Exigen una mesa de concertación con Minambiente

Plantados en el páramo

Los habitantes de la vereda Segunda Chorrera, en Boyacá, hacen parte de las 320 mil personas en Colombia que viven por encima de la línea de páramo, ecosistema donde quedó prohibida la agricultura.

La vereda Segunda Chorrera, en Boyacá, hace parte del complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha. / Óscar Pérez

Una de las primeras cosas que aclaran los habitantes de Segunda Chorrera, vereda que queda a unos 30 minutos de Sogamoso, Boyacá, es que ellos llevan viviendo en este territorio desde hace cientos de años. “Aquí murieron nuestros abuelos, nuestros padres y les seguimos nosotros. ¡Imagínese!”, suelta doña Rosalba Sierra, una de las vecinas de la zona.

Desde ese entonces, también comentan, el ingreso seguro que han tenido sus habitantes proviene de la agricultura. “Todo esto que ve hacia la montaña –cuenta Juan Evangelista Riveros, señalando un verde que brota más fuerte entre los pastos secos– son cultivos de papa”. A su alrededor también se asoman cultivos de cebollas, habas y hortalizas.

Aunque son varios los problemas que esta población ha tenido que afrontar desde que se asentó en este territorio, el último de ellos, y del que se enteraron hace unos siete meses, es el que más los tiene preocupados. Todo el sector de Dichavita, donde se encuentra la vereda, quedó ubicado por encima de la línea que delimita el complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha. Es decir que, según la norma, allí no se puede desarrollar ningún tipo de actividad agropecuaria.

“Nosotros sabíamos que se estaba haciendo algo con páramos, pero nos enteramos porque de repente salió un decreto, una ley. Entonces lo que hicimos fue tomarla, jalarla del sistema de internet, y miramos todas las nuevas restricciones que había: que no se puede cultivar, que no se puede criar y que no se pueden realizar actividades agrícolas de ninguna clase. Entonces uno se pregunta: ¿Qué estamos haciendo acá?”, agrega Riveros, representante legal y departamental de la Asociación Nacional Campesina (Asonalca).

La línea de páramo en esta zona de Boyacá quedó trazada a los 3.000 metros de altura, punto en el que curiosamente sobre la carretera hay una Virgen. La población de Segunda Chorrera está 400 metros por encima. Por esto, el miedo inmediato que se instaló en sus mentes fue el de ser desalojados. “Hablar de que nos podemos quedar acá, pero sin llegar a realizar actividades productivas, es un desplazamiento”, apunta uno. “Si nos mandan a la ciudad, allá nosotros no tenemos qué hacer”, agrega otra.

También han pensado que para quedarse allí les van a exigir empezar a tener una agricultura más limpia. “Sabemos que los páramos son un ecosistema muy frágil y en eso estamos de acuerdo, pero es un lugar que sólo lo puede cuidar el mismo campesino. Ahora, si nos van a hablar de reconversión de agricultura, entonces que nos manden una asesoría técnica que nos diga cómo”, propone Riveros.

Lo cierto, por lo menos en esta vereda, es que desde que el Ministerio de Ambiente emitió el decreto que delimitó el complejo de páramo Tota-Bijagual-Mamapacha, el 28 de octubre del año pasado, ningún funcionario del Estado ha asomado la cabeza por allá para decirles qué va a pasar con ellos.

Un dilema de 320 mil personas

Sumando a las personas de los sectores de Dichavita, Hatillo, Pilar y Ceibita, son unas 700 familias las que estarían afectadas por esta situación. La cifra es alarmante si se tiene en cuenta que alrededor de 320 mil personas habitan en alguno de los 36 complejos de páramo que tiene Colombia. Como sucede con las personas de Segunda Chorrera, la mayoría de ellos se dedican la agricultura para subsistir.

Es más, según los datos de la cobertura de la tierra a escala 1:100.000 realizados por el Ideam en el 2011, el 13 % de la superficie de los complejos de páramo están dedicados a algún tipo de actividad agropecuaria, con 108.667 hectáreas en pastos y 8.264 hectáreas en cultivos transitorios. Es decir, los cultivos y la ganadería se juntan donde, por ley, sólo debería garantizarse la conservación de agua.

Desde hace años la actividad agropecuaria se viene comiendo de a pedacitos el páramo. Llegando al punto que en muchos lugares que sobrepasan los 3.000 metros lo que se ve alrededor no son frailejones y líquenes, sino cosechas, pastos secos e eucaliptos, como sucede en la Segunda Chorrera.

