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En diciembre de 2015, durante la Cumbre de Cambio Climático en Paris, Colombia se comprometió ante la comunidad internacional a lograr una tasa neta de deforestación en la Amazonia para el 2020. A cuatro años de que se cumpla el plazo, las últimas cifras presentadas por el IDEAM alejan un poco más al país de esa meta.
El Sistema de Alertas Tempranas de Deforestación, en el que se utilizan imágenes satelitales de alta confiabilidad para identificar zonas del país en las que este cambiando la cobertura boscosa, reveló que en el segundo semestre de 2015 se consolidaron siete puntos críticos.
Se trata de las Sabanas del Yarí, el nororiente de Antioquia, noroccidente del Guaviare y sur del Meta, noroccidente del Putumayo, alrededores del río Caguán, suroccidente del Meta alrededor de La Macarena y por último, Norte de Santander cerca del Parque Nacional Catatumbo-Barí.
Según explicó el director del IDEAM Omar Franco, en la jurisdicción de tres autoridades ambientales amazónicas (Corpoamazonia, Cormacarena y CDA) se concentra hoy el 53% de las alertas detectadas. Es decir, que existe un fuerte proceso de deforestación en la misma zona que Colombia se ha comprometido a proteger ante la comunidad internacional. De hecho, Noruega, Inglaterra y Alemania prometieron entregar hasta US $200 millones si el país reduce a una tasa neta de cero la deforestación.
Si se analizan las zonas deforestadas de acuerdo a los departamentos afectados, el 68% del problema se concentra en siete departamentos. El principal, con 16% de la deforestación, es Meta. Lo sigue Caquetá con 14.6%, Guaviare con 12%, Putumayo con 7,9%, Antioquia con 7,47%, Norte de Santander con 5,56% y Nariño con 4,45%.
El municipio que sale peor librado en esta alerta es San José del Guaviare que concentra el 7,5% de la tasa de deforestación. Lo sigue La Macarena con 6,4% y en tercer lugar está Cartagena del Chairá. En esta zona del país no sólo existen grandes cultivos de coca en expansión, también se están abriendo carreteras ilegales, existe una compra masiva de tierras y conversión para ganadería, grandes quemas de bosque. Sin contar la explotación petrolera con casos como los de Hupecol, que ha sido motivo de debate público en las últimas semanas, y la actividad minera ilegal.
En el caso de Antioquia y del Magdalena Medio, la mayor dificultad es la minería ilegal de oro. Y uno de los mayores damnificados es la Serranía de San Lucas, un ecosistema clave para la supervivencia de especies como el jaguar. En Putumayo, lo que más preocupa a las autoridades ambientales es el crecimiento de cultivos ilícitos, un problema que también, aunque en menor escala, se repite en Caquetá y en Norte de Santander, donde están afectando principalmente el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí.
Según el IDEAM tampoco están a salvo de este proceso las áreas protegidas. En la jurisdicción de cinco Parques Nacionales se concentra el 63% de las alertas detectadas. Estos parques son Sierra de La Macarena, Tinigua, La Paya, Ciénaga Grande de Santa Marta y Cordillera de Los Picachos.
De acuerdo a Ederson Cabrera, ingeniero forestal del Ideam y líder del proyecto que emite las alertas, la deforestación en estas zonas resulta preocupante porque está afectando la conectividad que generan estos ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de la tala legal en la región Amazónica, uno de los afectados es el Parque Nacional Sierra de Chibiriquete, uno de los mejor conservados en Colombia. Y este hecho, en palabras de Cabrera, hace que la conectividad que existe entre el Amazonas, la Orinoquia y los Andes empiece a tener dificultades.
“Desde hace tiempo sabemos dónde se concentran los puntos de deforestación, pero no está pasando nada para evitarlo. Es fundamental que se articulen las acciones de los municipios, las gobernaciones, la Policía, la Fiscalía y las autoridades ambientales. No es aceptable que después de seis boletines de alertas a lo largo de tres años continúe la deforestación en zonas que ya estaban identificado. Hay que tomar acciones concretas”, advirtió Pablo Vieira, viceministro de Ambiente.
