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Sobre Río Quito, el municipio, y sobre el río Quito, el afluente, hemos escrito mucho en las páginas de este diario. El desastre ambiental que viven los pobladores de ese territorio chocoano, lo hemos denunciado en varias ocasiones. Altos índices de mercurio, presencia de grupos armados, tala indiscriminada e índices de pobreza altísimos, son algunos de los hechos que más de una vez hemos relatado tras hacer algunas visitas en las que la queja de los habitantes se repite: “No hay presencia estatal. Los pocos policías que hay son amigos de los mineros que desvían los ríos”, nos dijo uno de ellos en noviembre de 2017. (Lea "Relato de un minero brasilero que llegó al Chocó para tumbar selva y aexplotar oro").
El Ministerio de Ambiente acaba de anunciar una medida para intentar frenar algunos de esos problemas: ordenó la suspensión de actividades mineras en el río Quito y sus afluentes. Será una suspensión temporal que tiene como propósito “reforzar las acciones interinstitucionales para controlar los trabajos que se desarrollan con retroexcavadoras y dragas”.
La medida aplicará para todos los mineros presentes en 166 mil hectáreas, incluso para aquellos que ya tengan una licencia o algún tipo de permiso. ¿El motivo? “Se busca hacer una revisión para saber cuáles están realmente cumpliendo con la normativa ambiental”.
La idea es que esta suspensión la implementen las fuerzas militares en compañía de la Fiscalía para que se realicen los operativos necesarios. Según esa cartera, esta medida solo se levantará cuando la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó) adopte un Plan de Ordenamiento Ambiental de la subcuenca del río Quito o “cuando se hayan restaurado los cauces de este afluente”.
Según el ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, “la mayoría de actividades mineras en ese río son de extracción ilícita, lo cual ha generado preocupaciones porque existen indicios de que, detrás de esas actividades, puede haber redes criminales. Por eso se suspende todo, vamos a revisar y a los que tengan sus permisos, los que estén jugando a la legalidad y que cumplan con la normativa ambiental, se les autorizará la continuación de sus actividades, pero una vez hagamos la evaluación y revisión”.
¿Cuándo se llevará a cabo esta restauración de los cauces? ¿La alcanzará a hacer este Gobierno? ¿De qué manera afectará a los pobladores locales que han hecho minería artesanal por décadas? Son preguntas que quedan sin resolver tras el anuncio del Minambiente.
Otro interrogante que queda en el aire es si, en esta ocasión, se podrán detener las actividades de las bandas criminales que operan en el lugar y el accionar de mineros extranjeros que desde principios de este siglo han hecho minería intensiva, acabando con miles de hectáreas de selva. Como lo repiten pobladores de la región, siempre antes de que se lleve a cabo un operativo, estos mineros son los primeros en enterarse y desmontar las dragas que utilizan para, cuando se retiren las fuerzas militares, reanudar la extracción de oro.