“En los años de la revolución verde, los 60 y los 70, llegaron aquí, introdujeron los agroquímicos, nos hicieron propaganda y nos empujaron a abrir hacia arriba”, comenta Riveros. Evitar que esta frontera se expanda y los páramos queden desprotegidos fue lo que, precisamente, llevó a que en el segundo Plan Nacional de Desarrollo se prohibieran las actividades agropecuarias. ¿El problema? Que en la práctica las leyes son mucho más complejas que como aparecen en el papel.

Más que una delgada línea, una zona gris

En el debate acerca de páramos, el ojo del huracán ha girado alrededor de la minería. Sin embargo, casi en la misma lógica se coló una prohibición que no debería tratar de la misma manera, la de la agricultura.

Según explica Carlos Sarmiento, investigador del Instituto Humboldt, quien lideró el proyecto Insumos Técnicos para la Delimitación de Ecosistemas Estratégicos, que daba una referencia de área para que el Ministerio de Ambiente supiera por dónde trazar las líneas de páramo, hay una limitación en la norma: “No se le pueden dar los mismos mecanismos al uso minero que al agropecuario. En el primero estamos hablando de un contrato directo con el Estado, mientras el segundo no tiene un doliente claro”.

Igualmente, afirma que como por mandato de la Corte esta línea se mandó a trazar desde un punto de vista técnico, no se pudo llegar a una conciliación en la que afectara a las mineras, pero no al campesino. Es más, explica el experto, nunca se sopesaron los derechos fundamentales de los campesinos, sino que se enfocó en la dualidad de minería vs. agua.

Para Astrid Puentes Riaño, ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), este dilema hace parte de un eterno problema del sector ambiental, pues toda actividad humana que se hace en páramo, lo destruye. “Así la prohibición a la agricultura en páramo haya quedado en firme, hay que pensar que esto es un tema de política social, ambiental y de agricultura. Es más difícil que con la minería, porque ¿qué hacemos con las personas y los alimentos que salen del páramo?”, agrega.

Algunas ideas que ya han empezado a arrojar los expertos están relacionadas con que en las zonas de páramo se empiecen modelos de reconversión productiva, pagos por servicios ambientales, ecoturismo u otros incentivos a la conservación. Idea que, de hecho, no está tan lejos de lo que proponen las mismas comunidades.

“Por el bien de la humanidad y la naturaleza, nosotros mismos sabemos que hay que conservar, pero no restringir”, afirma Riveros desde Segunda Chorrera. Y en un segundo la comunidad propone ideas como huertas aromáticas, que les permitan hacer control de plagas o que les paguen por hacer reforestación nativa. Eso sí, vuelven a aclarar, lo importante es que en la transición les den asesoría técnica y subsidios. Por experiencia previa ya saben que cultivar de “manera limpia” les disminuye la producción a un 30 % y les encarece el proceso.

“Entonces también deberá existir un mercado dispuesto a pagar por nuestros productos”, dice uno de ellos, pasándoles la bola a los demás, a los que viven por debajo de la línea del páramo y se benefician de sus servicios.Por esto, desde Asonalca los campesinos están exigiendo una mesa de concertación con el Ministerio de Ambiente y las distintas autoridades ambientales, para que las decisiones relativas a páramos y que los afectan a ellos no se tomen detrás de un pupitre. “Queremos que el ministro venga acá, mire la problemática y vea que merecemos tener unas entradas económicas”. Pues como bien lo dice Riveros, “la solución no viene de los decretos, sino de ellos mismos”.

La mitad de páramos están delimitados

De la misión que se le otorgó al Ministerio de Ambiente, de delimitar los 36 complejos de páramos que tiene Colombia, esta institución ya la adelanta en 21 de estos. Es decir, de las 2.906.136 hectáreas de estos ecosistemas se han protegido por decreto un total de 996.142 hectáreas.

Estas abarcan 16 departamentos, 225 municipios y nueve parques nacionales.

Los páramos que ya fueron delimitados son: Santurbán, Paramillo, Farallones de Cali, Tatamá, Belmira-Santa Inés, Frontino-Urrao, Sonsón, Los Picachos, Miraflores, Chingaza, Yariguíes, Tamá, Iguaque-Merchán, Chilí-Barragán, Rabanal y río Bogotá, altiplano cundiboyacense, Guerrero y Tota-Bijagual-Mamapacha.