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Medio Ambiente 30 Abr 2014 - 12:20 pm

Minería y extracción petrolera, ¿quién decide dónde sí y dónde no?

Representantes del gremio minero y académicos debatieron si la sociedad civil puede tomar decisiones sobre el desarrollo minero-energético del país.

Por: Angélica María Cuevas Guarnizo
En Twitter: @angelicamcuevas
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David Campuzano - El Espectador

¿Pueden o no los pobladores de un municipio colombiano decidir si quieren que se realicen actividades mineras o petroleras en sus territorios? La respuesta a esta pregunta se mantiene en lo que los especialistas han nombrado “un limbo jurídico” con pocas certezas.

Al menos esa fue la conclusión de un álgido debate que se vivió esta semana en Bogotá en el que académicos, representantes del gremio minero, y algunos representantes del Estado intentaron resolver el interrogante en un espacio coordinado por la organización de abogados De Justicia y el programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación alemana Konrad Adenauer. ¿Cómo fue el rifirrafe de argumentos?

Un primer contexto para comprender de qué se habló

En el último año los alcaldes de Piedras (Tolima), Tauramena y Monterrey (en Casanare) han convocado consultas populares para decidir frente a proyectos extractivos que las empresas Anglo Gold Ashanti y Ecopetrol pretenden desarrollar en sus territorios. Partiendo de que este modelo de participación ciudadana está amparado por la constitución los alcaldes han cumplido con todos los pasos legales para llevar a cabo las votaciones, contado con los avales de los Tribunales Administrativos competentes y la Registraduría nacional de la nación.

Pero existe un decreto, el 934 de 2013, que le ha puesto freno al interés ciudadano. Esta norma advierte que los alcaldes y concejales no podrán tomar decisiones sobre el subsuelo de sus municipios porque éste le pertenece a la nación. En otras palabras sólo el Presidente de la República tiene el poder para decir qué se hace con los recursos naturales que se esconden en el subsuelo.

Ahí está el “limbo”. Mientras los alcaldes defienden que “por ley” sus ciudadanos tienen derecho a elegir sobre lo que ocurrirá en su tierra y a prevenir posibles afectaciones ambientales que podrían perjudicarlos, las empresas se han ceñido al decreto 934, desacreditando las consultas y pidiéndole al gobierno que haga cumplir esa norma. “La ley es dura pero es ley”, ha dicho la Andi.

Así fue el debate

Cesar Rodríguez Garavito, miembro de De Justicia y profesor de la Universidad de los Andes, asegura que con la llegada de nuevos proyectos extractivos la deliberación con las comunidades es sumamente importante. “No se trata de anular el debate diciendo que los jueces tienen la última palabra. No es benéfico decirle a sus ciudadanos que la decisión que tomaron en su consulta no es vinculante. En este caso las consultas pueden funcionar como un mecanismo de concertación”.

Bajo este panorama los representantes de los empresarios sí piden que el Gobierno sea más claro y defina una lista de tareas puntuales para desarrollar proyectos minero-energéticos en el país debido a que concesiones que ya han sido aprobadas ahora se frenan por la oposición de habitantes y organizaciones civiles.

“Colombia ha perdido puestos en los rankings de inversión internacionales porque las empresas llegan al país bajo unas reglas que luego cambian. Se ha estigmatizado la explotación de minerales e hidrocarburos diciendo que aquí van a ganar las compañías y van a perder las poblaciones. Aquí opina el que quiera. Muchas veces desde el desconocimiento”, dice Santiago Ángel, Vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi).

Según Eduardo Chaparro, director de la Cámara de Asomineros de la Andi, en los últimos dos años 42 empresas se han retirado de Colombia por falta de garantías y solo en Santurbán se perdieron 1.200 empleos.

“Tenemos que romper el sesgo de desconfianza sobre estas actividades, aquí se está partiendo de la fe de las empresas, se realizan publicaciones con información inexacta sobre el sector, y dicen que el país está completamente entregado a las mineras cuando lo que hay es un boom para conocer el potencial minero del país, pero hace 30 años no se construye una mina nueva. Se habla de debilidad institucional pero para obtener un título se requieren 45 permisos. Este es un sector sumamente regulado”, dice Chaparro.

Pero expertos como Julio Fierro Morales, geólogo, profesor de la Universidad Nacional y consultor de la Contraloría General, la debilidad institucional en temas mineros es innegable.

“La mayoría de las instituciones públicas no cuentan con profesionales capacitados para realizar una veeduría seria a las empresas, así que el control que se realiza sobre sus impactos es bastante precario. El Minambiente ha encontrado deficiencias en la entrega de información por parte de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones, la Corte Constitucional ha identificado problemas de salud pública y de deterioro ambiental relacionadas con actividades mineras en el Cesar y en esa misma zona del país la Contraloría acaba de identificar 72 hallazgos disciplinarios de incumplimiento a planes de manejo ambiental por parte de carboneras. Con esta realidad es difícil determinar los impactos que estas actividades tendrán a futuro”.

