El movimiento indígena de Ecuador exigió este viernes una consulta popular sobre la decisión del gobierno de dar paso a la explotación petrolera en la reserva amazónica del Yasuní, tras fracasar un plan internacional para evitar su extracción.
"Aquí se consultó a todos los ecuatorianos sobre las corridas de toros (en 2011), ¿por qué no consultar sobre este tema que es de enorme importancia y que pondrá en peligro la vida de los (aborígenes) no contactados y de la enorme biodiversidad de la reserva?", dijo a la AFP Humberto Cholango, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).
Correa pidió autorización al Congreso, de mayoría oficialista, para iniciar la actividad petrolera en una zona del Parque Yasuní, declarado reserva mundial de la biósfera por la UNESCO en 1989.
En el área hay un depósito estimado de 920 millones de barriles de crudo, lo que equivale al 20% de las reservas del socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), según el mandatario.
"Si el gobierno quiere hacer la explotación que haga la consulta popular y que el pueblo sea quien decida y no solamente la Asamblea Nacional (Legislativo)", indicó Cholango.
En el Yasuní ya operan petroleras desde hace décadas, pero los ambientalistas e indígenas quieren evitar un mayor impacto ambiental.
La decisión del gobierno se dio tras el fracaso de una iniciativa, propuesta por Correa en 2007, de dejar el crudo bajo tierra y evitar la emisión de toneladas de gas carbónico, responsable del calentamiento global. (Lea más sobre la determinación de Correa)
A cambio pidió a los países una compensación de 3.600 millones de dólares en 12 años. Sin embargo, Ecuador logró en estos seis años contribuciones concretas de apenas 13,3 millones de dólares, lo que equivale al 0,37% de la meta.
El dirigente indígena no descartó una movilización para mostrar el rechazo social al anuncio de Correa.
La Constitución ecuatoriana permite el llamado a consulta popular por iniciativa de la ciudadanía, "con un respaldo no menor al 5% de las personas inscritas en el registro electoral", que es de 11,4 millones de personas.