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La cita será el próximo 22 de noviembre en el hotel Marriot, de 7 a.m a 1 p.m. Entre los invitados estarán Claudia López, senadora de la Alianza Verde; Guillermo Rudas, miembro del Consejo Académico del Foro Nacional Ambiental; Alejandro Lucio, director general de Energía Renovable de Colombia; Alejandro Callejas, vicepresidente Findeter, entre otros.
López hablará sobre el proyecto "El agua como derecho fundamental", que el pasado martes 15 de noviembre, fue aprobado en el Senado en sexto debate. La iniciativa busca elevar como norma constitucional el derecho fundamental de todo ser humano al agua, lo que significa que el Estado no sólo se compromete a cuidar y recuperar los ecosistemas del recurso hídrico, sino también a garantizar el agua para consumo humano antes que para otras actividades, como agricultura, ganadería o minería. (Lea: Senado aprueba que derecho al agua sea fundamental)
Esta reforma a la Constitución tiene tres propósitos muy concretos: establecerle al Estado la obligación de que proteja, de manera muy especial, y recupere todos los ecosistemas relacionados con la producción del recurso hídrico (bosques, páramos, ríos y selvas).
Garantizar que el uso prioritario de ese recurso sea el consumo humano sin detrimento de su función ecológica. Lo que significa que lo primordial aquí es el consumo humano antes que la agricultura, ganadería o minería. Y, por último, establecer en qué condiciones se va a garantizar este derecho
¿Cómo lo van a hacer?
Aquí tuvimos en cuenta otros tres puntos. El abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos (disponibilidad), el agua debe ser salubre, por lo que no debe contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas (calidad) y, finalmente, no debe haber discriminación alguna para acceder al servicio (accesibilidad).
¿Qué pasaría en aquellos casos, como el de La Guajira, donde los ríos se han desviado para otros intereses?
Para mucha gente este es un tema obvio: el agua debería ser un derecho fundamental porque es vida. Pero eso tan obvio no está en nuestra Constitución y no guía nuestra política pública. El caso de La Guajira es el más claro: agua priorizada para una represa, para distritos de riego y para la empresa Cerrejón, mientras las personas no tienen acceso a ella. De aquí en adelante esto será inconstitucional, no se puede priorizar el progreso de una región por encima del de las personas.
¿Cuentan ustedes con el respaldo del Ministerio de Ambiente?
En quinto debate, en la Comisión Primera del Senado, el mismo Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, vino a pedir que se hundiera el proyecto porque le imponía unas obligaciones a su cartera que no estaban en capacidad de cumplir, relacionadas con la protección de los ecosistemas.
Lo curioso es que antes estuvo en mi oficina, junto con sus asesores, y habíamos acordado un texto, pero luego se aparece a decir que había cambiado de opinión, que le parecía inconveniente. Hay que ser serios porque llevamos meses camellando en este proyecto.
Entonces todos, menos Cambio Radical, porque el ministro es de ese partido, votamos a favor del proyecto en esa oportunidad. Pero después de eso me volví a reunir con Luis Gilberto en mi casa y me dijo que estaba presionado por otras carteras, pero le dije que estaba haciendo un papelón muy ridículo, poniendo en riesgo su prestigio, porque, dígame, ¿quién va a entender en este país que el ministro de Medio Ambiente se oponga al derecho al agua? Pues nadie.
¿Hicieron un nuevo documento?
Sí, volvimos a redactar un nuevo artículo de progresividad y fue el que pasó en sexto debate. Cambiamos la redacción para que el principio de progresividad quedara al final del artículo y abarcara todo el texto. Al ministro le preocupaba que pudiera darse la interpretación de aplicarlo exclusivamente el uso prioritario del consumo humano y no a la protección especial de los sistemas hídricos, como si una idea se cumpliera de manera progresiva y la otra automática.
Los ministerios de Vivienda y de Hacienda, y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) tampoco estaban tan conformes con el proyecto...
Ellos quieren derechos de papel, pero acá son de verdad y son exigibles conforme al principio de progresividad. De manera que no habrá una avalancha de tutelas ni obligación de garantizar el derecho al agua 100 % en un solo año. Eso es absurdo, no se podría hacer con este derecho ni con ningún otro. Estaban también preocupados de que este proyecto pudiera implicar un mínimo vital de agua y agua gratuita, pero este acto legislativo en ningún momento establece la gratuidad ni hace alusión al mínimo vital.
Por eso creo que son excusas. Este gobierno prioriza la locomotora minera y decide que ese uso es más prioritario que el consumo humano, eso es lo que no podrá seguir haciendo. Estamos cambiando las prioridades de política pública.