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Antes de que termine abril los habitantes de Monterrey (Casanare) irían a las urnas para decidir si le abren las puertas a un proyecto de extracción petrolera. Ese fue el plazo que les fijó el Tribunal Administrativo de Casanare para realizar una consulta popular solicitada por la misma comunidad y que ya recibió el aval del Concejo municipal y de la Alcaldía.
Pero, a pesar de tener el visto bueno del tribunal, en la Alcaldía de Monterrey se respira un aire de zozobra por las consecuencias que podría traer la decisión. El motivo tiene un nombre: la Procuraduría, y unos antecedentes: el 3 de marzo pasado esta entidad hizo público un comunicado en el que les recomienda a los alcaldes de ocho municipios (entre ellos Monterrey) “no realizar el proceso de consulta popular para decidir si se prohiben las actividades de extracción de recursos naturales no renovables”, por ser una actividad que le compete “exclusivamente” a la Presidencia.
Hay un antecedente más: una carta del 26 de febrero que una funcionaria de la Procuraduría (Piedad Angarita Guerrero, quien aparece como coordinadora) le había enviado al alcalde de Monterrey, José Eduardo Ballesteros, señalando que someter a consideración de la población la extracción de recursos como el petróleo representaría una “posible extralimitación” en su ejercicio.
Precisamente con el mismo argumento la Procuraduría Provincial de Ibagué anunció dos semanas atrás que comenzará una indagación preliminar a las autoridades de Piedras (Tolima), municipio que con una consulta popular celebrada en junio de 2013 le cerró las puertas a la minería a gran escala.
“Es básicamente una amenaza lo que le están haciendo al alcalde con ese comunicado”, aseguró una funcionaria de la Alcaldía de Monterrey. El alcalde Ballesteros ha preferido guardar silencio mientras decide, junto con abogados, cuál será el siguiente paso.
“Respetado señor alcalde. Conscientes de las implicaciones negativas para la vida, la ecología y la sostenibilidad ambiental, social y económica para el municipio de Monterrey, que tiene la ejecución y desarrollo del proyecto Odisea 3D que adelantará Ecopetrol... nos permitimos manifestarle nuestra oposición rotunda y definitiva... y le solicitamos que se convoque a una consulta popular”.
Con esta carta de septiembre de 2013, firmada por unos 260 ciudadanos y “fuerzas vivas del municipio”, los pobladores de Monterrey le expresaron al alcalde su preocupación por el proyecto que cubriría un área de 257 kilómetros cuadrados en los municipios de Monterrey, Tauramena, Chámeza, Recetor y Aguazul. Muchos pobladores de Monterrey aseguran que el proyecto impactará “de manera importante” las reservas forestales y las fuentes hídricas ubicadas en la cuenca alta del río Túa.
La pregunta que tendrán que responder en la consulta es si están o no de acuerdo con “que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas Casical, Guayabal, Piñaera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio”.
Las dudas y los temores de Monterrey no son gratuitos. La división entre las autoridades judiciales es evidente: por un lado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca les da un espaldarazo, por el otro la Corte Constitucional acaba de ratificar que sólo la Nación puede decidir sobre los recursos que están en el subsuelo, aunque ordenó que las condiciones de los nuevos proyectos minero-energéticos se acuerden con las alcaldías. Y también está la Procuraduría con sus mensajes.
“Es claro para el alcalde y para todos nosotros que la consulta se debe llevar a cabo, porque es el pueblo el que la está pidiendo, es la voz del pueblo”, señala la secretaria de Gobierno.