Las trabas para exportar oro “verde”

En Nariño, una cooperativa minera explota oro sin utilizar una sola gota de mercurio. A pesar de que está certificada a nivel mundial, dice que una reciente resolución podría truncarle las exportaciones.

Maria Paula Rubiano
24 de febrero de 2017 - 00:29 a. m.
Las trabas para exportar oro “verde”

Varios ríos de piedra gris bajan de cuatro cerros a 2.300 metros de altura en la cordillera Occidental nariñense. Son las sobras, el “material estéril” que sacan los mineros de la Cooperativa del Distrito Minero de La Llanada, Coodmilla Ltda. Esa roca, que en buena parte se ha usado durante 40 años para construir las casas de La Llanada (Nariño), es la única contaminación que generan los 160 mineros de Coodmilla. Ni mercurio ni cianuro ni ácidos se usan para sacarles el oro a los trozos de montaña que salen de los socavones del pueblo.

Por eso, desde enero pasado, diez de sus unidades de producción (que pueden ser microempresas, o un único minero que explota los 20 metros asignados) cuentan con el estándar Fairmined, otorgado por la Alianza para Minería Responsable (ARM, por su nombre en inglés), una organización que busca fortalecer las cadenas de producción y venta de oro responsable a nivel mundial. Así, Coodmilla se convirtió en la sexta iniciativa del mundo en contar con este galardón.

El oro limpio de La Llanada es, en parte, producto del azar. El mineral precioso de sus montañas no está lo suficientemente adherido a otros elementos del terreno para que sea necesario usar químicos como mercurio o cianuro. Daniel Riascos, director de Coodmilla, dice que los 160 mineros aíslan el metal precioso a punta de batea o aplicando la gravimetría, un método en el que la gravedad hace todo el trabajo: se aprovecha el peso del oro para separarlo, con máquinas especiales, de otros minerales más ligeros.

Pero ese no es el único motivo por el cual el mercurio no se ve en el municipio. La Llanada tiene una vocación minera que se remonta a principios del siglo XX, cuando una empresa canadiense —su nombre no es claro para los habitantes del pueblo— llegó al territorio y, como en otros municipios, trajo insumos en avionetas que aterrizaban sobre pistas improvisadas, pues no había vías de acceso a los encumbrados poblados. Luego, con la caída de los precios de los metales a mediados del siglo pasado, los canadienses se fueron. Pero dejaron un enjambre de trabajadores con ideas de cómo explorar vetas auríferas.

Según Harbin Guerrero, nieto e hijo de mineros, “ahí fue cuando los pobladores decidieron organizarse y en 1977 nació Coodmilla. Se intentó usar mercurio, pero al ser una zona lejana de los centros de minería tradicionales del país, era difícil conseguirlo. Además, nuestros primeros mineros no tenían un sentido muy claro de cómo usarlo, les daba miedo. Y la mineralogía también influye: que en nuestro territorio no sea tan fácil aplicarlo”.

Generalmente, el mercurio es necesario en minería para separar el oro de otros minerales presentes en la tierra. Al añadir este metal peligroso a los sedimentos, oro y mercurio se atraen y crean una masa compacta. En este proceso, miles de litros de mercurio llegan a ríos y suelos, contaminándolos. Lo peor viene después, cuando los mineros inhalan sus vapores tóxicos al calentar esa amalgama para que el mercurio se evapore y el oro quede puro.

En 1991, Coodmilla obtuvo cuatro títulos mineros para explotar cien hectáreas que hoy comparten sus 160 asociados. Pero no fue sino hasta los primeros años de la década del 2000 cuando conscientemente decidieron evitar el uso de metales peligrosos. “Por esos años, la Alcaldía puso la planta de beneficio que hoy seguimos usando. Esa planta tenía la opción para hacer los procesos con mercurio. Pero la gente la rechazó y prefirió quedarse con los métodos tradicionales”, cuenta Daniel Riascos, director de la cooperativa.

Harbin Guerrero recuerda que se acercó a la Alianza para la Minería Responsable en 2008, un año después de conformar legalmente su empresa, que hoy cuenta con 12 trabajadores. Su microempresa, Ecometales Nariño, se convirtió en el proyecto piloto para postularse por la certificación Fairmined, proceso que tarda entre 18 y 24 meses. Aunque confiesa que llenar la lista de requisitos en temas organizacionales, ambientales, sociales y de condiciones de trabajo no fue fácil, él y otras cuatro unidades productivas de La Llanada lo lograron en 2015.

