La tragedia que todos presentían

La empresa Carman International, señalada de ser responsable del derrame de más de 4.000 galones de hidrocarburos en Arroyo Grande y la bahía de Cartagena, protagonizó un desastre similar en 2012. Además, opera hace ocho años sin contar con la capacidad técnica para almacenar estas sustancias.

La fuente de agua más afectada por el derrame de hidrocarburos fue Arroyo Grande. / Luis Ángel
La fuente de agua más afectada por el derrame de hidrocarburos fue Arroyo Grande. / Luis Ángel

Ya la comunidad de las veredas El Chorro y La Legua, en el municipio de Turbana (Bolívar), presentía lo que iba a suceder. Con las lluvias de esta época nuevamente podrían rebosarse las piscinas artesanales en las que la empresa Carman Internacional, ilegalmente, almacena hidrocarburos. Y otra vez, como en octubre del año pasado, vendría el desastre ambiental: la sustancia llegaría hasta el arroyo y los cultivos y los animales sufrirían las peores consecuencias. Intentaron advertírselo a las autoridades. No recibieron respuesta. “Y fíjate… volvió a suceder”, dice Kelly Ortega Herrera, presidenta de la acción comunal.

El pasado 6 de septiembre llovió siete horas en esa zona. Después del aguacero, el arroyo La Legua empezó a teñirse de negro. Con las horas, la mancha se fue extendiendo hasta el Arroyo Grande e, incluso, alcanzó a tocar las aguas de la bahía de Cartagena. Un desastre anunciado, insiste Ortega, con su voz firme.

Toma unos papeles y explica que se trata del informe que la Procuraduría entregó el año pasado después de ese 17 de octubre que a nadie se le olvida, cuando pasó exactamente lo mismo: las piscinas se rebosaron y el líquido —hidrocarburo pesado, inflamable y tóxico, según el reporte de la Procuraduría— enfermó a los animales, afectó a los cultivos y, la peor parte, dice ella, es que parece que se hubiera filtrado hasta lo más profundo del suelo, porque lo volvió improductivo. “La cosecha de mangos de este año no es ni la mitad de la de otros tiempos”, dice.

En ese informe está la cronología de este desastre: en enero de 2006 la empresa Carman Internacional obtuvo el aval de Cardique (la autoridad ambiental de Cartagena) para manejar “residuos de origen animal provenientes de las procesadoras de pescado”. Ese mismo año la empresa pidió ampliar sus facultades para poder almacenar también residuos líquidos de esas embarcaciones. Se le negó, argumentando que no contaban con infraestructura para esa actividad. En 2008 volvieron a hacer el requerimiento y Cardique accedió.

Un año después (junio de 2009), la misma Cardique ordenó la suspensión de estas actividades, argumentando que la “disposición de residuos oleosos no es técnica ni ambientalmente adecuada” (es decir, desde hace cuatro años las autoridades tenían información de que existían irregularidades en Carman Internacional), pero meses después se levantó la medida preventiva. Luego vino una serie de quejas de Ecopetrol, Caribe Verde y otras empresas del sector que denunciaban el derrame de hidrocarburos. Estas quejas terminaron con una nueva orden de suspensión en noviembre de 2011, que sigue vigente hoy.

¿Si desde 2011 estaban suspendidas sus actividades, por qué pasa esto ahora? Lo que explica Claudia Camacho, secretaria general de Cardique, es que desde ese momento la empresa se ha valido de una serie de estrategias jurídicas para retrasar sus investigaciones. En octubre del año pasado, luego del gran derrame y cuando estaban “ad portas de una definición del proceso administrativo sancionatorio”, un juez penal del circuito especializado de Cartagena falló una tutela a favor de Gustavo Camacho, representante legal de la empresa, argumentando que se le había violado el debido proceso.

Lo que se pregunta Kelly Ortega es “cómo la autoridad ambiental le otorga una licencia a una empresa que desde el principio no cumple con las condiciones técnicas”. La líder de El Chorro y La Legua tiene 24 años y ha sido testigo del deterioro ambiental de su comunidad en los últimos siete años. Primero fue un olor intenso que provocaba ardor en los ojos y que se recrudecía con las lluvias y durante las noches (aunque la empresa lleva suspendida un año y diez meses, los vecinos aseguran que durante las noches han seguido su actividad).

Después vinieron pequeños derrames. Y en octubre del año pasado la gran tragedia que enfermó y mató animales. Y ahora la historia se repite. El gran temor, dice Kelly, es que las piscinas siguen rebosadas de ese líquido, a tan sólo un fuerte aguacero de seguir derramándose. Al parecer, como la empresa está suspendida no tendría la obligación de evacuarlo, operación que según cálculos de la Alcaldía municipal de Turbana costaría $300 millones, pero no los tienen.

Ecopetrol, que está liderando los trabajos de contención y remoción del material, calcula que se han extraído 4.000 galones de hidrocarburos. Aunque Gustavo Camacho, de la empresa Carman Internacional, asegura que el líquido no pudo ser derramado por su compañía porque está suspendida desde 2011, Olaff Puello, director de Cardique, dice que las evidencias son contundentes. La Fiscalía también adelanta una investigación por el mismo tema. Y mientras hay resultados, Kelly recuerda una conversación con la fiscal 53, encargada del caso, en la que le afirmaba que en el país sólo ha sido judicializado un caso por delitos ambientales. ¿Quién responderá esta vez?

cgutierrez@elespectador.com