Retos de la política ambiental regional para construir territorios sostenibles

 

En Colombia el debate de estas ideas, condujo a que en la Constitución Nacional se estableciera el ‘Desarrollo Sostenible’ como el que debe lograr el país y a que en 1993 se expidiera la Ley que creo el Ministerio del Medio Ambiente y organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) reforzando las labores que se venían desarrollando en este campo, desde hacía dos décadas. 

 

Con motivo de los 20 años de la creación del Ministerio realicé una evaluación de la política ambiental que mostró fuertes cambios bajo la influencia de dos fuerzas; la evolución de la visión del medio ambiente y la política ambiental a nivel internacional y las condiciones internas del país en materia de gobernabilidad territorial y orden público. 

 

Con respecto a la primera hay que decir que la visión que inspiró la Cumbre de Río, que entendía el medio ambiente como un bien público cuyo manejo y conservación era responsabilidad  del Estado como  guardián del interés público y que comprometía a toda la sociedad, se fue desdibujando en la medida en que muchas de sus responsabilidades se fueron transfiriendo al sector privado, al entender el medio ambiente como un espacio para los negocios y el utilitarismo excesivo, con la esperanza poco realista de que esa aproximación, consecuencia del modelo económico dominante, llamada ‘Economía Verde’, sería suficiente para llegar al ‘Desarrollo Sostenible’ y frenar a tiempo las tendencias globales de deterioro ambiental.

 

Como resultado de este cambio de visión, las instituciones y herramientas creadas para realizar una gestión ambiental sostenible fueron debilitándose. El licenciamiento ambiental fue haciéndose menos exigente para atraer la inversión extranjera directa y se toleraron, a pesar de las protestas de la población, fuertes impactos socioambientales causados por proyectos de explotación minera, de hidrocarburos y agroindustriales de gran escala, con destino al mercado global.

 

Lo ambiental perdió nivel político, al igual que la capacidad técnica del Ministerio, afectando su función como director del Sistema Nacional Ambiental. 

 

 

Sin embargo, se han logrado importantes avances: la incorporación de lo ambiental en el pensamiento colectivo, en la educación y creación de una conciencia ambiental colectiva que se expresa con fuerza en los medios de comunicación y redes sociales, dando lugar al surgimiento de la sociedad como un poderoso actor para la defensa del medio ambiente y las decisiones que afectan al territorio. Otra realización es la ampliación de las áreas protegidas como estrategia de conservación de la biodiversidad. Se avanzó en el conocimiento científico del territorio nacional gracias a los trabajos de los institutos de investigación del SINA y otros centros, que han servido para orientar políticas y decisiones ambientales.   

 

Desafortunadamente estos avances y expresiones de la sociedad no han permeado suficientemente la agenda de los políticos, ni los planes de las instituciones del Gobierno, dada la poca importancia que se asigna a la investigación en la formulación de las normas y políticas públicas.

 

 

El Estado se fue plegando a las exigencias de la agenda ambiental internacional, dependiente del modelo del capitalismo globalizado, olvidando la formulación y desarrollo simultáneo de la agenda propia, como respuesta a la heterogeneidad cultural y biogeográfica del país y a los problemas y necesidades de sus habitantes.

 

No se trata de plantear una incompatibilidad excluyente entre los dos niveles espaciales de las políticas ambientales, que implique escoger entre el uno o el otro. Lo que se debe buscar es articularlos, buscando su complementación.  

 

Lo que ha ocurrido es que al adoptar el modelo de desarrollo de mercado globalizado que privilegia el crecimiento económico a costa del medio ambiente, el Gobierno se ha centrado en la política global, dando origen a un proceso, en el que ésta, con su visión simplificada y genérica de la problemática ambiental, concebida para sociedades y  entornos muy diferentes de los que conforman nuestra compleja y diversa realidad, se impone cada vez más, relegando la política ambiental regional sostenible, a posiciones retóricas y en clara contradicción con lo que sucede en el territorio. 

 

La presencia del Estado y el control del territorio en las zonas más ricas ambientalmente han sido insuficientes para evitar los crecientes y destructivos efectos del narcotráfico y de la minería ilegal en especial de oro y minerales raros de alto valor, sobre las comunidades, los bosques, el suelo y el agua.

 

La política regional, que debe basarse en el conocimiento de nuestras realidades, debe formularse para diversas escalas espaciales y ser flexible para adaptarse a su complejidad e incertidumbre características, respondiendo a visiones muy variadas en función de la heterogeneidad cultural y biogeográfica y de factores socio políticos como la desigualdad, la pobreza y la violencia, que no existen tan marcadamente en los países del Norte Global. 