Además de abrirles las puertas al mercado internacional, la certificación Fairmined les da US$4.000 por cada kilo de oro vendido. Con parte de ese incentivo pudieron tecnificar otras cinco minas de Coodmilla, que fueron las que en enero de este año obtuvieron su estándar. La idea es seguir aplicando este método hasta que cada uno de los frentes mineros del municipio esté certificado.

Gracias al certificado, Coodmilla le vende a la casa joyera Chopard, que se encarga de hacer la Palma de Oro de Cannes. Varios países europeos hacen sus monedas con oro Fairmined. De hecho, el Nobel de Paz de Juan Manuel Santos se hizo con oro de este municipio que queda a cinco horas en carro de Pasto. Pero una resolución de la DIAN expedida el año pasado podría sepultar todos los esfuerzos de la cooperativa.

Las mismas reglas que las multinacionales

“Nuestro proceso exportador es muy sencillo. Nosotros le entregamos el material a la empresa que lo lleva al exterior, que lo saca de acá por $300.000”, cuenta Daniel Riascos. Pero con la resolución 058 de julio de 2016, la DIAN exige que, antes de que el mineral salga del país, debe tener certificada la pureza y el peso, con el fin de calcular las regalías con la mayor exactitud posible. No obstante, según Riascos, el procedimiento les triplica los costos de exportación.

El representante de Coodmilla asegura que ese procedimiento sólo lo puede hacer un laboratorio certificado o una oficina que ellos mismos manejen. “Nosotros no tenemos ningún problema con la inspección del material, no estamos para nada en contra de eso. El problema es de costos: si piden sacar una carga, que cada mes no supera el kilogramo de oro, nos cuesta $2 millones”, explica.

Añade que ese es el menor de los problemas que les trajo la resolución. “Buscar el laboratorio implica pasear con el oro por Bogotá, lo cual es supremamente inseguro. La DIAN nos dijo que contratáramos una empresa de seguridad. Hicimos los cálculos y, al año, pagándole a una empresa de esas, se nos irían entre $12 millones y $20 millones”, explica.

Montar ellos mismos el laboratorio también es impensable: el instrumento que hace la medición de pureza tiene un precio que ronda los $70 millones. “Para una multinacional, eso no afecta nada. Pero nosotros, que somos minería artesanal, que exportamos un kilogramo al mes, somos distintos”, dice Riascos.

Harbin Guerrero, uno de los miembros más tecnificados de Coodmilla, señala que, como en toda la reglamentación minera, no hay estratificación en los requisitos que les piden a los grandes de la industria y a los artesanales. De hecho, ese es un reclamo que vienen haciendo los mineros artesanales del país desde que se aprobó el nuevo Código de Minería.

Por su parte, el viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, le dijo a El Espectador que el Ministerio reconoce que los mineros tienen la razón en que el Código de Minas los trata indistintamente con la gran minería, pero, por esa razón, “hemos diseñado mecanismos de fiscalización diferencial a la pequeña minería, así como la creación de la dirección de formalización en el Ministerio de Minas. Asimismo hemos gestionado préstamos con el Banco Agrario, estructurando los proyectos que presentan los mineros artesanales para que consigan créditos de hasta $500 millones”.

Para el Ministerio, estas estrategias, si bien no modifican los requisitos exigidos jurídicamente, sí representan un impulso y tratamiento diferencial a favor de la minería artesanal. En cuanto al decreto expedido por la DIAN, el viceministro Cante señaló que “el decreto original era mucho más restrictivo” y que, gracias a las gestiones del Ministerio de Minas, dejó de ser así. “De todos modos, nuestro objetivo es que los mineros alcancen mejores niveles de competitividad, que avancen”, dijo.

Para los productores de oro de La Llanada, es absurdo que sea más difícil llenar todos los requisitos del Gobierno que los de la ARM, una ONG que fija estándares internacionales —y que, dicho sea de paso, llegó al país por un convenio entre el Ministerio de Minas y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)—. Dicen que no entienden por qué sigue siendo así si ya le han demostrado al Gobierno que su minería es tradicional y muy distinta a la ilegal, que pulula y que además acaba con todos los recursos del país.

Por Maria Paula Rubiano

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