Un par de meses después de haber empezado su primer mandato, el presidente Juan Manuel Santos lanzó la primera advertencia contra la minería ilegal, tras hacer un sobrevuelo en Ayapel, Córdoba. Entonces, celebró la incautación de varias retroexcavadoras y la captura de algunas personas que estaban, en sus palabras, asesinando nuestra biodiversidad. “Este es el inicio de una cruzada contra la minería ilegal en el país”, dijo.
Desde aquel anuncio han transcurrido casi cinco años, en los que en repetidas ocasiones el Gobierno ha demostrado su interés en acabar con ese mal que está devorando las selvas colombianas. Su última intención la dio a conocer ayer. En la Casa de Nariño, los ministros de Ambiente, de Defensa, de Justicia y de Minas y Energía presentaron la nueva estrategia para combatir la minería ilegal y criminal, para la cual presentarán un decreto y un proyecto de ley.
Su plan, como lo anunciaron, se enfocará en hacer una guerra frontal contra las mafias que tienen el control de esta actividad y en apoyar la formalización de los pequeños mineros. Eso implica incorporarlos al sistema de seguridad social y capacitarlos para que implementen buenas prácticas ambientales.
Aunque a los ojos de algunos ambientalistas en esta nueva ruta hay elementos a destacar, como la creación de dos grupos élites de la Policía y el Ejército enfocados en combatir este delito y la intención de erradicar de las zonas urbanas las plantas donde se purifica el oro, lo cierto, dicen, es que parece hacer falta una política más incluyente que tenga en cuenta todos los elementos en los que interviene la minería ilegal.
Para Rodrigo Negrete, abogado y consultor legal ambiental, este asunto, “al que el Gobierno responde demasiado tarde después de muchas promesas”, tiene un trasfondo que hay que mirar con lupa y no solo se soluciona con estrategias militares. “Es esencial pensar en cómo se crean estrategias para mejorar la condición de vida de las personas que se han visto afectadas en regiones a donde el Estado no ha llegado. Se requiere de un proceso integral que incluya a las comunidades. Se necesitan también reglas claras sobre la compensación que deben hacer quienes generan el daño”, asegura.
Según él, las medidas del fortalecimiento de las sanciones ambientales y la promesa de definir con más claridad los delitos contra el medio ambiente, son anuncios que no son nuevos. “Tras esta política, que leo incoherente, también hay un tema social terrible. El asunto de fondo es la minería en conjunto, tanto legal, como ilegal. Hay que darle una mirada más completa”, explica.
Con él concuerda Rodrigo Botero García, autor, junto con Alejandra Laina, del capítulo sobre Colombia en el libro Las rutas del oro ilegal, lanzado la semana pasada en el país. De acuerdo con su análisis, emprender una guerra contra la minería ilegal también implica dar una mirada a las condiciones infrahumanas en las que trabaja esa población. “Una ruta como esta debe tener planes que incluyan economías alternativas que generen más oportunidades laborales. Además, hay que demostrar más coherencia en la política. No se puede, por ejemplo, proteger un área y permitir que en ella existan títulos mineros”.
“Hay otro punto que no puede pasar inadvertido. ¿Cómo se va a financiar todo este propósito?”, se pregunta el ex ministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra. “Se necesita un presupuesto extraordinario. No es muy claro de dónde va a salir. Pero la pregunta aquí es por qué, si el Gobierno lanzó la misma estrategia en 2011, no la ha cumplido”.
Y si bien es cierto que en el bando opuesto el gremio minero recibió con agrado la noticia del Gobierno y valoran, como dice León Teicher, presidente de Continental Gold, el intento de formalización, también insisten en que el anuncio viene demasiado tarde. Tal y como cuenta Claudia Jiménez, exdirectora del sector de Minería a Gran Escala, “nosotros veníamos denunciando este flagelo desde hace un buen tiempo. El programa es integral, pero hace falta medir con más detalle su impacto real, como se hace con los cultivos ilícitos”.
Hasta ahora, las cifras presentadas por la Agencia Nacional Minera indican que desde 2012 la producción ilegal cayó en 12 millones de gramos. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), de los 6,76 millones de gramos de oro que se produjeron en 2014, tan solo el 12% se extrajo de manera legal.