Los primeros días de esta semana Colombia conoció las primeras pistas de una decisión que muchos estaban esperando y que podría establecer una nueva ruta para la minería y la protección del medioambiente. A través de un comunicado de prensa, la Corte Constitucional informó que ya está lista la sentencia que resuelve la demanda presentada en agosto de 2015 contra un aparte del Plan Nacional de Desarrollo. Y dio un par de claves: no más minería en páramos y, de ahora en adelante, el Gobierno debe concertar con los municipios si quiere explorar y explotar sus suelos.
El fallo, del que aún no se conoce el texto final, coincidió con otra noticia que mañana será presentada oficialmente a Juan Manuel Santos.
Después de dos intensos años de trabajo, la Universidad Externado dará a conocer un completo estudio sobre la minería en Colombia. En cinco tomos, Juan Carlos Henao, su rector y expresidente de la Corte Constitucional, le entregará una investigación que involucró a todas las facultades y que promete ser una de las más completas con que contará el país. Son 64 capítulos hechos por 93 investigadores, revisados por pares internacionales, que muestran datos como este: el 70% de los Andes colombianos y cerca del 40% del total del territorio nacional es requerido para explotación minera. O este otro: anualmente Colombia emite 180 toneladas de mercurio.
“Queríamos acabar con esa autarquía investigativa. Es la primera vez que una universidad, toda, al unísono, va a hacer una publicación de conjunto. Es el principio de una serie que presentaremos cada dos o tres años”, cuenta.
Para Henao, hacerle esa contribución al país era la mejor forma de celebrar los 130 años de fundación que está cumpliendo la Externado. De ahí se graduó como abogado y volvió como rector en marzo de 2012 para reemplazar a su maestro, Fernando Hinestrosa. “En este cargo -dice- me siento más honrado que en el de presidente de la Corte Constitucional. Es mi ADN porque soy un librepensador y esta universidad representa la educación para la libertad. Y si se educa en esa libertad, en el pluralismo y en la tolerancia se garantiza la paz. Educar para el dogmatismo genera guerra”.
Cada tanto, mientras analiza el futuro minero del país y reclama normas claras y más atención del Estado, Henao vuelve sobre esos principios, que defendió sin “peros” mientras estuvo al frente del alto tribunal y que ahora intenta replicar en su universidad, de la que recuerda, entre otras cosas, el papel que cumplió en la dictadura de Rojas Pinilla. Tan importante sigue siendo para él ese ideario que lo resume en una frase tajante: “El día en que ese ideario muera se acaba la humanidad, porque se acaba la libertad”.
La entrega de esta investigación concuerda con los primeros detalles del fallo de la Corte Constitucional que prohibe la minería en páramos. ¿Está de acuerdo con esa posición?
De lo que se conoce, estoy de acuerdo con dos principios: uno, que los páramos son intocables en términos de minería. Son los ecosistemas que más protección necesitan: ahí están las fuentes hídricas. Pero tampoco se puede satanizar esta actividad. Gracias a ella usted tiene la grabadora con la que está haciendo esta entrevista, o el reloj o la cámara. El segundo punto con el que estoy de acuerdo es que debe haber democracia e inclusión de las comunidades en los proyectos mineros. No podemos seguir con la concepción de que las comunidades son una incomodidad para la minería. La decisión debe ser democrática, porque un proyecto minero altera por completo cualquier pueblo.
Entonces, ¿está de acuerdo en que los municipios hagan consultas populares para decidir si quieren o no minería en sus territorios?
Todo lo que sea participación democrática es positivo. Pero un punto en el que vale la pena llamarle la atención al Gobierno es que no ha habido reglamentación. Desde siempre, la minería ha quedado en manos de la jurisprudencia. Desde que yo estaba en la Corte le hemos reiterado al Gobierno y al Congreso que reglamenten la consulta popular. Somos conscientes de que en muchas ocasiones produce excesos y hasta puede desembocar en corrupción.
Justamente, uno de los grandes desafíos de Colombia es lograr una completa regulación sobre minería. ¿Por qué ha sido tan difícil dejar las reglas claras?
Le ha quedado difícil porque a la reglamentación de la minería le ha ido bastante mal en los últimos 10 o 12 años en las altas cortes. Las normas más importantes de la minería han sido declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional o han sido declaradas ilegales por el Consejo de Estado. Pero ahí es donde está el equilibrio de poderes. La reglamentación tiene, básicamente, tres aspectos esenciales: uno es cómo armonizar las decisiones del centro, es decir, Bogotá, con las decisiones de los departamentos. Es una tensión dura en términos de relación centro-periferia. El segundo tema importante es hasta dónde se va a permitir la participación democrática de las comunidades en materia de licencias ambientales. Y el tercer punto tiene que ver con todo el tema tributario y de regalías. Sin lugar a dudas, hay mucha inseguridad jurídica.
Hay quienes hablan de algunos riesgos en esa descentralización que propone la Corte…
El tema de fondo es si Colombia es un país centralista o es un país que puede tender a ser algo federado. Es un tema que da para una tesis doctoral. Una de las cosas que dicen es que eso no se puede ir para los departamentos, porque allá hay mucha corrupción. Pero en el centro también la hay. Lo que tenemos es que avanzar en cultura ética de la sociedad colombiana. Los departamentos tienen mucha importancia constitucional porque allí vive la gente. No sólo vive en Bogotá. Esa relación plantea conflictos, claro. Son conflictos que se han presentado desde el siglo XIX en cualquier país.
