:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/lA_snRmqZ7WxIPWNSijd8WufOBA=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/VKEWGCVLZRCWVE6FXPTGIKPLIY.jpg)
En días pasados, el alcalde de Cajamarca, William Hernando Poveda, convocó una consulta popular programada para el próximo domingo 27 de noviembre, con el fin de que sea el municipio quien decida si quiere o no dar vía libre a proyectos mineros en la zona. La decisión, indirectramente, busca poner a tambalear el proyecto minero La Colosa, una explotación de oro liderada por la multinacional AngloGold Ashanti, donde se planea extraer unas 29 millones de onzas de oro.
Sin embargo, la fecha ha sido criticada por algunos ambientalistas y promotores de la consulta pues no les daría suficiente tiempo para organizarla. Incluso la misma Registraduría se pronunció, considerando que es un tiempo “corto e insuficiente” para cumplir con toda la normatividad legal.
El ente hace referencia a varias actividades que no podrían hacerse en un plazo de tan solo cinco días, pues, constitucionalmente, tardan entre 10 y 15 días hábiles.
La conformación de las Comisiones escrutadoras, la integración de las listas de votación, el nombramiento y publicación de los ciudadanos elegidos como jurados de votación, y un tiempo prudente para que las personas que quieran hacer campaña a favor del Sí, NO o la abstención, son algunos de los puntos que no podrían implementarse adecuadamente.
Por esa razón, la Registraduría considera que se requieren “cuando menos cinco semanas de tiempo para asegurar una consulta popular que otorgue las plenas garantías constitucionales y legales” por lo que la fecha que considera oportuna es el domingo 30 de diciembre. Sin embargo, advierte que pueden presentarse otros inconvenientes en la idoneidad de los jurados de votación y miembros de las comisiones escrutadoras, por lo que sugiere como fechas definitivas el 15 o 22 de enero de 2017.
“Lo anterior en el marco de plenas garantías y la posibilidad de igualdad de condiciones para todos los actores del proceso, instituciones, promotores y otros”, remató el comunicado.
El Comité Promotor de la Consulta Popular también se pronunció al respecto y aprovechó para mandar un mensaje al alcalde Poveda. “El decreto confirma una vez más que al mandatario le disgusta la democracia. La fecha programada solo favorece los intereses de la empresa Anglogold Ashanti”, expresan.