La disputa entre campesinos y Parques Nacionales por un decreto vía “fast track”

Habitantes de estas áreas no están de acuerdo en cómo se haría el desmonte de actividades no permisibles, como la agricultura, en estas zonas. Presentaron su propio decreto en contra.

Se estima que hay más de 20.000 familias que habitan o habitaban en Parques antes de que fueran áreas protegidas .Rodrigo Durán Bahámon- PNN

En medio del optimismo que rodea los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, varios ambientales han hecho un llamado para que no se olvide que, si el posconflicto no se maneja bien, los recursos naturales pueden convertirse en los más perjudicados. Es así como asociados al tema de la paz se están empezando a plantear nuevas reglas y normas que den un balance a eternas disyuntivas que involucran temas como la conservación, la tenencia de la tierra, la deforestación por cultivos de uso ilícito y el desplazamiento.

Uno de ellos es el decreto que fue radicado este martes en el escenario de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final con el que Parques Nacionales (PNN) busca darles solución a los conflictos socio-ambientales por la ocupación de campesinos en estas áreas. El problema es que como muchos de los decretos que buscan ser aprobados vía “fast track”, este ya está levantando polémica, sobre todo entre las comunidades que resultarían afectadas.

Aunque el decreto toca varios puntos, incluyendo la creación de un sistema único de información sobre el uso y la tenencia de tierra, o incentivos a la conservación, lo que más tiene preocupados a los campesinos es el artículo que plantea el “demonte de las actividades no permisibles” en Parques.

“Parques Nacionales Naturales de Colombia podrá celebrar acuerdos con población campesina previamente caracterizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del presente decreto, dirigidos a la recuperación, restauración ecológica y/o conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, como medida de manejo especial y transitoria, que garantice el desmonte de las actividades no permisibles”.

Esta medida, que tal vez es la más central del documento, ha sido interpretada por la delegación campesina de la Mesa Nacional de Concertación Campesina como que Parques sólo les está dejando dos opciones: ser reubicados en áreas donde puedan realizar agricultura o hacer estos acuerdos para que, si se quieren quedar, sólo realicen las actividades permitidas en los PNN.

"Desde que existen los Parques Nacionales hemos venido tratando los conflictos así, con esta normatividad, por lo que el decreto no es novedoso y no creemos que quepa dentro del marco de los acuerdos de paz”, afirmó a El Espectador Sammy Sánchez, secretaría técnica de las organizaciones campesinas en la Mesa de Concertación.

Desde el punto de vista de los campesinos, son varias las razones por las que el decreto de PNN no resuelve sus problemas. Primero, explican, no contempla las razones por las que las personas se asentaron en estos territorios, incluyendo casos de violencia política, despojo, desplazamientos o la alta concentración de la tierra. Además, no se habla de derechos asociados a la tierra y fue presentado unilateralmente.

“Nosotros llevamos tres años en una mesa de concertación de la política pública que solucione estos conflictos entre Parques y campesinos, pero no nos tuvieron en cuenta para esta propuesta”, agregó Sánchez.

Por esto, sólo dos días después de que PNN radicara el decreto, la delegación de campesinos de la Mesa Nacional de Concertación presentó su propio decreto con el que, afirman, quieren tumbar el paradigma de “parques sin campesinos”.

Actualmente se estima que hay más de 20.000 familias que habitan o habitaban en Parques antes de que fueran áreas protegidas y que más del 60% de las áreas del Sistema de PNN presentan situaciones de usos no permitidos de tierra, ocupación y tenencia de predios por parte de los campesinos.

Ante esto el decreto de los campesinos propone que se les reconozcan los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, así como estás tengan una participación activa a la hora de proponer ejercicios de conservación y los planes de desarrollo sostenible.

Igualmente, busca que la compra de predios y mejoras se haga con la participación de las comunidades campesinas y que exista la posibilidad de que puedan permanecer en el territorio si adelantan actividades agropecuarias que garanticen su economía y su alimento, así como a la biodiversidad.

Aunque hasta el momento PNN advirtió que no se pronunciará al respecto, el El Espectador conoció que ambas partes se reunieron el jueves en la tarde para encontrar un punto medio. No obstante, no se llegó a ningún acuerdo.

El problema puede ser, como sucede con la mayoría de las leyes, que las interpretaciones sean variadas. Lo cierto, por ahora, es que llegar a saber qué hacer con las personas que permanecen en áreas de Parques promete ser un debate álgido a la hora de hablar de paz.