¿Puede haber conflictos en relación con la prohibición de minería en páramos?
Sobre la prohibición de minería en páramos, respecto a títulos mineros que ya se habían adjudicado, hay que esperar la sentencia de la Corte. No me atrevería a decir cuál es la relación entre derechos adquiridos y medioambiente. Lo único que le puedo decir es que el concepto de derecho adquirido no es absoluto; puede ser evolutivo. Un derecho adquirido puede ser adquirido, pero después volverse inconstitucional por determinados cambios.
Un aparte de la investigación habla del papel de la minería en un escenario de posacuerdo. ¿Cuáles serán los principales desafíos?
Acabar con la minería ilegal y la minería criminal. El día que eso se logre, los territorios van a tener mucha más paz y el medioambiente va a tener una ganancia increíble. Ha habido una omisión del Estado en aplicar normas para impedir su avance: hoy esa actividad representa el 60% de la minería. Y esa es la que produce, por ejemplo, 180 toneladas de mercurio que se lanzan constantemente al subsuelo colombiano. El otro reto es no maltratar a quienes hacen minería artesanal.
Ustedes lo ratifican: el derecho, en el caso de la pequeña minería, muchas veces actúa como instrumento de represión y criminalización. ¿Cómo frenar ese problema?
Es un problema de reglamentación y de concertación con esos mineros. Pero, en efecto, no puede criminalizar a esos mineros. Hay generaciones de generaciones viviendo de esta actividad. Se debería propender porque haya ayudas tecnológicas que generen menos daños al medio ambiente. Ese es el gran trasfondo de la minería: cómo resolver la tensión entre minería y medio ambiente para garantizar una sostenibilidad para las generaciones futuras. Si seguimos destruyendo el planeta muchas generaciones van a sufrir. Esa es la reflexión de fondo.
Otro punto clave en la investigación son los conflictos sociales que generan las empresas que explotan carbón…
La minería legal a gran escala tiene que permitirse. No se trata de satanizarla, porque es necesaria para el desarrollo social. No puede haber una sociedad que se desarrolle económicamente sin tener industria minera. Eso es esencial. Pero el Estado debe buscar todos los elementos para mitigar y evitar el menor daño.
¿Y sí tenemos autoridades ambientales suficientemente sólidas para avanzar en la dirección correcta?
Creo que sí. Es cuestión más de decisión política como muchas cosas en este país.
¿Que Colombia se presente como un líder en la lucha contra el cambio climático y al tiempo ratifique sus intenciones de explotar carbón no es una contradicción?
Sí, pero el carbón es un mineral que se necesita y se sigue teniendo comercialización. Lo ideal es que en términos internacionales se garantice la minería certificada legalmente. Ese es el problema. Es como la hipocresía del capitalismo en muchos frentes: paraísos fiscales, contrabando… Eso ocurre con la minería. El capitalismo minero dice ser honesto, pero las mercancías ilegales de la minería se compran, se usan y se venden. Debería haber una autoridad internacional que exigiera y examinara cuál es el origen del coltán de una grabadora, por ejemplo.
¿Por qué es tan difícil para los políticos entender y defender los derechos ambientales?
No se tiene una concepción tan clara del medioambiente, porque el político es un inmediatista. El político necesita mostrar resultados inmediatos y el tema de medio ambiente es un asunto de generaciones futuras. Entonces, obviamente, es muy difícil ir a un territorio donde unas 300 mil personas viven de la minería ilegal y decir que se tiene que acabar porque todas se quedan sin empleo. Sólo una concepción de la vida, de la historia, que sea para generaciones futuras, va a permitir que se cambie esa concepción política inmediatista sobre el medioambiente.
¿Y cómo están garantizando las universidades y facultades de derecho esa formación ambiental?
La formación de pregrado en medio ambiente está garantizada más por lo que llamamos ética ambiental. Es decir, que usted sepa que el medio ambiente es un tema esencial en la sociedad y en cualquier estado. Es su deber culturizar a la gente sobre esa necesidad de cuidarlo.
Muchos científicos sugieren que el país se acostumbró a solucionar todo con decisiones judiciales. ¿Qué opina? ¿Cómo combatir esa idea de que todo se soluciona con demandas, tutelas y decisiones de jueces?
Estoy de acuerdo. Colombia tiene un exceso de “judicialismo”. Falta más pronunciamiento político y organización de la sociedad civil. En efecto, la mayoría de los grandes problemas, que en otros países se resuelven políticamente y con diálogo entre la comunidad civil y los gobiernos, aquí se resuelven con los jueces. El exceso de judicialización lo que está mostrando en el fondo es una falta de democracia y de organización política de la sociedad. Aquí todo termina en una decisión judicial: desde una acción popular hasta qué hacer en El Quimbo. Pero eso no significa que el papel de los jueces haya sido negativo. Todo lo contrario. Han sido un vector de democratización del país. Lo hacen ellos porque muchas veces no lo realizan los órganos del poder.