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La iniciativa en Santander es ordenar el manejo de sus cuencas hidrográficas. Con esa pretensión se dio inicio al tercer Conversatorio por el Agua, realizado en Bucaramanga el pasado 24 de agosto. El evento, respaldado por Isagen, El Espectador, People and Earth y WWF-Colombia, reunió a 15 instituciones del Gobierno, el sector privado y la academia para socializar conflictos, modelos y necesidades del departamento con respecto al agua. Sus aportes fueron la cuota regional para ajustar la Política Nacional del Recurso Hídrico creada por el Viceministerio de Ambiente en 2010. (Lea: Ideas para cuidar el agua en el Eje Cafetero / ¿Cómo pensar en el agua del futuro?)
Una Política con los objetivos de garantizar la sostenibilidad, concientizar a los colombianos sobre la gobernanza del agua y su conservación, y dar solución a los problemas de las fuentes hídricas del país. Pero cada territorio demanda sus propios apuros y Santander no es la excepción.
La minería en el páramo de Santurbán, pese a la prohibición de actividades extractivas en esos ecosistemas, el agua contaminada por los vertimientos hechos en los cascos urbanos, la escasez de información sobre las fuentes hídricas, la polarización de los actores en el territorio, la división del agua por los límites territoriales y la falta de conservación, son los asuntos que encabezan la lista de urgencias en el departamento.
Aunque la lista bien podría resumirse, como mencionó el gerente de Producción de Energía de Isagén, Diego León González, en “conseguir un espejo de agua bien ordenado” para el desarrollo de una región compuesta por 87 municipios, de los cuales 82 son rurales.
En esa búsqueda, la apuesta ha sido ordenar el territorio desde el recurso hídrico porque “aquí todo gira en torno al agua, el turismo, las actividades productivas y la estructura del departamento”, señaló el Secretario de Planeación de Santander, Héctor Julio Fuentes. Este departamento cuenta con el potencial hídrico de sus 8 cuencas hidrográficas: Carare, Suárez, Opón, Lebrija, Sogamoso, Chicamocha, Magdalena y Fonce.
El inconveniente resaltado por la Gobernación actual es el vacío en una de sus apuestas estratégicas: la protección, conservación y democratización del agua. Asunto que se ve reflejado en el proyecto hídrico insignia de la región, el embalse de Topocoro. Una construcción hecha por Isagén que ocupa 4.800 millones de metros cúbicos, convirtiéndose en uno de los más grandes de Colombia.
El embalse es el epicentro de desarrollo del departamento, con su influencia subregional en seis municipios, al transformar el territorio gracias a los usos alternativos que la comunidad propuso darle. Aprovechamientos como la conservación de la biodiversidad, la pesca artesanal, el turismo y los deportes náuticos. Propuestas que Isagén recogió a través de un estudio y que la Gobernación adoptó con el fin de ordenar el espejo de agua.
Sin embargo, “a nivel nacional no hay legislación sobre planes de ordenamiento de espejos de agua”, denunció Fuentes, y la falta de autoridad sobre Topocoro ha causado problemáticas en la zona como el turismo informal. Ese proceso, por ejemplo, es una de las limitaciones del departamento frente a la gobernanza del agua.
Un problema en las alturas
Arriba, desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar, se extiende el páramo de Santurbán, el primero en el país en ser delimitado con el fin de prohibir las actividades extractivas. Pero el objetivo del presidente Santos al darle tal orden al Ministerio de Ambiente y éste a su vez, al solicitarle la demarcación al Instituto Humboldt, no salió como se esperaba.
Se entremezclaron algunas zonas que sí fueron limitadas y otras que no, conservando las minas legales y las que más preocupan, las ilegales. Aunque para el cofundador del Movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, Erwin Rodríguez-Salah, todas son gravísimas.
“No puede haber actividades extractivas bien hechas en ecosistemas tan frágiles como los páramos porque todo proyecto minero, llámese como quiera, que esté por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, ponen en riesgo nuestra agua”, explicó el ambientalista, quien ha impulsado la campaña Gran alianza por el Agua en el departamento.
Por otro lado, la cuota académica en el Conversatorio, el ingeniero agrícola y docente de Ingeniería Ambiental de la Unidades Tecnológicas de Santander, Belisario Macías, insistió en que “si no explotamos el agua, el oro, el cobre, no podríamos andar en un vehículo automotor, ni utilizar los smartphones. Lo que hay que enseñar es que no en todas partes se puede explotar, teniendo en cuenta que, las comunidades de arriba deben vivir de algo y para que cambien la extracción por otra actividad comercial, hay que ofrecerles soluciones sostenibles”.
