Las comunidades son las más afectados por las contradicciones del Plan Nacional de Desarrollo en la Amazonia

Las líneas de intervención para la Amazonia, incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso de la República, parecen ser contradictorias. Así lo revela la Asociación Ambiente y Sociedad. La razón: el PND fomenta y promueve al mismo tiempo dos modelos de desarrollo incompatibles. Por un lado, reconoce que el crecimiento de la región debe ser sostenible; por el otro sigue priorizando la minería, la extracción de hidrocarburos, la ampliación de la frontera agrícola y la infraestructura.

“Desde el PND se propone un pacto por la sostenibilidad de la Amazonia, muy relacionado con la reconversión agropecuaria, el turismo y el cuidado de los bosques. Un pacto que busca ayudar a cumplir los compromisos de cambio climático asumidos por el gobierno colombiano. Sin embargo, el mismo PND promueve la expansión de los procesos de explotación de hidrocarburos. Esta situación encarna una profunda contradicción que afecta a los campesinos y a los indígenas de la Amazonia”, afirma Karla Díaz Parra, investigadora de Ambiente y Sociedad.

Según Díaz, si la Amazonía quiere ser una región sostenible no hay ninguna razón para que el gobierno permita ampliar los proyectos de extracción de petróleo o de minerales. “Una de las cuencas con más proyección de hidrocarburos, dice Díaz, es la cuenca Caguán-Putumayo. Si uno ve el mapa de la zona, casi todo el territorio del Caquetá y del Putumayo está concesionado o por concesionar., y eso es muy grave” (ver infografía).

Estas contradicciones se hacen más evidentes cuando se compara el PND con los Planes de Acción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETS) de los municipios de la región o con el Modelo de Ordenamiento Territorial de la Amazonía (Motra).

En los PDETS del Caquetá y del Putumayo, por ejemplo, en ninguna parte están contempladas las actividades extractivas como alternativa de desarrollo. “La gente no quiere eso; quiere agricultura familiar, cadenas productivas, transformación de sus productos agrícolas, vías terciarias. Quiere lo que siempre ha querido y de alguna forma lo que está en el acuerdo de paz”, afirma Díaz.

Otra contradicción entre el PND y los instrumentos de planeación territorial radica en cuáles actores deben ser los responsables de liderar el proceso de desarrollo de la región. En el Plan Nacional esa tarea le corresponde a las instituciones, a los mecanismos de cooperación

internacional y a las ONGs. Mientras tanto, en el territorio amazónico son las familias, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes quienes han llevado históricamente la batuta en estos procesos.

“No podemos hablar de desarrollo sostenible y al mismo tiempo promover la ampliación de la frontera agrícola y la expansión de los modelo de hidrocarburos. Eso no es compatible. La tierra es limitada, en el mismo kilómetro cuadrado no podemos hacer las dos cosas”, insiste Díaz.

Según, Ambiente y Sociedad, los instrumentos de ordenamiento del nivel central están aprisionando cada vez más a los municipios para que adopten ciertos modelos de desarrollo específicos. “En la Amazonía, particularmente, se está viviendo un proceso de recentralización de las facultades de determinación de usos del suelo, que por competencia constitucional son de los municipios, pero que cada vez más están siendo definidos por el nivel central”, Añade la investigadora. Las consultas populares que en los últimos años proliferaron por todo el territorio nacional son un claro ejemplo de esta situación.

Para Karla Díaz lo propuesto en el Plan de Desarrollo es aún más delicado. “El proceso de consulta previa con los pueblos indígenas no fue incluido en el PND, o bueno, sí fue incluido, pero no se le asignaron recursos, que es lo mismo”. La investigadora denuncia que a pesar de que “el gobierno estuvo reunido con representantes de pueblos indígenas durante varias semanas, al final el capítulo étnico quedó sin presupuesto”.

Los análisis de Ambiente y Sociedad revelan además que en el PND hay otra contradicción grave. “Mientras que las licencias ambientales para la explotación de hidrocarburos se expiden muy rápido y con estándares muy bajos, las declaraciones o ampliaciones de los resguardos se demoran muchos años. Todo el andamiaje institucional está diseñado para agilizar, favorecer y facilitar la expansión del modelo de desarrollo de hidrocarburos”.

