría un área de 8.500 hectáreas que colindan con los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Altamira y Paicol, y utilizaría las aguas de los ríos Suaza y Magdalena para su funcionamiento.
Pero la situación pasó de claro a oscuro cuando los habitantes del sur del departamento empezaron a ver que sus principales actividades económicas, la agricultura y la pesca artesanal, se estaban viendo afectadas. Los campesinos hacen referencia a la mortandad de peces y el cambio en la calidad del agua y el suelo, donde se solía cultivar arroz, cacao, maíz y tabaco, en mayor medida.
El tema es tan complejo que por eso ayer, más de 2.000 personas del departamento se dieron cita en el municipio de Garzón, desde las 8:00 a.m., para discutir en una audiencia pública varios vacíos sobre el proyecto y, sobre todo, para revisar con pinzas las obligaciones a las que Emgesa, dueña de El Quimbo, se había comprometido desde un principio.
“Lo más preocupante es que la misma Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) reconoce que del 100 % de las obligaciones que tenía Emgesa, solo el 32 % están cumplidas en siete años, por lo que estamos solicitando la suspensión provisional de la licencia hasta que se encuentre un mecanismo de participación independiente que estudie nuevamente cuáles serían los impactos de este proyecto, los que ya se han presentado y las medidas de compensación a la comunidad que ya ha sido víctima”, explica Andrea Torres, miembro de la organización ambiental Tierra Digna, quien le ha seguido la pista a esta situación.
Aunque uno de los problemas más grandes dentro de todo este entramado es que no hay una cuantificación clara de los daños, Torres asegura que en este momento hay más de 30.000 personas que están solicitando ser reconocidas como afectadas por El Quimbo, una cifra muy diferente a las cerca de 2.000 de las que habla la empresa privada.
El gobernador del Huila, Carlos Julio González, en conversación con El Espectador, también asegura que la población ha sido reubicada en zonas que en este momento no tienen acceso a servicios públicos como el agua y no han podido sustituir su actividad productiva de manera eficiente, generando tensión dentro de la comunidad. Advierte que el proyecto trajo consigo “prostitución, alcoholismo y graves afectaciones en salud mental, violencia intrafamiliar, separaciones de familias y depresión” que han quebrado el tejido social de las comunidades.
De acuerdo con las cifras que arroja el gobernador González, la hidroeléctrica de El Quimbo ha dejado a 1.419 personas sin empleo, se han perdido 26.750 jornales y, según estima, da pérdidas de $50 millones por hora.
Por eso aprovechó el escenario de la audiencia para solicitar “la creación de una mesa interinstitucional de seguimiento y verificación de las obligaciones de Emgesa frente al proyecto hidroeléctrico El Quimbo”. La propuesta fue bien recibida por el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, quien le dijo a este medio que “tiene toda la voluntad de establecer un diálogo estrecho con la comunidad regional para que participe en los temas de desarrollo ambiental, económico y social que se requieren en la región”.
Según el líder de la cartera, los temas que más preocupan a los lugareños tienen que ver con la calidad del agua y las compensaciones ambientales, por lo que se empezará a trabajar desde ahí.
“Hay que pasar del conflicto a la colaboración. Ahora hay que revisar todos los documentos (cerca de 200) que nos han entregado para saber, concretamente, en qué se ha avanzado y en qué no; luego se producirá un informe que concluirá en un acto administrativo”, comentó Murillo.
A la audiencia pública llegaron también la ANLA, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los alcaldes del departamento y organizaciones regionales, lo que da cuenta del escenario tan complejo y diverso al que nos estamos enfrentando.
Aunque intentamos contactarnos con Emgesa para escuchar su posición, no fue posible.