Sobre la desconfianza de los ciudadanos a las compañías, los abogados de De Justicia, quienes han seguido de cerca las consultas de Piedras, Tauramena y Monterrey, creen que esta oposición masiva a los proyectos parte de una incertidumbre difícil de resolver.

“Inevitablemente las actividades extractivas traerán consecuencias que no se conocen sobre las dinámicas de estas poblaciones. La preocupación de los ciudadanos sobre lo que ocurrirá con la agricultura y con el agua que los abastece es legítima. No sabemos qué va a pasar en 50 o 100 años con estos territorios si son intervenidos, los ciudadanos no tienen la suficiente información que les permita hacerse una idea de lo que les espera. Pero esa información sobre posibles afectaciones no puede partir de las empresas, la gente necesita que organismos externos, sin intereses, les cuenten qué puede suceder”, dice Cesar Rodríguez.

Algunas propuestas

Para Juan Camilo Cárdenas, economista e investigador de la Universidad de los Andes, el país tendrá primero que resolver esa “ingenua y peligrosa separación” entre el suelo que le pertenece al municipio y subsuelo de la nación.

“El territorio es uno solo y para cualquier ciudadano es una preocupación lo que ocurra debajo de su casa”. Cárdenas propone que esa discusión sobre el futuro de cada municipio se haga a nivel local y contando con información “completa y honesta” (entregada por las empresas interesadas y por la academia) que permita decidir qué tantos recursos naturales se quiere sacrificar a cambio de dinero.

Cesar Rodríguez, de De Justicia, cree que la iniciativa del gobierno de exigir licencias ambientales para las etapas de exploración debe cobrar fuerza ya que esto le permitirá a los ciudadanos conocer y opinar a tiempo sobre los futuros proyectos.

Por parte de los empresarios, Santiago Ángel, de la Andi, presentó dos propuestas traídas de experiencias internacionales: la primera es seguir el modelo implementado por los noruegos en el que los mapas de bloques petroleros y títulos mineros se llevan al congreso para que los políticos que representan a todo el país lleguen a un acuerdo sobre qué zonas se quieren dedicar a cada actividad y qué otras quieren blindar.

La segunda es una creación de un centro de excelencia, similar al que Australia ha implementado, en el que expertos, académicos, empresarios, miembros de la sociedad civil se reúnen para generar unos documentos de política publica frente a las actividades de extracción minera y de hidrocarburos.

Lo que dejó ver este debate es que la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre sus territorios es un tema que aún el país no ha resuelto, pero que sí existen autoridades, empresarios, académicos y comunidades interesadas en encontrar una salida.

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Sandshark

Mie, 05/14/2014 - 13:08
Es Colombia una Democracia? Si sí, en una democracia el que manda es el pueblo, el Presidente es un representante, por lo tanto NO PUEDE NI DEBE IR CONTRA EL INTERES DE ESTE. Por otra parte, ademas del pueblo representados por la votación en el lugar, debe buscarse la asesoria de especialistas ambientales y no la que opinen los interesados.
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cahercal

Lun, 05/12/2014 - 19:01
Es necesario consolidar un sistema mixto descentralizado y local, en donde la sociedad civil, la academia y los organismos de control en forma articulada e independiente, cuenten con las condiciones logísticas, científicas y de talento humano para la implementación de Observatorios Ambientales Participativos de carácter permanente que, puedan construir conocimiento, monitorear y conceptuar sobre los impactos y efectos ambientales, sociales, culturales y económicos a las regiones en donde se explotan los recursos naturales.
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indignadosconlacorrupcion

Mie, 04/30/2014 - 21:44
ES lamentable que ECONOMISTAS AMBIENTALES " no propongan que se cumpla la ley,,,,para seguir especulando con IDEAS acadèmicas, mientras no se rescata el cumplir normas lucidas y eficacez, como es incorporar los costos ambientales PLENOS en los PRECIOS; de los productos o recursos naturales, AGOTABLES, es lo que exige la constitución a las Corporaciones ambientales, las cuales no han cumplido este deber ni la Contraloría general las ha sancionado por no hacer la VALORACION ECONOMICA DEL DAÑO AMBIENTAL---sin embargo hay "profesores " de la Universidad nacional viviendo de especular, con la " contabilidad ambiental ", definitivamente SE DEBEN REVISAR LOS VERDADEROS INTERESES DE ALGUNOS PROFESORES UNIVERSITARIOS
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jotagato

Mie, 04/30/2014 - 16:36
¿O sea que están debatiendo si el mundialmente famoso refrán aquél de que: "La voz del pueblo, es la voz de Dios", aplica para la "democracia" Colombiana?... Esto si es la tapa!
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papilla62

Mie, 04/30/2014 - 16:28
EN ESTE PAIS NADIE DECIDE NADA POR QUE TODO EL MUNDO HACE LO QUE LE DA LA GANA ASI DE SENCILLO.
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pastusito2221

