:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/uRem_sioNfLJUJwPQokYWbI-2DE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/IA5DJAUOB5D55JRB6B2UNK6IYY.jpg)
Sus suelos no sólo han tenido que soportar el desgaste por cuenta de la ganadería, la producción de papa, y la invasión del retamo espinoso. A lo largo de la última década las tierras del Páramo Guargua y Laguna Verde han vivido un incremento en la explotación de carbón con un agravante: sólo uno de los títulos aprobados cumple con todos los requisitos que manda la ley, entre ellos el hecho de tener licencia ambiental, lo que en la práctica significa que son ilegales.
Así lo registran los datos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), entidad que esta semana anunció que cursan 29 demandas de nulidad contra títulos mineros que están en zona de reserva ambiental o de páramo en el departamento. EL Espectador conoció el listado total de los 380 títulos mineros que no tienen licencia ambiental, y encontró que la mayoría de ellos (el 33,6%) se encuentra a lo largo del Páramo Guargua y Laguna Verde.
El ecosistema se extiende por un total de 41.035 hectáreas, del total de 44.789 que forman el Páramo Guerrero (que surte el 15% del agua de Bogotá), al nororiente del departamento. Sus tierras pasan por los municipios de Tausa, Cogua, Cármen de Carupa y Zipaquirá.
Los efectos de las explotaciones de carbón, principalmente, se han sentido en el suelo, el agua, y el aire de esta región. Los daños en la tierra no saltan a la vista de cualquier visitante inadvertido, pero en la parte subterránea hay túneles en cada una de las minas de una extensión de 1 o 2 kilómetros. “Si se suman todos ellos parecen laberintos hechos por topos que afectan la recarga de acuíferos. Es decir que estos puntos han perdido su capacidad para alimentar quebradas, manantiales y nacimientos de agua”, explica Álvaro Arias de la dirección de Recursos Ambientales de la CAR.
Como si fuera poco la deforestación ha sido otra de las consecuencias en la zona, ya que para sostener los túneles cavados en las minas se hace imprescindible el uso de la madera de la zona.
Tras el deterioro acelerado en el páramo de Guerrero, en 2000 (cuando también se aceleró la expedición de títulos mineros en la zona) la CAR realizó un convenio de cooperación con Conservación Internacional que denominó como el “Plan de Acción para la Conservación y el Uso Sostenible del Páramo de Guerrero” que desembocó en la declaratoria de Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado (DMI) al páramo de Guargua y Laguna Verde en 2009.
El lío es que en Guargua y Laguna Verde gran parte de la comunidad está en contra de la declaratoria argumentando que ésta les afecta su derecho al trabajo, ya que los DMI implican planes de manejo ambiental con actividades de recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos.
La Federación de Productores de Carbón de Cundinamarca ha señalado que “en esta área se ubican 63 empresas mineras y gran parte de la producción de papa de Zipaquirá y Tausa que son dos de los principales productores de Cundinamarca y Colombia. La economía y la vida fiscal de los cuatro municipios gira totalmente en torno a la minería y la agricultura, que son las únicas generadoras de impuestos y de empleo directo e indirecto”. Por esta razón el dilema de algunos habitantes conscientes del deterioro es ¿De qué van a vivir?
Un dilema jurídico
En medio de este panorama ¿Qué pasará finalmente con la explotación minera? Constanza Zúñiga, asesora jurídica en el tema de minería en la CAR, explica que la entidad no podrá expedir licencias ambientales, que son requisito para que subsistan los títulos mineros, ya que el artículo 1° de la ley 99 de 1993 consagró que las zonas de páramos, subpáramos, nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos deben ser objeto de protección especial.La alternativa de la CAR para revocar títulos vigentes sin licencia ambiental en Cundinamarca es acudir a las demandas de nulidad ante los órganos judiciales si dichos permisos fueron otorgados después de que la propia CAR hubiera declarado los lugares como zonas como reserva. Así la entidad tiene en la mira la explotación en lugares como la Reserva Forestal Protectora Cerro Quininí, en los municipios de Tibacuy y Viotá.
El problema que argumenta la CAR para comenzar demandas en el caso de Guarguas, es que su reserva la declaró en 2009 y muchos de los títulos fueron otorgados antes de esta decisión, con lo cual no tendría lugar una acción por lo menos de parte de la CAR de acuerdo a la ley.
Para Rodrigo Negrete, experto en derecho ambiental, la autoridad ambiental puede revocar esas licencias y si la decisión al menos es demandar, no importa en qué fecha haya sido expedido el título para anularlo, si ha sido expedido para una zona donde no se puede hacer minería. De hecho, según el abogado prevalece el artículo 1° de la ley 99 de 1993 que señala que los páramos deben ser objeto de protección especial.
Más allá de esta discusión, un asesor jurídico de la CAR (que prefirió la reserva de su nombre), indica que en medio del debate por la reforma al Código Minero (ley 685 de 2001) que adelanta el Gobierno, la entidad sugiere que se reforme el artículo 48 que para suscribir un contrato de concesión para la explotación, sea la autoridad ambiental la que certifique que las áreas que se van a desinar para minería son aptas para ello y no hacen parte de zonas de reserva o protección especial. El objetivo de esta propuesta es evitar que se llegue a casos como el de Cundinamarca en el que hay 380 títulos vigentes con impedimentos ambientales, lo que muestran una total falta de coordinación entre el Gobierno y entidades como la CAR en la expedición de estos permisos.
@VeronicaTellez