Atendiendo las recomendaciones internacionales previstas en la Declaración de Río de Janeiro (Brasil) sobre el medio ambiente, y en el marco de un convenio interinstitucional firmado entre Ingeominas, la Procuraduría y los ministerios de Minas y Medio Ambiente, la Fiscalía General de la Nación acaban de crear la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Esta dependencia contará con 22 fiscales especializados, encargados de investigar, entre otros, la contaminación ambiental, invasión de áreas ecológicas, explotación ilícita de yacimientos naturales y, en general, todas las irregularidades que afectan el ecosistema.
La acentuada ola invernal en el país, reflejo para los expertos del cambio climático ocasionado por el deterioro y daño del hombre al medioambiente, impulsaron a la fiscal general Viviane Morales Hoyos a firmar la resolución 0-3438 de 2011 mediante la cual le asignan a esta nueva unidad el objeto de adelantar investigaciones penales en contra de particulares o empresas que atenten contra los recursos naturales del Estado y pongan en peligro el ambiente.
Además, está unidad tendrá la potestad de ejercer las labores necesarias para obtener la reparación del daño ocasionado como consecuencia de una explotación ilegal de recursos naturales.
Minería ilegal, contaminación de fuentes hídricas, invasión de terrenos de uso público o explotación de zonas reservadas o de patrimonio natural serán algunos de los frentes que deberá asumir la Unidad Nacional de Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Investigaciones por daño en humedales, construcción ilegal en los cerros de Bogotá o la vigilancia con lupa de empresas que explotan el carbón a cielo abierto en el Cesar o La Guajira serán temas obligados que deberá tener en cuenta esta nueva unidad. El reto, según informaron fuentes del ente acusador, será ponerle coto de una buena vez a las mafias que se mueven en el mercado negro de los recursos naturales.
La tarea de esta nueva dependencia es especialmente importante si se tiene en cuenta que, en su momento, el comandante de las Fuerzas Militares, almirante Édgar Cely, aseguró que la minería ilegal se había convertido en una fuente de financiación primaria de las Farc.
Sin duda alguna este será uno de los frentes más difíciles de combatir, y a la vez uno de los más urgentes, debido al impulso que desde el gobierno central se le está dando a esta locomotora, una acción legítima que a su vez estimula la explotación ilegal de recursos como oro y carbón.
Por ejemplo, se sabe que en algunas partes del territorio se realiza minería, o se pretende realizar en el futuro cercano, en el interior de Parques Naturales Nacionales, áreas de gran importancia ecológica para la Nación.
En síntesis, tal como la Procuraduría tiene una delegada para asuntos ambientales y agrarios, encargada del monitoreo e investigación de hechos que atenten contra el medioambiente, la Fiscalía busca poner en cintura a los inescrupulosos que se han enriquecido a costa de toda suerte daños ecológicos. La unidad tendrá su cuerpo central de investigadores en Bogotá, pero también tendrá sedes alternas en Barranquilla, Villavicencio, Bucaramanga, Cali y Antioquia.