Se acaba el agua para los de abajo
En los cascos urbanos de Santander la problemática es otra: cómo equilibrar la oferta y demanda del agua. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga se ocupa de la capital y los municipios de Floridablanca y Girón, con un total de 264 mil usuarios, aunque en la región se registre 1 millón 77 mil ciudadanos.
Para abastecerlos de agua, el acueducto es propietario de más de 12 mil hectáreas de páramo, donde cumple con una serie de tareas para preservar el recurso hídrico. Contratar guardabosques para que cuiden de las especies nativas, reforestar, adelantar programas de saneamiento básico, entre otros. Pero el área que les pertenece es poca en comparación con las 24 mil hectáreas que el Gobierno sugiere proteger en esos ecosistemas.
En otros municipios como Lebrija la demanda del recurso hídrico les quedó grande. Es por esto que Empulebrija ESP, la empresa de servicios públicos, busca extender sus redes de agua hasta la capital con el apoyo del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. La oferta que obtendrán de allí son 75 litros de agua por segundo para sus necesidades.
El problema es que se atiende la demanda, pero la protección de los nacimientos (la oferta) son contados. Esto hace cojear la balanza entre lo que se consume y lo que la tierra produce. En palabras del jefe de Control Interno de la APC (Administradora Pública Cooperativa) Manantiales de Chucurí, Gabriel Amaury, “el mal funcionamiento de algunas de las empresas de servicios públicos es la principal depredación del medio ambiente. Uno no critica mucho el sector de la minería como depredadores del sector industrial, pero se nos olvida que la mitad del agua que se capta de nuestros ríos se está perdiendo y está cayendo a los vertimientos”, señaló el santandereano.
Un sueldo por cuidar nuestro hábitat
Una solución propuesta por la APC Manantiales de Chucurí, con el apoyo de la Fundación Natura, fue el pago por servicios ambientales (PSA). Sesenta campesinos de San Vicente de Chucurí reciben por año $200 mil, o bienes como el mejoramiento del sistema productivo, la donación de abonos, entre otros, a cambio de un buen manejo del recurso hídrico y la conservación de la zona alta. Para que no toquen el bosque y a la vez reduzcan los contaminantes que capta el agua de lluvia desde el contacto con el suelo hasta las quebradas.
Este dinero sale de un aporte voluntario que pagan los usuarios del municipio con el recibo del agua. Sin embargo, “es un valor muy bajo para lo que puede ganar un campesino en esa hectárea, que no es solo minería sino cultivos de cacao, que les dejaría muchísimo más que ese valor”, explicó el investigador asociado a Natura, Wilson Fernando Gómez.
El modelo también ha beneficiado a 25 campesinos del municipio de Zapatoca, en la microcuenca El Ramo y se piensa replicar en Betulia, donde 30 habitantes de las zonas altas puedan recibir los mismos pagos.
Apostar por la biodiversidad urbana
Hace dos años, el Instituto Humboldt publicó un reporte sobre la situación de la biodiversidad en el país. En él, Santander apareció como uno de los departamentos con mayor número de especies críticamente amenazadas. En especial, 13 especies de flora (caoba, cedro, orquídeas, frailejones, roble negro, etc.) y 12 de fauna (nutria gigante, oso de anteojos, mono araña, etc.) que la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) ha priorizado para su conservación.
Aunque el ecosistema de la mayoría es rural, las ciudades esconden una biodiversidad que, para el gerente regional de la de la Asociación de Industriales de Colombia (Andi), Juan Diego Méndez, hay que preservar con urgencia. De ahí que el gremio haya agrupado al 65 % de las empresas manufactureras de Bucaramanga en un Comité de Asuntos Ambientales; entre ellas, Bavaria y Coca-Cola.
Un espacio para cumplir metas: reducción de la huella de carbono, políticas de sostenibilidad, integración de la biodiversidad a las cadenas de valor, entre otras apuestas.
Pero la iniciativa pionera del gremio la han bautizado Biodiversidad y Empresa. Un proyecto que articuló a cinco empresas del departamento, de los sectores de energía, mineroenergético, metalmecánico, servicios, salud; para hacer un diagnóstico de lo que han hecho en la región en términos de biodiversidad. El objetivo es compartir esas experiencias y construir desde el sector privado un plan de acción a futuro enfocado en biodiversidad urbana.
La iniciativa se está ejecutando con el apoyo del Instituto Humboldt, Minambiente, autoridades ambientales de la región, la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander.