Reforestar las heridas que dejó la minería

Puerto Claver, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia, es una de las zonas más degradadas por minería extensiva.

La imagen es desoladora. A lado y lado de la carretera que conduce hasta Los Mellizos, en el corregimiento de Puerto Claver, del municipio El Bagre, Antioquia, todo lo que se ve son montañas de piedras y arena extenderse a lo largo. Un paisaje de 500 hectáreas que ha quedado silenciado después de que por 30 años la minería removiera sus entrañas para poder abastecerse de oro.

Sentado en la sombra de uno de los árboles que sobreviven, Jesús Antonio Tate, representante legal del consejo comunitario de Afro Claver, comunidad que ahora tiene esta tierra en comodato, dice que la cosa no siempre fue así. Sus ancestros le contaron que cuando llegaron a Puerto Claver hacia 1930, se vivía de la madera y de la agricultura. El río Nechí era cristalino, los pescadores atrapaban a flecha y la gente se movía por las aguas, ahora cargadas de sedimento, a punta de lancha y de panga. Los pocos que en ese entonces hacían barequeo se tiraban a las quebradas con una piedra amarrada en el lomo, se hundían y llenaban la batea.

“Queremos recuperar este territorio para que nuestras familias puedan mejorar la calidad de vida”, dice Tate. Y lo dice porque con Afro Claver están empeñados en restaurar esta tierra. A través del programa Oro Legal de Usaid y con ayuda de la Alcaldía de El Bagre están empezando a rehabilitar 295 hectáreas de las 26 mil degradadas que, se estima, ha perdido todo el Bajo Cauca. El programa, en total, busca aumentar esta cifra a 3.000 hectáreas en toda la región.

Justo al lado de Tate un grupo de mujeres trabaja frente a un rancho. En el centro tienen una pila de tierra a la que, con sus manos, le van quitando pequeños pedazos. Una por una deben llenar 500 pequeñas bolsas en las que más tarde serán sembradas las Acacias mangium, un árbol australiano que fue introducido hace muchos años a Colombia y que, dicen, es capaz de crecer hasta de una piedra.

En el vivero ya se pueden ver las pequeñas plantulitas que empiezan a crecer protegidas del sol. Cuando lleguen a los 13 centímetros serán llevadas a las zonas degradadas por la minería y se plantarán 1.100 árboles por hectárea. A los 12 años, cuando les llegue su “turno de corte”, pueden ser talados para obtener madera y darled un nuevo ingreso.

El corregimiento de Puerto Claver, explica Pablo César Atencia Martínez, director de minas de El Bagre, es tal vez uno de los lugares que más impactos ambientales ha recibido por la minería en todo el departamento. Haciendo cálculos, Atencia estima que el 80% de El Bagre tiene minería: hay 64 títulos y 49 solicitudes. De 2005 a 2012 el municipio ha producido alrededor de 24,5 toneladas de oro, según la base de datos de la Agencia Nacional de Minería. “El Bagre alcanzó a sostener el departamento de Antioquia con todo el oro que se produjo”, se atreve a decir.

Puerto Claver se convirtió en una tierra sin doliente donde confluyeron la minería legal, la ilegal, la tradicional y la de subsistencia, que mezcladas se comieron la tierra. Una informalidad que se alimentó de los problemas de orden público. En El Bagre también se mezclaron las guerrillas, los “paras”, los muertos y los asesinatos a líderes sociales. De las 187 personas que trabajan con el programa, 92 han sido víctimas del conflicto armado.

El dilema de la informalidad

Pero justo cuando la máquina deja de funcionar se escucha el ruido de otro motor. A unos cuantos metros se alzan las siluetas de cuatro hombres. Mientras uno de ellos supervisa, otro dirige un chorro de agua para que quiebre la arena, y dos más barequean sobre el canal que se empieza a formar. Es un recuerdo de que el fantasma de la minería no se ha ido del todo.

La conversación que continúa tiene mucho que ver con lo que Tate dice unas horas después. “Nosotros nos habíamos enfrascados en que de lo único que podíamos vivir era de la minería y siempre estábamos prevenidos de que las entidades sólo venían a buscar información o a llevarse nuestras cosas”.

Una comitiva, liderada por Tate y por Atencia, se acerca para explicarle al hombre que después de “perfilar, ese oro ya murió” y que hay un proyecto de reforestación. Pero su respuesta es reacia. Explica que eso, sacar oro, es lo que la gente de por aquí sabe hacer. Antes de tener los votos, los políticos les hablan de alternativas, pero con el tiempo nunca llegan.

Esto es sólo un diminuto ejemplo de la incertidumbre que ha generado la minería en Colombia. La oleada de consultas populares para detener proyectos mineros, 26 según el Ministerio de Minas, puso en evidencia que hay dos modelos de desarrollo enfrentados. A esto, además, se suman algunas regulaciones que han puesto en lo más álgido el debate. La Ley 1658 de 2013, que prohíbe el uso de mercurio con la meta de erradicarlo el próximo año, y la  formalización de mineros tradicionales.

Por esto no resulta sorprendente saber que dos municipios más al sur, en Segovia y Remedios, se desató un paro minero que tiene enfrentados a la Gran Colombia Gold, el Gobierno y los mineros ancestrales. El dilema de la formalización de los barequeros de subsistencia y la eliminación del mercurio es, probablemente, uno de los puntos que más conflicto genera. Por más que se quiera, no todas las personas que hacen minería de subsistencia se pueden formalizar.

Para entender por qué, hay que ver el panorama más grande. En Colombia, afirma Miguel Ángel Molano, subdirector del programa Oro Legal, se producen 60 toneladas de oro cada año, pero entre el 80 y 90 % viene de operaciones ilegales. Es decir, que con o sin ley que prohíba el mercurio, alrededor de 50 toneladas se producen sin lineamientos ambientales.

Es más, en el caso del Bajo Cauca la contaminación por mercurio no es un secreto. Mediciones que ha hecho el programa encontró, que tanto en Caucasia como en El Bagre la concentración de mercurio en el aire es mil o dos mil veces superior a lo permitido para el ser humano.

Pero que no todos los mineros informales se puedan legalizar también tiene que ver con otro aspecto. Según Molano, más del 90 % de las áreas de interés para oro en el Bajo Cauca están tituladas o solicitadas, lo que indica que la negociación para formalizarse se debe hacer con la empresa y no con el Estado. Además, “si hace 10 años el país sólo producía 15 toneladas de oro y hoy 60, esto significa que 45 toneladas no son tradicionales o ancestrales, por lo que no se pueden formalizar”, explica.

Por esto, además de tener la meta de legalizar 150 minas, Oro Legal está trabajando en alternativas económicas de las que pueda vivir esa “población flotante”.

El trueque: minería por abejas

Igual que lo está haciendo Afro Claver, la Asociación de Ganaderos y Agricultores del Bajo Cauca (Asogauca) se puso en la misión de recuperar 50 hectáreas. Aunque los árboles fueron sembrados hace sólo cinco meses, la única señal de que están en una zona degradada por la minería se puede ver cuando uno se asoma al tronco de ellas. El mito se puede comprobar: las acacias crecieron sobre una piedra.

Con el tiempo, cuenta Daniel Cadavid, presidente de Asogauca, la idea es meterle algunas colmenas para buscar otras economías. El programa de Oro Legal estima que con 45 colmenas una persona puede sacar entre 1,5 y 2 salarios mínimos. A Afro Claver, por ejemplo, se le darán 200 colmenas de las 21.000 que Oro Legal quiere entregar a 450 familias mineras del Bajo Cauca.

Si esto compensa o no lo que se ganaban con la minería podría ser un punto de discusión, pues Tate recuerda que las cifras podían saltar de $40 mil el día a $1 millón con mucha suerte. Pero, igualmente, nunca se trataba de ingresos fijos.

“Nosotros sabemos que económicamente la minería da más, pero también somos conscientes de que al ver ingresos mayores también le estamos haciendo daño a la naturaleza. ¿Y de qué nos sirve quedarnos en un desierto?”, es lo que responde Lorena Bravo Cuadrado, presidenta de Afro Claver.

Y es que así el ecosistema ya haya perdido su capacidad de resiliencia, de recuperarse por sí mismo, el consejo comunitario no lo ha hecho. A pesar de que los grupos ilegales, la guerrilla, los “paras” y la minería ilegal han confluido para acecharlos, Tate es capaz de imaginarse otro panorama en diez años. El plan está en su mente. “Un año de recuperación, dos años de reactivación y al tercer año ya esperamos pasto crecido. Luego vendrá el aprovechamiento de la madera que servirá para 318 familias, porque no todas tienen vivienda”. Esto lo dice mientras mira el desierto desolado que se extiende ante él, pero que seguramente, en sus ojos, ya es otra cosa.

* La periodista fue invitada por Usaid a conocer el proyecto.