 

La enorme diversidad biogeográfica y cultural de Colombia hace que su territorio sea extremadamente complejo. En él habitan variados grupos sociales, desde  los formados por ciudadanos del siglo XXI, con sus necesidades básicas resueltas, partidarios del modelo globalizante de mercado y del consumo, que coexisten con otros muy diversos como comunidades campesinas, grupos étnicos y habitantes urbanos caracterizados por la marginalidad, que requieren políticas y acciones basadas en el conocimiento, adecuadas a su situación.

 

Las tensiones entre las políticas ambientales, globales y regionales, originan un creciente número de conflictos entre los proyectos de desarrollo impulsados por el Gobierno nacional y los intereses y formas de vida de los habitantes de las regiones donde se materializan los proyectos y se reciben directamente sus impactos. 

 

 

Colombia es el segundo país en número de desplazados y de conflictos socioambientales en el mundo. Son bien conocidos los casos de los páramos de Santurbán y de Pisba, o el del proyecto de La Colosa en el Tolima, originados en la minería de oro de gran escala en la alta montaña, o la afortunadamente frustrada explotación petrolera en La Macarena, o los desarrollos viales propuestos en la Ciénaga de Santa Marta. Esta situación que se repite a lo largo y ancho del país, en especial en zonas de difícil acceso, frágiles y con alta biodiversidad como los páramos y la Amazonia, se origina en explotaciones tanto legales como ilegales de alto impacto como proyectos mineros y de hidrocarburos y en la contaminación por proyectos agroindustriales de gran escala como los pensados para la Altillanura orinocense. Son también muy conocidos los conflictos de grandes proyectos hidroeléctricos del Quimbo e Ituango. 

 

 

La acción antrópica se ha convertido en una poderosa fuerza transformadora del mundo natural que ha puesto en riesgo la calidad y capacidad del ambiente planetario como hábitat social, al enfrentarnos a nuevos e inesperados riesgos, que lamentablemente vivimos con creciente frecuencia.

 

Para cambiar este rumbo, es indispensable reemplazar los principios y políticas, que han probado ser insuficientes y buscar nuevas ideas que hagan posible retomar la búsqueda de la sostenibilidad. 

 

Esta preocupación, compartida en diversos países, ha hecho que se consolide el paradigma de los Sistemas Territoriales Sostenibles, cuyo propósito es construir ‘Territorios Sostenibles’ entendidos como una creación compleja que resulta de la interacción de las múltiples variables y procesos sociales y naturales; uno de los cuales es el desarrollo, que debe lograrse dentro de los límites y las capacidades de los ecosistemas que lo soportan, para  mantener en el tiempo, la calidad de vida y el progreso social.  

 

La comprensión y la investigación de los impulsores de los cambios en el territorio y las tendencias y los impactos resultantes de los diferentes procesos sociales y naturales, ayudan a entender cómo afectan estos cambios el funcionamiento de los socioecosistemas, comprender sus implicaciones y evaluar sus costos. 

 

El avance de los estudios de los sistemas territoriales ha permitido pasar de la observación de sus cambios y de las fuerzas que los originan, a aprovecharlos para la construcción de transformaciones sostenibles del territorio, basadas en visiones, intereses y conocimientos de los diversos grupos y nuevas formas de gobernanza del territorio articuladoras y cooperativas. 

 

El ordenamiento y el uso racional del territorio en busca de la sostenibilidad, se puede considerar el proyecto más grande y urgente que ha acometido la humanidad, para cuyo logro el aporte de la ciencia es indispensable, por lo cual los análisis territoriales son una plataforma muy útil para transformar el conocimiento en acción.

 

Desde luego ésta inquietud alude a preguntas y planteamientos hechos desde hace mucho tiempo, que han entendido que en el mundo natural todo está interrelacionado y aún más cuando se agrega su relación con el ser humano. La construcción de ‘Territorios Sostenibles’ requiere de la integración de las ciencias naturales, las sociales y humanas y de metodologías de la teoría general de sistemas, de la informática y de la planificación.   

 

La construcción de territorios sostenibles implica adoptar una posición que nos ubique como uno de los múltiples habitantes del planeta que conforman su red de vida basada en una relación sociedad – naturaleza, más respetuosa y ética, apoyada en valores humanistas, como el respeto, la tolerancia, el conocimiento y la generosidad, que miren más más allá del corto plazo, el lucro, el culto a lo perecedero y la ambición, que han sido los motores de la acelerada destrucción del medio ambiente.  La esencia de éste tránsito conceptual y ético es comprender que para que el desarrollo sea sostenible, el territorio en que se asienta también debe serlo. 

 

*Miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales