Ayer, mientras el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, en compañía de Fernando Iregui, director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), ratificaba en una rueda de prensa en Neiva (Huila) su intención de hallar solución a los problemas que se pueden desprender de la apertura de El Quimbo, alrededor del mil pescadores artesanales marchaban por las calles de la capital huilense. Habían llegado en las horas de la mañana con un propósito: lograr que el Gobierno y el Tribunal Administrativo del departamento los reconociera como afectados directos por la hidroeléctrica.
“Lo único que queremos es que se resuelva nuestra situación. La seguridad alimentaria de nuestro territorio está en emergencia y necesitamos ayuda. Es urgente. Al menos que envíen una comisión técnica para que compruebe lo que decimos”, le dijo a este diario Gildardo Rojas, vocero de la asociación de pescadores del municipio de El Hobo.
Para Rojas y sus compañeros, en la controversia alrededor de El Quimbo, reabierta el domingo pasado, ellos son los más afectados. “Los olores y la posible mortandad de peces que se va a generar nos tienen alarmados. Si no podemos pescar, ¿de qué vamos a vivir? Sólo sabemos hacer eso”, aseguran.
Y aunque aún no hay datos concretos sobre la afectación de los piscicultores de la región tras la reactivación de la hidroeléctrica, los cálculos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), indican que no serán muy altos. “Hasta el momento la mortandad en el embalse de Betania ha sido leve. Se pronosticó que en un proyecto de tres mil toneladas se vean afectadas 1.5 toneladas, una cifra mínima que no genera alarma”, explicó la Aunap, a través de un comunicado.
Además, según dijo el ministro de Ambiente, se establecerán unas mesas de trabajo con los pescadores, los alcaldes de los municipios implicados, la Aunap y la Cámara de Comercio de Neiva para hallar una solución conjunta. “Vamos a acompañar todo este proceso y haremos el seguimiento respectivo”, indicó.
Sin embargo, más allá de los líos ambientales relacionados con El Quimbo, que en palabras de Angélica Gutiérrez, hidróloga de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. (NOAA), ponen en evidencia un complejo panorama ambiental de deforestación y deterioro de cuencas, hay también unas dificultades sociales por las que varios pobladores reclaman.
“Hay serios inconvenientes en los reasentamientos que prometió Emgesa, operadora de El Quimbo, y en las compensaciones a quienes vivían en las tierras de afectación, pues no ha habido una restitución adecuada. Incluso, la Corte Constitucional, en la sentencia T-135 de 2013, ordenó garantizar el derecho al trabajo, al mínimo vital, y eso no ha sucedido”, cuenta Jénniffer Chavarro, vocera de Asoquimbo, asociación que reúne 800 personas.
Chavarro se refiere a casos como el de Francisco Cabrera, un pescador artesanal que vivía en Veracruz, en la zona de influencia del proyecto, y fue trasladado a una finca habilitada por Emgesa para los reasentamientos. Según cuenta, él y su familia fueron reubicados desde el municipio de Gigante en una de las 19 viviendas del lugar. “Estoy conforme con la casa, así tenga las puertas de zinc. Es mucho mejor que la que tenía, que era de bahareque, aunque aún no nos hayan dado las escrituras respectivas. Así que todavía no sabemos si es nuestra. Pero el mayor problema es que ya no puedo pescar porque el río no da peces. Dentro de él hay hasta árboles de ocho metros que nos lo impiden”.
Por esa afectación, cuenta, Emgesa les prometió proyectos de piscicultura en las nuevas tierras, pero al llegar les aseguraron que había sido imposible empezarlos. “A cambio nos dieron ocho vacas lecheras. Pero yo, a mis 56 años, jamás he ordeñado. No sé nada de ganado. No sé de qué vamos a vivir. Es una situación muy berraca. Además, no tenemos distrito de riego y quieren que estas casas sean estrato cuatro. Antes éramos uno. ¿Cómo vamos a pagar? A mí aún no me han dado la compensación”, dice Cabrera.
En su defensa, Lucio Rubio, presidente de Emgesa asegura que frente a estos reclamos hay que tener prudencia y no se puede hablar de manera genérica. “Habría que evaluar cada uno en detalle”. Según él, la reactivación de El Quimbo se ha hecho con sumo cuidado. Tanto, dice, que el embalse de Betania ya está en su 80%, hay buenos niveles de caudales con buena calidad del agua y buenos valores de oxígeno. “Así estamos minimizando los riesgos de una mortandad de peces y los pescadores podrán continuar con sus actividades”.
Frente a los reclamos de las familias reasentadas, Rubio afirma que hay 4.000 personas que han recibido medidas de compensación. “Todos los que de acuerdo a la licencia ambiental tenían derecho a un reasentamiento o a una compensación, lo han obtenido. Más de 400 personas de 90 familias viven en esos reasentamientos con todos los servicios públicos. Y quienes tenían derecho a una compensación económica, como las dos mil personas que hacían parte de la población no residente, han desarrollado sus propios proyectos productivos. Es cierto que aún están pendientes por construir unos distritos de riego, pero están paralizados porque aún no autorizan la licencia de aprovechamiento forestal”, dice Rubio.
Según sus cifras, la inversión social supera los $358.000 millones, que incluyen $6.800 millones en auxilios educativos. “Y hay que entender también que hay también personas que quieren tener acceso a esas ayudas y se presentan como afectados, pero hemos hecho todo de acuerdo a los censos. Así que tenemos información muy clara al respecto”.
Pero Chavarro, de Asoquimbo, insiste que pese a esos recursos aún hay muchas familias afectadas que nunca fueron reasentadas ni compensadas. Hay, apunta, “un tema de restitución pendiente que debe ser solucionado. Los censos se hicieron de manera errónea. Tras los inconvenientes ambientales, hay una problemática social que se ha descuidado”.