Desde hace tiempo, el país viene hablando de un modelo de expansión del extractivismo en todas sus formas: minería, petróleo o monocultivo, y a la vez quiere sacar adelante una apuesta estratégicas para combatir el cambio climático. “Ese es el doble discurso. Los dos modelos son incompatibles. Se van a chocar. Y es la gente que está en el campo la que sufre las consecuencias de esta contradicción”.

Vanessa Torres, subdirectora de la Asociación Ambiente y Sociedad, agrega otro elemento a la discusión. “Además de la promoción del modelo extractivista, el PND reconoce al sector de infraestructura como uno de los principales motores de crecimiento para la región y esto también es incompatible con el modelo de desarrollo sostenible”.

En particular, se refiere a dos mega obras, que de ser retomadas podrían afectar no solo el ecosistema amazónico, sino el buen vivir de las comunidades que lo habitan. “La construcción de la marginal de la selva, que busca integrar Colombia, Ecuador y Venezuela, afectaría a tres departamentos de la región amazónica: Putumayo, Caquetá y Guaviare, además de los departamentos del Meta, Casanare y Arauca. Lo más grave: los estudios de impacto ambiental que se han realizado para el proyecto están incompletos y no se han hecho los procesos de consulta previa adecuados”.

Aunque una de las últimas decisiones del gobierno de Juan Manuel Santo fue detener la construcción de la carretera, todo parece indicar que el presidente Iván Duque quiere impulsar y ejecutar la obra. El costo aproximado del proyecto, según Torres, es de 3 billones de pesos, de los cuales se han ejecutado ya más de 1 billón.

“Nosotros nos interesamos en esta carretera porque está afectando directamente a diferentes pueblos indígenas entre ellos al pueblo Inga, del departamento del Caquetá, en el resguardo de Yurayaco”, asegura Torres. Y reconoce que desde hace tres años la Asociación Ambiente y Sociedad está acompañando a los indígenas y brindándoles información técnica sobre las consecuencias de este tipo de mega obras en sus territorios.

“Hemos impulsando espacios de participación ciudadana y espacios internacionales para visibilizar la problemática de la ejecución de la obra. La carretera va a pasar por el medio del resguardo, allá hay un colegio indígena muy importante para los pueblos amazónicos que se vería afectado. Es una tragedia anunciada y por eso las comunidades no quieren la carretera”, afirma Torres.

La otra obra que Ambiente y Sociedad está estudiando desde hace tiempo es la carretera Pasto-Mocoa. Una 4G pausada e incompleta pese a la inversión de 52 millones de dólares realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y que de no hacerse con los estándares de precaución ambiental requeridos también podría afectar varios resguardos indígenas y áreas protegidas.

“Nuestras preocupaciones radican en la utilidad de las obras. Todas se están enfocando en el desarrollo económico. No es casualidad que la mayoría de las 4G estén cerca de una gran mina o de un pozo petrolero y no tengan en cuenta el bienestar y las necesidades de los pueblos indígenas y comunidades campesinas que han vivido en estos territorios durante cientos de años”

Es así que estas obras, además, no están teniendo en cuenta el impacto ambiental que generan. Los proyectos de infraestructura de algún modo, aumentan la deforestación, amplían la frontera agrícola, problemas muy graves en el territorio amazónico.

De acuerdo con Torres, las directrices en infraestructura del nuevo Plan Nacional de Desarrollo muestran que no hay una planeación territorial profunda que incluya la acción colectiva de las comunidades en la ejecución de obras. “Se sigue promoviendo la ejecución de obras público-privadas en las que los riesgos los asume en su mayoría el sector público y las ganancias el privado. Este modelo afecta a las comunidades”.

Sin embargo, para Torres el punto más grave del PND es que no incluye ni siquiera el enfoque de sostenibilidad dentro del desarrollo de la cartera de infraestructura. “Pese a que el mismo Plan cita al Ideam y al Minambiente, y reconoce que el sector de la infraestructura ha sido uno de los responsables de la deforestación a nivel nacional, no se plantea un enfoque sostenible del mismo”.