Mie, 04/30/2014 - 15:25
Claro que si la sociedad y las poblaciones son las que en ultimas decide si acepta o no la explotacion de minerales e hidrocarburos, por que las comunidades son las que en ultimas se ven afectadas y toda la comunidad tambien de esta explotacion solo se lucran el que este como presidente, sus Ministros ratas como Minminas y hacienda, y todo el Congreso corrupto y Representantes a la Camara que junto con los ya mencionados se roban la misera limosna que las Multinacionales les regalan por lastima, por que asi los ven como pordioseros miserables y ladrones. Por eso en Monterrey Casanare la comunidad NO debe permitir mas explotacion ni sismica por los espejos ya vistos en donde la comunidad la fauna, la flora son los mas afectados y los ratas asquerosas como Santos y su recua de ladrones se largan a disfrutan sus mordidas una vez termine de robar a este estado Miserable y porsiosero.
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Condoricosas

Mie, 04/30/2014 - 15:05
Colombia está ubicada en una zona de riesgo extremo de afectación frente al cambio climático [ Ver mapa: http://www.lemonde.fr/planete/visuel/2013/09/27/la-carte-des-impacts-du-rechauffement-climatique_3486190_3244.html ]. Sin embargo, estamos haciendo muy poco para combatir los efectos del cambio climático. Cada año aumenta la deforestación y no reforestamos suficientemente. El acceso al agua potable, un recurso cada vez más escaso, peligra por efecto de la contaminación de los ríos, la minería, la destrucción de los páramos etc. No se invierte en energías renovables y solo se piensa a corto plazo en explotar petróleo, carbón y minerales, sin considerar el agua o la naturaleza. Solo la presión de una ciudadanía activa puede cambiar el curso de las cosas, como ocurrió en Santurbán. De esta constatación surge la necesidad de leer y difundir el MANUAL DE RESISTENCIA ECOLOGISTA: http://4jinetes.blogspot.fr/2014/04/manual-de-resistencia-ecologista-parte.html
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Guillermo Torres Mojica

Mie, 04/30/2014 - 14:22
A muy buena hora se inicia un debate fundamental para el país. El tema de cómo es actualmente y como debería ser a futuro el manejo del sector minero energético, es el tema obligado, en un momento en que la actividad del sector acusa un gran descuido y amenaza en convertirse, no solamente en un problema ambiental de grandes proporciones sino en un tema de orden público, debido a su fuerte e incidencia en las poblaciones marginadas del país. Al ser “descubiertos” como potencia minera y energética en un mundo en transición energética, donde estos sectores son las bases fundamentales para el desarrollo económico de todos los países; y el aumento exponencial de la demanda de materias primas, debido al auge de los países “emergentes”, estamos en la antesala de ser arrasados por una locomotora que no es lo que parece y que a cambio de riqueza nos dejará después de su rápido paso todo lo contrario, desolación, pobreza y grandes conflictos ambientales y sociales. Por eso la importancia de la participación de la sociedad civil en todas sus expresiones. Los mecanismos de participación ciudadana, tales como la Tutela y las Consultas Populares, son las únicas herramientas “pacíficas” que le quedan al ciudadano para poder protegerse de los terribles y gigantescos intereses de la voracidad de transnacionales a las cuales solo les interesan como en la colonia, la rápida extracción y las mayores ganancias a menores costos. No nos digamos mentiras esa es la realidad. Mientras tanto los ciudadanos, en primer lugar defienden el agua, el recurso por excelencia para la vida, defienden también su naturaleza, sus bosques, su cultura original, sus usos y costumbres, su tejido social, su paz y su tranquilidad. Defiendes a sus hijos e hijas, defienden su derecho a elegir lo que debe ocurrir en su Municipio, su vereda, su casa. Y esto es inalienable y resume todos los derechos humanos juntos. No se puede decidir desde una oficina plagada de intereses económicos y burocráticos el destino de los territorios y sus gentes, sin consultarlos, sin conversarlos, sin evaluar en conjunto los costos y beneficios de la actividad que vaya a realizarse en su hábitat. Son derechos que los ciudadanos no solo tienen el derecho sino el deber de proteger, tal como lo ordena la Constitución Nacional en su artículo 8° del Título 1 que habla sobre los “Principios fundamentales” : “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”. Entonces, como no tener en cuenta a las comunidades en la toma de semejantes decisiones y como no, las sociedad civil no se apersona de esa protección siendo vital para su supervivencia. En cuanto a las propuestas todas son muy pertinentes, pero la del Dr. Ángel no resiste ni el comentario, puesto que poner esas decisiones colectivas en manos de los intereses partidistas, personales, politiqueros y corruptos, de muchos de los políticos de oficio, eso si sería el suicidio colectivo. Finalmente mientras a este tipo de reuniones como la que ha sucedido, si bien es cierto, bien intencionada y que por lo menos inicia el camino a las soluciones concertadas, mientras no tenga en cuenta a la sociedad civil, todo lo que se produzca, será letra muerta y nunca se llegará al necesario consenso. Pero bueno todo tiene un comienzo.
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